L D (Agencias) Durante su intervención ante la comisión de Justicia de la Cámara Alta, Conde Pumpido dijo que en la medida en que la ley aprobada por el Parlamento, "interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el ministerio fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin". Agregó que tampoco consentirá "trampas, inventos ni atajos al servicio de una Justicia de trinchera que en lugar de buscar la paz social alimente la venganza o el enfrentamiento, en pro del interés de quienquiera que sea".
El fiscal general, que compareció a petición del PP para explicar unas declaraciones efectuadas el pasado 9 de junio en Vitoria durante un congreso de la asociación Jueces para la Democracia, insistió en que "los jueces y fiscales de este país hemos vivido y vivimos la realidad social de cada momento; hemos actuado sobre ella y hemos contribuido a cambiarla". "Hemos aguantado en pie y con la toga puesta cuarenta años de despiadado terrorismo etarra; y sin más munición que la Constitución y la Ley emanadas de este Parlamento, ni más arma que nuestros dictámenes y nuestras sentencias, hemos puesto esa maquinaria asesina al borde de su extinción", dijo.
Conde Pumpido manifestó que la única garantía de las víctimas del terrorismo -tanto del etarra como del islamista- "era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho, a todos los justiciables por igual", y añadió que esa es la razón por la que ha procurado "que la Ley se aplique con rigor". Aclaró, sin embargo, que "el vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino" y que si bien la aproximación del ministerio público a la realidad social debe ser imparcial, no puede ser ajena a ella, "sino profundamente comprometida en su transformación". El fiscal general también defendió la actuación de su departamento desde la declaración de alto el fuego por parte de ETA el pasado 22 de marzo, y señaló que en este periodo el ministerio público ha acusado en juicios a 56 personas relacionadas con la banda terrorista y logrado la condena de 49.
El PP pide su dimisión
El senador del PP Agustín Conde acusó al fiscal general de ser "el abogado defensor del presidente del Gobierno" y le reprochó la eventual rebaja de la petición de pena al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y haber alcanzado un acuerdo de conformidad con siete acusados de violencia callejera. Conde atribuyó a la "deficiente instrucción" del juez Baltasar Garzón la libertad de los dos acusados de la muerte de Giménez Abad. El senador del PP terminó su intervención diciéndole al fiscal general que no le gusta ni su actitud ni el desempeño de su cargo e invitándole "vivamente" a dimitir.
En su turno de respuesta, Conde Pumpido se refirió ampliamente a la situación de De Juana Chaos y aseguró que la petición definitiva de pena, que actualmente es de 96 años de prisión, se decidirá una vez celebrado el juicio, previsto para el próximo día 27. El fiscal general dijo que se tendrá en cuenta "el perfil sanguinario y extremadamente peligroso" del preso etarra, pero añadió que la acusación se hará "sin atender otros fines" que los de la Justicia porque -insistió- ésta no está ni para favorecer procesos políticos ni para obstaculizarlos.
Además, hizo una llamada a la aplicación del sentido común y subrayó el sinsentido que supondría castigar con la misma pena la amenaza de muerte -delito que se imputa a De Juana- y el asesinato, "porque eso nos llevaría a plantearnos por qué no matar directamente". El fiscal general también defendió la imparcialidad de Garzón, y dijo que una prueba de la misma es que sus investigaciones incomodan tanto a un sector político como al otro. Tras estas explicaciones, Agustín Conde dijo que habría aceptado que una vez celebrado el juicio el fiscal rebajara su petición de pena, pero que la coincidencia temporal entre el anuncio de que la Fiscalía estudia esta cuestión y el abandono por parte del etarra de la huelga de hambre que mantenía "da la sensación de un puro pacto político".