LD (EFE) En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecutivo, el gobierno catalán ha dado luz verde a un proyecto de ley de derecho a la vivienda y confía que sea aprobado por el Parlamento catalán antes del próximo mes de junio. El Consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar ha informado de la repesca de una normativa que inicialmente se conoció como "ley Milá" y que definió como el intento de tratar íntegramente la problemática del acceso a la vivienda, el fomento del alquiler y que crea también un Registro de Solicitantes de vivienda que sea "transparente" para acceder a la vivienda de protección oficial.
Esta iniciativa esconde una propuesta similar a la que persentó Alberto Ruiz Gallardón para Madrid en 2004 y que contemplaba la expropiación de viviendas desocupadas para ponerlas en Alquiler. En el caso catalán, el consejero ha señalado que para que una vivienda se considere desocupada han de pasar dos años sin inquilinos y ha explicado que en el supuesto de que sus propietarios no quieran alquilarla, durante "años y años, a pesar de haber recibido ofertas", la Generalidad ofrecerá a los dueños del inmueble ayuda para su rehabilitación y se ofrecerá también como avalista para poner la vivienda en el mercado.
Si el propietario no accede a ninguna de estas cuestiones y la Generalidad interpretará que el objetivo del dueño es que, con el tiempo, el edificio sea declarado en ruina y "echarlo abajo" para "especular". Con esta teoría el consejero Baltasar ha justificado que la administración se reservará "medidas de expropiación temporal" que permitan poner la vivienda en el mercado de alquiler en correctas condiciones de habitabilidad.
Con la nueva normativa, la Generalidad pretende aplicar una serie de medidas que justificadas en la garantía de la calidad de la vivienda, en especial el "deber" de conservación y rehabilitación para evitar la degradación física de los edificios, los guetos y el "acoso inmobiliario", el denominado 'mobbing'. Para ello, la ley define tanto la subocupación como la sobreocupación de las viviendas y, así, la Generalidad fomentará que las viviendas desocupadas permanentemente se incorporen al mercado inmobiliario mediante diferentes fórmulas, como el alquiler social.
Respecto a la sobreocupación, la administración catalana impulsará políticas de control y de inspección para evitarla. Además, la ley pone las bases para evitar que los inmuebles que no disponen de la cédula de habitabilidad y que no pueden obtenerla sean vendidos o alquilados como viviendas.
Baltasar también ha confirmado la creación de un registro obligatorio de los agentes de la transacción inmobiliaria, en el que intervendrán tanto la administración como los agentes y que tiene por objetivo garantizar que los profesionales que trabajen en este sector tengan conocimientos, respeten las normas deontológicas y se sometan, si hace falta, al arbitraje del propio registro.
Esta iniciativa esconde una propuesta similar a la que persentó Alberto Ruiz Gallardón para Madrid en 2004 y que contemplaba la expropiación de viviendas desocupadas para ponerlas en Alquiler. En el caso catalán, el consejero ha señalado que para que una vivienda se considere desocupada han de pasar dos años sin inquilinos y ha explicado que en el supuesto de que sus propietarios no quieran alquilarla, durante "años y años, a pesar de haber recibido ofertas", la Generalidad ofrecerá a los dueños del inmueble ayuda para su rehabilitación y se ofrecerá también como avalista para poner la vivienda en el mercado.
Si el propietario no accede a ninguna de estas cuestiones y la Generalidad interpretará que el objetivo del dueño es que, con el tiempo, el edificio sea declarado en ruina y "echarlo abajo" para "especular". Con esta teoría el consejero Baltasar ha justificado que la administración se reservará "medidas de expropiación temporal" que permitan poner la vivienda en el mercado de alquiler en correctas condiciones de habitabilidad.
Con la nueva normativa, la Generalidad pretende aplicar una serie de medidas que justificadas en la garantía de la calidad de la vivienda, en especial el "deber" de conservación y rehabilitación para evitar la degradación física de los edificios, los guetos y el "acoso inmobiliario", el denominado 'mobbing'. Para ello, la ley define tanto la subocupación como la sobreocupación de las viviendas y, así, la Generalidad fomentará que las viviendas desocupadas permanentemente se incorporen al mercado inmobiliario mediante diferentes fórmulas, como el alquiler social.
Respecto a la sobreocupación, la administración catalana impulsará políticas de control y de inspección para evitarla. Además, la ley pone las bases para evitar que los inmuebles que no disponen de la cédula de habitabilidad y que no pueden obtenerla sean vendidos o alquilados como viviendas.
Baltasar también ha confirmado la creación de un registro obligatorio de los agentes de la transacción inmobiliaria, en el que intervendrán tanto la administración como los agentes y que tiene por objetivo garantizar que los profesionales que trabajen en este sector tengan conocimientos, respeten las normas deontológicas y se sometan, si hace falta, al arbitraje del propio registro.