(Libertad Digital) La Administración del Estado se está esforzando en poner las mayores trabas posibles a la manifestación que el próximo 1 de octubre recorrerá las calles de Sevilla para protestar nuevamente contra la negociación entre el Gobierno Zapatero y la organización terrorista ETA.
Así, la delegación del Gobierno, dirigida por Juan José López Garzón, ya ha informado a las víctimas del terrorismo las "recomendaciones" a las que tendrá que "ajustarse" para poder celebrar el acto. Entre estas recomendaciones se acota de forma importante el espacio que se puede utilizar de las calles por la que transcurrirá la manifestación.
"La manifestación comenzará a partir del cruce del Paseo de las Delicias con la Avenida de Roma, de manera que el tráfico entre el Puente de San Telmo y la Avenida de Roma no quede obstaculizado, permitiendo así la evacuación del tráfico rodado. A lo largo del recorrido, se deberá dejar expedito un carril de circulación de doble sentido, para el paso de transportes públicos y servicios de emergencia".
Pero no sólo se recortan espacios, sino también se indica con volumen se podrán lanzar las proclamas contra el Ejecutivo. "El uso de la megafonía, música, etc. Deberá adaptarse en todo momento a las prescripciones de las Ordenanzas municipales, no rebasando los límites máximos de emisión sonoro permitidos por éstas", advierte la Delegación del Gobierno.
A través de un comunicado, las víctimas llamaron a todos los ciudadanos a acudir a la marcha que discurrirá el próximo día 1 de octubre bajo el lema "Rendición en mi nombre, no" para "poner de manifiesto la voluntad mayoritaria de la sociedad española, contraria sin paliativos a que se realicen concesiones a los asesinos, y, en definitiva, a que el Gobierno de la Nación pague un precio político a los terroristas", porque, "permitir impunemente lo anterior supondría la mayor afrenta posible a la memoria de las víctimas del terrorismo, y, por lo tanto, doblegar nuestro Estado de Derecho a los designios de un grupo de criminales".
Recuerdan que "los recientes acontecimientos en el País Vasco y en la propia Audiencia Nacional demuestran que la actitud del Gobierno de la Nación conduce a trasmitir una imagen de debilidad frente a los terroristas, quienes además de continuar desarrollando periódicamente actividades de terrorismo callejero, así como extorsionando sistemáticamente a empresarios y profesionales, se permiten desafiar la legalidad vigente y lanzar amenazas a los jueces y tribunales, así como a los gobiernos de España y Francia", por lo que "consideramos que la actual situación refleja de manera nítida el proceso de rendición del Estado de Derecho frente a los asesinos de Batasuna-ETA, y queremos animar a la ciudadanía a que lleve a cabo una verdadera rebelión cívica frente al despropósito encabezado por el Sr. Rodríguez Zapatero", concluyen.