L D (EFE) En declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de ministros de Justicia e Interior de la UE, que se celebra en Tampere (Finlandia), López Aguilar dijo que se trata de un problema que no afecta sólo a España, sino a la Unión Europea en su conjunto. Señaló que España quiere "dinero, recursos, medios, determinación y conciencia de que esto no es una simple contingencia, sino una realidad que nos va acompañar en el primer tercio del siglo XXI".
"España no va a parar hasta conseguir efectuar progresos sustantivos en esta política común, no sólo de control de fronteras sino de flujos migratorios y de la inmigración, especialmente irregular", afirmó el ministro. Consideró imprescindible un refuerzo de la Agencia de control de fronteras exteriores de la UE (Frontex) e insistió en que la inmigración ilegal no es un problema "provisional", sino "de escala planetaria" y que "requiere una respuesta europea".
Respecto a las críticas vertidas por algunos estados miembros contra los procesos de regularización masivos de inmigrantes, como el realizado el pasado año por España, el ministro indicó que fue una medida "positiva". López Aguilar explicó que la posición española "es muy clara", en el sentido de que "era insostenible la persistencia de un contingente de trabajadores ilegales, explotados sin derechos, en el seno de sus territorios".
"Lo ha hecho Francia, recientemente Italia, lo hizo España durante los años del Partido Popular, cinco veces, y lo ha hecho una, cumpliendo un compromiso electoral expreso, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de esta legislatura". Además afirmó con rotundidad que es "completamente falso y está completamente fuera de lugar" criticar esos procesos e ignorar las motivaciones de los africanos para tratar de llegar a la UE, es decir, el "hambre, las pandemias, la miseria, la desesperación y la esperanza de vida de apenas 30 años".
"Pertenece al terreno de la simplificación y la demagogia intentar alegar que una regularización provoque o incentive un efecto llamada", agregó. Las personas que se beneficiaron de la regularización en España están ahora cotizando a la seguridad social y pagando impuestos, por lo que "fue una decisión positiva y saludable desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, además de respetuosa con sus derechos como personas".
Preguntado por la posición de España sobre la propuesta de la Comisión Europea de cambiar el proceso de toma de decisiones en el área de Justicia e Interior, de la actual unanimidad a una mayoría cualificada, apostó por incentivar ese cambio para poder agilizar las decisiones prácticas que mejoren la vida de los ciudadanos europeos.
"España no va a parar hasta conseguir efectuar progresos sustantivos en esta política común, no sólo de control de fronteras sino de flujos migratorios y de la inmigración, especialmente irregular", afirmó el ministro. Consideró imprescindible un refuerzo de la Agencia de control de fronteras exteriores de la UE (Frontex) e insistió en que la inmigración ilegal no es un problema "provisional", sino "de escala planetaria" y que "requiere una respuesta europea".
Respecto a las críticas vertidas por algunos estados miembros contra los procesos de regularización masivos de inmigrantes, como el realizado el pasado año por España, el ministro indicó que fue una medida "positiva". López Aguilar explicó que la posición española "es muy clara", en el sentido de que "era insostenible la persistencia de un contingente de trabajadores ilegales, explotados sin derechos, en el seno de sus territorios".
"Lo ha hecho Francia, recientemente Italia, lo hizo España durante los años del Partido Popular, cinco veces, y lo ha hecho una, cumpliendo un compromiso electoral expreso, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al inicio de esta legislatura". Además afirmó con rotundidad que es "completamente falso y está completamente fuera de lugar" criticar esos procesos e ignorar las motivaciones de los africanos para tratar de llegar a la UE, es decir, el "hambre, las pandemias, la miseria, la desesperación y la esperanza de vida de apenas 30 años".
"Pertenece al terreno de la simplificación y la demagogia intentar alegar que una regularización provoque o incentive un efecto llamada", agregó. Las personas que se beneficiaron de la regularización en España están ahora cotizando a la seguridad social y pagando impuestos, por lo que "fue una decisión positiva y saludable desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, además de respetuosa con sus derechos como personas".
Preguntado por la posición de España sobre la propuesta de la Comisión Europea de cambiar el proceso de toma de decisiones en el área de Justicia e Interior, de la actual unanimidad a una mayoría cualificada, apostó por incentivar ese cambio para poder agilizar las decisiones prácticas que mejoren la vida de los ciudadanos europeos.