LD (EFE) Hasta el pasado 31 de enero, fecha en que finalizó el plazo para solicitar el dinero y bienes incautados, UGT presentó 3.232 expedientes de devolución, de los que una comisión específica de Patrimonio Sindical ha dado el visto bueno a 856, mientras que rechazó el resto por falta de información que acreditase la propiedad.
Por su parte, CNT entregó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 4.525 solicitudes, de las que se han estimando 171 y quedan pendientes de resolución el resto, ya que no se han entregado de una vez, sino paulatinamente, según las fuentes consultadas.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó los expedientes aprobados por dicha comisión para la devolución del patrimonio a los sindicatos, entre los que no figuran de momento ELA-STV y las organizaciones agrarias, cuyas solicitudes aún se están estudiando.
En total, Trabajo ha recibido 9.127 peticiones de devolución del patrimonio sindical, de las que 1.370 corresponden a los sindicatos vascos y a los agrarios.
Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron de que la comisión notificará a los beneficiarios en el plazo de diez días la aprobación de dichos expedientes, contra los que cabe el recurso correspondiente.
Al respecto, CCOO anunció hoy que emprenderá actuaciones legales contra la decisión del Gobierno de aprobar la devolución del patrimonio sindical a UGT y CNT por lo que les fue incautado durante la dictadura, un acuerdo que consideran "ilícito" y que sirve al Ejecutivo para irrumpir en las actuales elecciones sindicales.
En un comunicado, la organización sindical liderada por José María Fidalgo también criticó que el Gobierno haya adoptado dicha decisión "con total opacidad" y sin convocar previamente a la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical, como había prometido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados.
A preguntas de EFE, UGT eludió cuantificar el dinero y los inmuebles que se les entregarán, debido a que todavía no han recibido la notificación oficial del Gobierno.
La intención de UGT es destinar ese dinero al pago de la deuda que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 150 millones de euros y que solicitó para hacer frente a la quiebra de su cooperativa de viviendas PSV.
Ese crédito vencía inicialmente en noviembre de 2005, justo después de que el Gobierno aprobara el 28 de octubre un decreto ley que regula las devoluciones de patrimonio sindical incautado durante la dictadura de Francisco Franco.
Hasta el momento, el sindicato UGT no ha podido cancelar este crédito, que se suscribió en 1993 por un montante de 76,3 millones de euros a favor de la gestora IGS para hacer frente al expediente de suspensión de pagos abierto contra ella y para resarcir a los cooperativistas de los perjuicios de la paralización de las viviendas de la PSV.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado.
Por su parte, CNT entregó al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 4.525 solicitudes, de las que se han estimando 171 y quedan pendientes de resolución el resto, ya que no se han entregado de una vez, sino paulatinamente, según las fuentes consultadas.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó los expedientes aprobados por dicha comisión para la devolución del patrimonio a los sindicatos, entre los que no figuran de momento ELA-STV y las organizaciones agrarias, cuyas solicitudes aún se están estudiando.
En total, Trabajo ha recibido 9.127 peticiones de devolución del patrimonio sindical, de las que 1.370 corresponden a los sindicatos vascos y a los agrarios.
Fuentes del Ministerio de Trabajo informaron de que la comisión notificará a los beneficiarios en el plazo de diez días la aprobación de dichos expedientes, contra los que cabe el recurso correspondiente.
Al respecto, CCOO anunció hoy que emprenderá actuaciones legales contra la decisión del Gobierno de aprobar la devolución del patrimonio sindical a UGT y CNT por lo que les fue incautado durante la dictadura, un acuerdo que consideran "ilícito" y que sirve al Ejecutivo para irrumpir en las actuales elecciones sindicales.
En un comunicado, la organización sindical liderada por José María Fidalgo también criticó que el Gobierno haya adoptado dicha decisión "con total opacidad" y sin convocar previamente a la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical, como había prometido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, en el Congreso de los Diputados.
A preguntas de EFE, UGT eludió cuantificar el dinero y los inmuebles que se les entregarán, debido a que todavía no han recibido la notificación oficial del Gobierno.
La intención de UGT es destinar ese dinero al pago de la deuda que mantiene con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 150 millones de euros y que solicitó para hacer frente a la quiebra de su cooperativa de viviendas PSV.
Ese crédito vencía inicialmente en noviembre de 2005, justo después de que el Gobierno aprobara el 28 de octubre un decreto ley que regula las devoluciones de patrimonio sindical incautado durante la dictadura de Francisco Franco.
Hasta el momento, el sindicato UGT no ha podido cancelar este crédito, que se suscribió en 1993 por un montante de 76,3 millones de euros a favor de la gestora IGS para hacer frente al expediente de suspensión de pagos abierto contra ella y para resarcir a los cooperativistas de los perjuicios de la paralización de las viviendas de la PSV.
El sindicato siempre ha condicionado el pago del crédito más los intereses al ICO al hecho de que el Estado le debe pagar a su vez el patrimonio histórico que le fue incautado.