L D (EFE) A pesar de pedir el sobreseimiento de la causa, el fiscal no pide en ningún momento que se levante la clausura del periódico, ya que además del delito de pertenencia a banda armada los procesados están acusados en otra causa desglosada del sumario principal de "posibles delitos societarios o contra el patrimonio" de las sociedades Egunkaria S.A., Egunkaria Sortzen y Egunkaria Sortzen Kultur Elkartea.
De acordar finalmente la Sala el sobreseimiento del sumario, el fiscal sugiere que esta pieza separada sea remitida a los tribunales de la comunidad vasca, ya que en ese momento los delitos mercantiles supuestamente cometidos por esas sociedades ya no serían competencia de la Audiencia Nacional al no estar relacionados con un delito de terrorismo.
De todos modos, el que el fiscal haya decidido no ejercer la acusación contra los siete procesados –cuya condición confirmó en febrero la sección segunda al estimar que "existen indicios (...) de una relación entre el periódico y sus órganos dirigentes con la banda terrorista"– no implica todavía que no se celebre juicio por estos hechos, ya que en la causa están personadas dos acusaciones. Se trata de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, cuyos portavoces han asegurado que pedirán a la Sala la apertura de juicio oral.
Según el fiscal, al inicio del procedimiento, que se abrió en 2001 "por breve querella del Ministerio Fiscal", no se pudo acreditar "ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda". Ello determinó –prosigue Carballo, quien el pasado año sustituyó en esta causa a su compañera Olga Sánchez, fiscal del 11-M– que el objeto del procedimiento se recondujera a averiguar "si Egunkaria S.A y el periódico Egunkaria son un instrumento del que dispondría la banda terrorista ETA para la consecución de sus fines".
"Sin embargo, ese nuevo hecho tampoco se ha constatado en la investigación o, cuando menos, el resultado de las diligencias practicadas arroja serias y razonables dudas de que ello sea así".
Destaca el fiscal que el procedimiento se inicia con un informe de la Guardia Civil sobre documentos fechados en los años noventa "paralelos a la gestación" del diario y que "en su mayoría" fueron "publicados en la prensa nacional" y que en la investigación no se ha encontrado "documento alguno de fecha posterior que sostenga las conclusiones incriminatorias del procesamiento.
"A lo sumo puede decirse que se ocupan documentos a miembros de ETA en los que se deduce interés del grupo armado en el periódico (...), pero una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (...) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa".
De acordar finalmente la Sala el sobreseimiento del sumario, el fiscal sugiere que esta pieza separada sea remitida a los tribunales de la comunidad vasca, ya que en ese momento los delitos mercantiles supuestamente cometidos por esas sociedades ya no serían competencia de la Audiencia Nacional al no estar relacionados con un delito de terrorismo.
De todos modos, el que el fiscal haya decidido no ejercer la acusación contra los siete procesados –cuya condición confirmó en febrero la sección segunda al estimar que "existen indicios (...) de una relación entre el periódico y sus órganos dirigentes con la banda terrorista"– no implica todavía que no se celebre juicio por estos hechos, ya que en la causa están personadas dos acusaciones. Se trata de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, cuyos portavoces han asegurado que pedirán a la Sala la apertura de juicio oral.
Según el fiscal, al inicio del procedimiento, que se abrió en 2001 "por breve querella del Ministerio Fiscal", no se pudo acreditar "ni que el periódico sea fuente de financiación de ETA, ni que sea instrumento de blanqueo de capitales ilícitos procedentes de la banda". Ello determinó –prosigue Carballo, quien el pasado año sustituyó en esta causa a su compañera Olga Sánchez, fiscal del 11-M– que el objeto del procedimiento se recondujera a averiguar "si Egunkaria S.A y el periódico Egunkaria son un instrumento del que dispondría la banda terrorista ETA para la consecución de sus fines".
"Sin embargo, ese nuevo hecho tampoco se ha constatado en la investigación o, cuando menos, el resultado de las diligencias practicadas arroja serias y razonables dudas de que ello sea así".
Destaca el fiscal que el procedimiento se inicia con un informe de la Guardia Civil sobre documentos fechados en los años noventa "paralelos a la gestación" del diario y que "en su mayoría" fueron "publicados en la prensa nacional" y que en la investigación no se ha encontrado "documento alguno de fecha posterior que sostenga las conclusiones incriminatorias del procesamiento.
"A lo sumo puede decirse que se ocupan documentos a miembros de ETA en los que se deduce interés del grupo armado en el periódico (...), pero una cosa es que, en los albores del periódico, la banda esté interesada e informada (...) y algo muy diferente es que ello implique que se le pueda atribuir su creación, su impulso o su control, y menos aún a los gestores del periódico procesados en la presente causa".