(Libertad Digital) Arranca la información de El País con un toque de atención a los jueces: "La sucesión de resoluciones judiciales sobre miembros de ETA y sobre la ilegalización de Batasuna en los últimos días ha provocado una grave preocupación en el Gobierno central y la irritación de los partidos que forman el Ejecutivo vasco". El periódico compara esta "alarma" que provocan los jueces con la que ha motivado en el Ejecutivo el robo de 350 armas por parte de ETA en Francia y el terrorismo callejero. Tras exponer estos tres motivos, concluye que "amenaza la viabilidad del proceso abierto para el fin del terrorismo".
Acto seguido, el periódico de Prisa repasa las "alarmantes" decisiones judiciales de las últimas semanas. Hay mención a la condena a 12 años y medio de cárcel del etarra De Juana Chaos. Pero también incluye las causas abiertas contra el presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, y el líder del PSE, Patxi López, por reunirse con Batasuna-ETA y la revocación de la absolución del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa. También, el registro ordenado en las herriko tabernas del País Vasco y Navarra
Las "otras" presiones a los jueces
Pero no hay en toda la noticia una sola referencia concreta a esa preocupación del Gobierno. Ni declaraciones del Ejecutivo ni del PSOE para apoyar su afirmación inicial. Sí que aparece, en páginas de opinión, un editorial sobre la condena al sanguinario De Juana Chaos.
"Decir que un tribunal de justicia que actúa en el marco del Estado de derecho es independiente es una redundancia. Pero ello no impide que esa independencia se enfrente a serias dificultades en casos de fuerte repercusión social, susceptibles de generar presiones, espontáneas o inducidas, y que algunos grupos aprovechan para instrumentalizar a la justicia y decirles a los jueces el veredicto que deben pronunciar", sostiene el mismo diario que hace saber a los jueces la alarma del Gobierno.
El "disparate jurídico" de la Fiscalía
De la sentencia a 12 años y medio de cárcel, opina que "no puede decirse que sea injusta, pues responde a unos hechos que, si han sido debidamente probados en el juicio, son susceptibles de ser condenados como lo han sido, de acuerdo con el Código Penal. Y tampoco puede afirmarse que sea escasa, más bien al contrario, ya que excede con mucho a la más severa que la Audiencia Nacional ha impuesto hasta ahora por amenazas terroristas".