LD (EFE) La Comisión Europea ha declarado que las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de E.On violan la legislación comunitaria y exigió al Gobierno español que las modifique.
Además, el Ejecutivo de la UE dio un paso más en el procedimiento de infracción contra España por la ampliación de las competencias del regulador energético, aprobada tras anunciarse la OPA de la eléctrica alemana sobre Endesa, y le dio dos meses para justificarla o ajustarla a la normativa europea.
Según la Comisión, las medidas de la CNE infringen el artículo 21 del Reglamento de concentraciones comunitario, pues no respetan los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento. Además, la decisión de la CNE, que obligaría a E.On a desprenderse de importantes activos de Endesa, se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a Bruselas y sin su visto bueno.
La resolución adoptada este martes por la Comisión es vinculante y puede ser invocada ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España. Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas envió a España un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento de infracción, y le dio dos meses para justificar esa modificación legal. Advirtió de que si no presenta una respuesta satisfactoria desde la recepción de esta petición, Bruselas puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En agosto pasado, Bruselas ya indicó que, según una evaluación preliminar, los requisitos establecidos por la CNE eran incompatibles con la legislación comunitaria y pidió a España explicaciones. En su respuesta, el Gobierno español mostró su disposición a modificar las condiciones, lo que hará, previsiblemente, el Ministerio de Industria, cuando resuelva los cinco recursos de alzada presentados contra las medidas. En este sentido, el nuevo titular de Industria, Joan Clos, aseguró el lunes que, a la hora de resolver los citados recursos, su Departamento respetará la legislación comunitaria y tendrá en cuenta los comentarios de la Comisión Europea.
Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas ha anunciado el envío a España de un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento comunitario de infracción, y le dio dos meses de plazo al Ejecutivo para modificarlas. Según el Ejecutivo de la UE, la ampliación de funciones del regulador energético español, aprobada de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, supone una restricción a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento dentro de la Unión. La Comisión advirtió de que si Madrid no presenta una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses desde la recepción de esta petición, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión recordó que, en virtud de sus nuevas competencias, la CNE tiene capacidad para autorizar o denegar la compra de una participación significativa en empresas españolas que realicen actividades reguladas o sujetas a intervención administrativa. Tras analizar la respuesta de España a su primera petición de información, enviada en mayo pasado, Bruselas sigue creyendo que el procedimiento de autorización excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros. Además, recuerda que la legislación europea ya incorporada al ordenamiento jurídico nacional ya atiende las preocupaciones de las autoridades españolas a este respecto.
Además, el Ejecutivo de la UE dio un paso más en el procedimiento de infracción contra España por la ampliación de las competencias del regulador energético, aprobada tras anunciarse la OPA de la eléctrica alemana sobre Endesa, y le dio dos meses para justificarla o ajustarla a la normativa europea.
Según la Comisión, las medidas de la CNE infringen el artículo 21 del Reglamento de concentraciones comunitario, pues no respetan los principios de libre circulación de capitales y derecho de establecimiento. Además, la decisión de la CNE, que obligaría a E.On a desprenderse de importantes activos de Endesa, se adoptó y entró en vigor sin comunicación previa a Bruselas y sin su visto bueno.
La resolución adoptada este martes por la Comisión es vinculante y puede ser invocada ante un tribunal nacional o una autoridad pública en España. Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas envió a España un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento de infracción, y le dio dos meses para justificar esa modificación legal. Advirtió de que si no presenta una respuesta satisfactoria desde la recepción de esta petición, Bruselas puede llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En agosto pasado, Bruselas ya indicó que, según una evaluación preliminar, los requisitos establecidos por la CNE eran incompatibles con la legislación comunitaria y pidió a España explicaciones. En su respuesta, el Gobierno español mostró su disposición a modificar las condiciones, lo que hará, previsiblemente, el Ministerio de Industria, cuando resuelva los cinco recursos de alzada presentados contra las medidas. En este sentido, el nuevo titular de Industria, Joan Clos, aseguró el lunes que, a la hora de resolver los citados recursos, su Departamento respetará la legislación comunitaria y tendrá en cuenta los comentarios de la Comisión Europea.
Respecto a las nuevas competencias de la CNE, Bruselas ha anunciado el envío a España de un "dictamen motivado", el segundo paso del procedimiento comunitario de infracción, y le dio dos meses de plazo al Ejecutivo para modificarlas. Según el Ejecutivo de la UE, la ampliación de funciones del regulador energético español, aprobada de urgencia pocos días después de conocerse las intenciones de E.ON de hacerse con Endesa, supone una restricción a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento dentro de la Unión. La Comisión advirtió de que si Madrid no presenta una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses desde la recepción de esta petición, podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión recordó que, en virtud de sus nuevas competencias, la CNE tiene capacidad para autorizar o denegar la compra de una participación significativa en empresas españolas que realicen actividades reguladas o sujetas a intervención administrativa. Tras analizar la respuesta de España a su primera petición de información, enviada en mayo pasado, Bruselas sigue creyendo que el procedimiento de autorización excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales y puede resultar disuasorio para las inversiones procedentes de otros Estados miembros. Además, recuerda que la legislación europea ya incorporada al ordenamiento jurídico nacional ya atiende las preocupaciones de las autoridades españolas a este respecto.