(Libertad Digital) Según recoge El Mundo, el escrito que Cándido Conde Pumpido ha remitido a la Sala 61 del Supremo se opone a las conclusiones de Hacienda, que llevaron al registro de las herriko tabernas. Según los liquidadores, estos locales "pertenecen" a Batasuna-ETA y "son instrumentos para su financiación" con el objetivo de "ocultar" el verdadero patrimonio de la formación de Otegi ilegalizada por una sentencia del mismo tribunal.
El pasado mes de octubre, el Supremo ordenó entrar en los locales para hacer inventario de los bienes. Una decisión que provocó encendidas protestas en el entorno de ETA en forma de amenazas de ruptura de la negociación y de presión en las calles. Al mismo tiempo, el tribunal preguntó a la Fiscalía sobre dicho registro. La respuesta de Cándido Conde Pumpido llegó este martes. El escrito recoge dos observaciones respecto a la forma y el "momento" en que el Supremo comenzó a registrar los locales.
El fiscal pide que se lleven a cabo "con absoluto respeto" a los derechos básicos para evitar "la indefensión de quienes, en principio, aparecen como titulares". Sobre la "oportunidad" de los registro, argumenta que la Audiencia está investigando desde 2002 el entramado financiero de Batasuna-ETA y considera "razonable" suspender cualquier medida.
Habla después de que el registro es "prematuro" y llega a decir que "en el momento en que nos encontramos, no se ha probado, como requeriría la importancia de la medida, la existencia de una relación de carácter patrimonial entre ellas y los partidos ilegalizados".
Se da la circunstancia de que el propio Conde Pumpido sostuvo una tesis radicalmente opuesta a esta el pasado enero de 2005. En esa fecha, el fiscal pidió al juez Garzón que actuara contra directivos de este tipo de locales por considerar que las "controla" la formación de Otegi.
Un "paso más en la rendición"
El escrito del Fiscal General sobre la "falta de pruebas" de la relación entre las "herriko tabernas" y Batasuna-ETA es, a juicio de la AVT, un "paso más en la estrategia" del Gobierno de "rendición ante el terror". El colectivo de víctimas ha considerado el hecho de "extrema gravedad". En un comunicado, la AVT recuerda el cambio de criterio del fiscal. Ahora, explican, es " el número dos del Ministerio Público, Juan José Martín, quien firma el escrito" por lo que creen que "no cabe duda de que ésta es una servidumbre más al Gobierno de su más insigne colaborador en la claudicación judicial, Cándido Conde Pumpido".
La asociación recuerda, en la fecha en que se "cumplen ocho meses de la declaración de la tregua-trampa", que "la claudicación impulsada en connivencia con el terror por el Gobierno se ha hecho explícita". También afirman que en este periodo de tiempo el Ejecutivo "ha atacado por todos los frentes posibles e imaginables a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, con su aparato propagandístico y legislativo, ahogándola económicamente, manipulando el Poder Judicial, etc".
Frente a esta situación, la AVT está, según afirman, "dispuesta a presentar batalla, a mantenerse firme para defender, como siempre, la memoria, la dignidad y la justicia". Además, declaran que quieren "preservar e impulsar la ciudadanía de las víctimas y de todos los españoles, que los terroristas han querido arrebatarnos con las pistolas". "La AVT no se rinde ante el terror. Zapatero y sus compinches, sí", concluye el comunicado, que afirma que "la Rebelión Cívica es imparable y se demostrará el próximo sábado en la manifestación convocada en Madrid".