L D (EFE) Mélida comparecerá a las 17.30 horas en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid después de que, el pasado viernes, lo hiciera en la misma condición el jefe de sección de la Unidad de Análisis de esta Comisaría General, Francisco Ramírez, que fue quien recibió de los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique el informe en el que relacionaban el 11-M y ETA y el que eliminó esta referencia y lo firmó con su nombre.
En la declaración que prestó como testigo el pasado 29 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Mélida dijo que fue suya la decisión de suprimir el capítulo de observaciones del informe que los tres peritos elaboraron sobre una sustancia encontrada en 2004 en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, que resultó ser ácido bórico.
Esas observaciones, que según fuentes de la investigación Mélida calificó de "auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente", establecían la posibilidad de una relación entre El Haski y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio del islamista y en el piso franco de un comando etarra en Salamanca en 2001. El secretario general de la Policía Científica contó a Garzón que cuando Ramírez le presentó el informe, él le indicó que sus autores debían cambiarlo y que, ese mismo día, el jefe de sección le dijo que los peritos no estaban dispuestos a corregirlo y que lo que iba a hacer era reasignárselo a sí mismo, estudiarlo y realizar otro informe.
Mélida aseguró también ante Garzón que comunicó su decisión al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y que éste le dijo que no había ningún problema. Según este mando policial, la orden de suprimir las observaciones de un informe pericial entra dentro de sus competencias y responde al "control de calidad" establecido en la Comisaría General, que sólo impide corregir los informes a nivel técnico o científico. Mélida llegó a asegurar que haber enviado el informe al juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, tal y como lo habían elaborado los peritos, hubiera supuesto un "desprestigio" para la Policía Científica. Así que le enviaron uno sesgado.
La juez Gallego, a la que por ser candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el juez Garzón intentó que no se hiciera cargo del caso, comenzó a investigar el caso a raíz de dos denuncias interpuestas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad contra los superiores de los tres peritos. Estos fueron imputados por Garzón por un delito de falsedad, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, antes de inhibirse en favor del Juzgado Decano de los de Madrid, que decidió remitir las diligencias practicadas por el magistrado de la Audiencia Nacional a la juez Gallego. En otro auto, Garzón exoneró a los mandos de toda responsabilidad.
En la declaración que prestó como testigo el pasado 29 de septiembre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, Mélida dijo que fue suya la decisión de suprimir el capítulo de observaciones del informe que los tres peritos elaboraron sobre una sustancia encontrada en 2004 en la vivienda de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, que resultó ser ácido bórico.
Esas observaciones, que según fuentes de la investigación Mélida calificó de "auténtica barbaridad, tanto científica como policialmente", establecían la posibilidad de una relación entre El Haski y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en el domicilio del islamista y en el piso franco de un comando etarra en Salamanca en 2001. El secretario general de la Policía Científica contó a Garzón que cuando Ramírez le presentó el informe, él le indicó que sus autores debían cambiarlo y que, ese mismo día, el jefe de sección le dijo que los peritos no estaban dispuestos a corregirlo y que lo que iba a hacer era reasignárselo a sí mismo, estudiarlo y realizar otro informe.
Mélida aseguró también ante Garzón que comunicó su decisión al comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano, y que éste le dijo que no había ningún problema. Según este mando policial, la orden de suprimir las observaciones de un informe pericial entra dentro de sus competencias y responde al "control de calidad" establecido en la Comisaría General, que sólo impide corregir los informes a nivel técnico o científico. Mélida llegó a asegurar que haber enviado el informe al juez Juan del Olmo, instructor del 11-M, tal y como lo habían elaborado los peritos, hubiera supuesto un "desprestigio" para la Policía Científica. Así que le enviaron uno sesgado.
La juez Gallego, a la que por ser candidata de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el juez Garzón intentó que no se hiciera cargo del caso, comenzó a investigar el caso a raíz de dos denuncias interpuestas por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad contra los superiores de los tres peritos. Estos fueron imputados por Garzón por un delito de falsedad, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, antes de inhibirse en favor del Juzgado Decano de los de Madrid, que decidió remitir las diligencias practicadas por el magistrado de la Audiencia Nacional a la juez Gallego. En otro auto, Garzón exoneró a los mandos de toda responsabilidad.