(Libertad Digital) El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, afirmó hoy que el mercado de trabajo español "seguirá necesitando durante mucho tiempo el concurso de la población inmigrante". Gómez reaccionó así tras las declaraciones del secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco, en las que manifestaba que el mercado laboral no puede absorber más "sin papeles", por lo que la inmensa mayoría de estas personas "tendrán que ser expulsadas". Tras la toma de posesión de Marcos Peña como presidente del Consejo Económico y Social, Gómez aseguró que el mercado de trabajo "debe estar cerrado ahora, ayer y mañana para el empleo irregular".
Asimismo, añadió que Blanco se refería a que el mercado laboral "no puede tener más presencia de empleo irregular, un mercado que necesita que todos los trabajadores estén legalmente, con derechos y con cotizaciones". En este sentido, defendió la existencia de "un mercado de trabajo en el que los frutos de ese valor aportado por los trabajadores inmigrantes, sean percibidos también por el conjunto de la sociedad en forma de aportaciones y de cotizaciones a la Seguridad Social". Además, reconoció que ni España ni las economías europeas pueden prescindir hoy del trabajador inmigrante y añadió que "el que ya está trabajando, es el que en el futuro puede encontrar dignamente una integración laboral en esas economías".
Asimismo, añadió que Blanco se refería a que el mercado laboral "no puede tener más presencia de empleo irregular, un mercado que necesita que todos los trabajadores estén legalmente, con derechos y con cotizaciones". En este sentido, defendió la existencia de "un mercado de trabajo en el que los frutos de ese valor aportado por los trabajadores inmigrantes, sean percibidos también por el conjunto de la sociedad en forma de aportaciones y de cotizaciones a la Seguridad Social". Además, reconoció que ni España ni las economías europeas pueden prescindir hoy del trabajador inmigrante y añadió que "el que ya está trabajando, es el que en el futuro puede encontrar dignamente una integración laboral en esas economías".
Según señaló Blanco, con la regularización masiva "queríamos superar una situación heredada de cientos de miles de personas que estaban trabajando sin derechos y sin cotizar", aunque admite que, tras regularizar a 580.000 sin papeles el efecto llamada ha causado que ahora haya 800.000 ilegales en España. "Nosotros entendemos que el mercado de trabajo ya absorbió lo que podía. El mercado de trabajo no tiene ahora condiciones para absorberlos", dijo a El País.
Blanco matiza
Más tarde, matizó sus palabras y en la sede federal del PSOE tras la reunión de la Comisión Permanente de la Ejecutiva del partido afirmó que el Ejecutivo no impulsará nuevas regularizaciones de inmigrantes , recordando que desde que se decidió acometer la que tuvo lugar al inicio de la legislatura se dejó claro que esa sería "la regularización" y que no habría más.
Blanco también respondió a la propuesta de Rajoy de modificar la Ley de Extranjería, el secretario de Organización del PSOE aseguró que el Ejecutivo no se ha planteado introducir cambios y que únicamente se podría contemplar si se alcanza el consenso sobre algún aspecto concreto para resolver el problema de la inmigración ilegal.
Reforma de la Ley de Extranjería
Así lo explicó Blanco al ser preguntado sobre la posibilidad de que la Ley de Extranjería se cambie para ampliar los 40 días de internamiento que fija la norma vigente. El dirigente socialista insistió en que en este momento no hay "ninguna propuesta concreta" sobre la mesa, pero no cerró la puerta a una posible modificación legal. "Si todo el mundo cree que alguna modificación podría contribuir a resolver el problema de la inmigración ilegal, se podría contemplar", apuntó, destacando que cualquier cambio debería ser fruto del "diálogo y el acuerdo de todos".
Además, Blanco se sumó al discurso que el Ejecutivo viene repitiendo desde la semana pasada. "Se tiene que saber que aquel que entre de manera irregular tendrá que salir, con todos los derechos, pero tendrá que salir", enfatizó, para añadir a continuación que sólo podrán permanecer en España los que lleguen "en condiciones de legalidad".
El presidente de la CEOE, José María Cuevas, afirmó por su parte que no se puede dar por cerrado el mercado de trabajo y dijo que las afirmaciones de Blanco "pueden ser un mensaje político que interese, que sea de conveniencia". Para Cuevas, ningún mercado de trabajo se puede dar por cerrado en el orden económico o empresarial, si bien admitió que cada vez será más difícil encajar nuevas ofertas de trabajo en el mercado, ya que en su opinión "parece que es evidente que la evolución del empleo va a ser más moderada en los próximos tiempos".
En este sentido, incidió en que en el futuro habrá problemas para absorber la inmigración y que "cada vez será más difícil, si se sigue produciendo una oferta tan desequilibrada como la actual".
En este sentido, incidió en que en el futuro habrá problemas para absorber la inmigración y que "cada vez será más difícil, si se sigue produciendo una oferta tan desequilibrada como la actual".
Por su parte, el economista del gabinete de Estudios de CCOO, Carlos Martín, dijo a Efe que los trabajos de baja cualificación, que en su mayoría son ocupados por trabajadores inmigrantes, "están saturados". Respecto a la política migratoria del Gobierno, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, consideró que funciona "adecuadamente" y "no se puede cambiar de la noche a la mañana", por lo que, en su opinión, hay que trabajar "con perspectiva" y "no dejarnos atrapar por la crisis humanitaria que se vive".
Acuerdo Gobierno-CCAA
Mientras, la reunión del Gobierno con los responsables autonómicos para analizar el traslado de inmigrantes irregulares de Canarias a la Península concluyó este lunes con un compromiso "mayoritario" de los Gobiernos autonómicos para incrementar las plazas de acogida, pero sin concretar cifras.
A partir de ahora, cada Ejecutivo autonómico informará al Gobierno central de forma bilateral de cuántas plazas más va a poner en la red, según explicó tras concluir el encuentro la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien presidió la reunión junto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
A partir de ahora, cada Ejecutivo autonómico informará al Gobierno central de forma bilateral de cuántas plazas más va a poner en la red, según explicó tras concluir el encuentro la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien presidió la reunión junto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.