(Libertad Digital) La juez de Instrucción Gema Gallego ha dado un vuelco a la investigación en el caso de los peritos que realizaron un informe en el que relacionaban a ETA con los atentados del 11-M a través de una sustancia, ácido bórico, hallado en el domicilio del procesado Hassan El Haski y que también se encontró en el registro del domicilio de un etarra. El jefe de los peritos, Francisco Ramírez, eliminó esta referencia del informe de los expertos al considerar que era irrelevante.
La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad interpusieron una denuncia contra los mandos que manipularon el informe original en la Audiencia Nacional, que se declaró incompetente ya que al tratarse de una falsedad documental correspondía la investigación a los Juzgados de Instrucción de Madrid, situados en Plaza Castilla.
A pesar de la decisión de la Audiencia, el juez Baltasar Garzón decidió citar a declarar como testigos a los peritos, a los que después imputó un delito de falsedad en documento público exculpando a los jefes al considerar que la eliminación de la referencia a ETA era "oportuna". Finalmente, Garzón decidió inhibirse de investigar el caso y lo remitió a los Juzgados de Plaza Castilla. No obstante, el juez dictó tres autos. En uno de ellos, que remitió a la juez Gallego, exculpaba a los mandos. En otro, que no quiso enviar a Gema Gallego y lo remitió al decano de los Juzgados para su reparto, imputaba a los peritos.
En un tercer auto que dictó cuando el caso se encontraba ya en Plaza de Castilla, acusaba a los peritos de "prefabricar" el informe "para que produjeran un efecto espúreo a la propia pericia, en concreto la supuesta vinculación entre ETA y los presuntos autores de los atentados terroristas del 11 de marzo". En este mismo auto volvía a exculpar a los jefes de los que dijo que "eliminaron oportunamente" la referencia a ETA del informe original. Los superiores exonerados por Garzón fueron, además de Ramírez, el ex comisario de Información Telesforo Rubio; el Comisario General de Policía Científica, Miguel Ángel Santano; y el Jefe de Análisis de este departamento, José Andradas.
Ahora, la juez Gallego, que investiga la denuncia puesta por Ayuda a las Víctimas del 11-M y España y Libertad en el Juzgado de Instrucción tras conocer que la Audiencia Nacional no tenía competencias para investigarlo ha decidido devolver a los peritos su condición de testigos e imputar por falsedad documental a Francisco Ramírez, dado un vuelco de 180 grados al caso.