LD (EFE) El PP, que ya anunció su enmienda el pasado julio, considera que el texto "no propone ninguna medida que pretenda dar solución al principal problema que actualmente aqueja el sector, el precio del suelo y su incidencia en el precio de la vivienda", mientras que CiU y BNG hacen hincapié especialmente en la vulneración de las competencias autonómicas.
El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Pablo Matos , ha afirmado en rueda de prensa que "lo único que persigue esta ley es abaratar las expropiaciones por parte de las Administraciones Públicas".
Según el principal partido de la oposición, el texto remitido por el Gobierno a las Cortes Generales contiene, además, "más de una decena de artículos que invaden claramente las competencias de las Comunidades Autónomas". El PP está dispuesto, incluso, a interponer un recurso de inconstitucionalidad si la Ley del Suelo fuera aprobada con el contenido actual.
Además, el PP opina que la Ley del Suelo carece de medidas para agilizar los procesos de transformación del suelo en solares aptos para edificar, sobre todo en los destinados a Vivienda de Protección Oficial (VPO), así como de nuevos instrumentos para evitar la retención especulativa del suelo.
Según Matos, tampoco se incluyen medidas para facilitar la constitución y el desarrollo de los patrimonios públicos de suelo necesarios para ejecutar planes de vivienda y VPO.
El portavoz popular, quien también rechaza el nuevo régimen de valoraciones y la reserva de suelo para VPO, opinó que "es absolutamente falso el mensaje que está dando el Ministerio de Vivienda de que esta ley va a abaratar el precio de la vivienda y evitar la especulación".
Por su parte, CiU y BNG insistieron en sus respectivas enmiendas en la vulneración de las competencias autonómicas que a su juicio comete el proyecto legislativo.
CiU ha subrayado que el texto no respeta las competencias de las autonomías sobre urbanismo, ordenación del territorio ni vivienda, en general, ni las competencias exclusivas que el nuevo Estatuto de Cataluña otorga a la Generalitat, en particular. Además ha recordado que el artículo 149.5 del nuevo Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva sobre urbanismo, incluida la regulación del régimen urbanístico del suelo.
En un comunicado, el Portavoz de Fomento y Vivienda de CiU en el Congreso, Jordi Jané , ha considerado "un mal presagio que a través de leyes parciales, una vez aprobado el Estatut, se intente vaciar de contenido las competencias exclusivas de la Generalitat".
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también ha insistido en su enmienda en que el Proyecto de la Ley del Suelo "vulnera las competencias autonómicas en materia de urbanismo".
En opinión de este otro partido, el texto olvida "las peculiaridades" que la ordenación territorial y el régimen de propiedad del suelo tienen en Galicia, e introduce criterios de clasificación y valoración urbanística que "no contribuyen a frenar la especulación del suelo".
El BNG considera que el Proyecto de Ley obvia que el problema urbanístico requiere "soluciones que deben atender a las especiales características que poseen las diferentes CCAA en relación a su ordenación territorial".
El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso de los Diputados, Pablo Matos , ha afirmado en rueda de prensa que "lo único que persigue esta ley es abaratar las expropiaciones por parte de las Administraciones Públicas".
Según el principal partido de la oposición, el texto remitido por el Gobierno a las Cortes Generales contiene, además, "más de una decena de artículos que invaden claramente las competencias de las Comunidades Autónomas". El PP está dispuesto, incluso, a interponer un recurso de inconstitucionalidad si la Ley del Suelo fuera aprobada con el contenido actual.
Además, el PP opina que la Ley del Suelo carece de medidas para agilizar los procesos de transformación del suelo en solares aptos para edificar, sobre todo en los destinados a Vivienda de Protección Oficial (VPO), así como de nuevos instrumentos para evitar la retención especulativa del suelo.
Según Matos, tampoco se incluyen medidas para facilitar la constitución y el desarrollo de los patrimonios públicos de suelo necesarios para ejecutar planes de vivienda y VPO.
El portavoz popular, quien también rechaza el nuevo régimen de valoraciones y la reserva de suelo para VPO, opinó que "es absolutamente falso el mensaje que está dando el Ministerio de Vivienda de que esta ley va a abaratar el precio de la vivienda y evitar la especulación".
Por su parte, CiU y BNG insistieron en sus respectivas enmiendas en la vulneración de las competencias autonómicas que a su juicio comete el proyecto legislativo.
CiU ha subrayado que el texto no respeta las competencias de las autonomías sobre urbanismo, ordenación del territorio ni vivienda, en general, ni las competencias exclusivas que el nuevo Estatuto de Cataluña otorga a la Generalitat, en particular. Además ha recordado que el artículo 149.5 del nuevo Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva sobre urbanismo, incluida la regulación del régimen urbanístico del suelo.
En un comunicado, el Portavoz de Fomento y Vivienda de CiU en el Congreso, Jordi Jané , ha considerado "un mal presagio que a través de leyes parciales, una vez aprobado el Estatut, se intente vaciar de contenido las competencias exclusivas de la Generalitat".
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) también ha insistido en su enmienda en que el Proyecto de la Ley del Suelo "vulnera las competencias autonómicas en materia de urbanismo".
En opinión de este otro partido, el texto olvida "las peculiaridades" que la ordenación territorial y el régimen de propiedad del suelo tienen en Galicia, e introduce criterios de clasificación y valoración urbanística que "no contribuyen a frenar la especulación del suelo".
El BNG considera que el Proyecto de Ley obvia que el problema urbanístico requiere "soluciones que deben atender a las especiales características que poseen las diferentes CCAA en relación a su ordenación territorial".