(Libertad Digital) Uno de los cambios sustanciales afectará, de salir adelante la actual redacción, al Servicio de Inspección, que pasará a configurarse como un órgano de estricta confianza del fiscal general, quien podrá proponer directamente a su fiscal jefe sin necesidad de contar con el informe del Consejo.
Por otro lado, los fiscales de Inspección no podrán formar parte del Consejo Fiscal. Se consolidaría así la pretensión de Conde Pumpido, que ya trató de limitar el acceso al Consejo justo antes de las últimas elecciones internas. Tuvo que ser el Supremo quien anulase su decreto.
La noticia de La Razón incluye las críticas del portavoz de la Asociación de Fiscales. Guillermo García-Panasco considera "contradictorio y paradójico" que el fiscal jefe pertenezca al Consejo Fiscal y sus subordinados no puedan siquiera optar a ser elegidos. Panasco también sostiene que es "inaceptable y peligrosa que con esta regulación de la Inspección se acabe consagrando un órgano de estricta confianza del fiscal general, sobre todo tratándose de una materia tan sensible como lo es la responsabilidad disciplinaria de los fiscales". La Asociación de Fiscales (AF) se ha mostrado también contraria al nombramiento del fiscal inspector "sobre la única base de la estricta confianza al fiscal general del Estado".
Cambios en la elección del fiscal general
Otro de los aspectos reseñables que contempla el anteproyecto afecta a la figura del fiscal general del Estado: su nombramiento sería por cuatro años y tendría que pasar un "examen" ante la Comisión de Justicia del Congreso. También enumera las "causas tasadas de cese". Pilar Sánchez Donate, miembro de la Ejecutiva de la Asociación de Fiscales, ha cuestionado este último punto. Considera que las causas tasadas de cese, lejos de evitar sospechas de influencia entre el Gobierno y el Ministerio Fiscal, "demuestran una clara sintonía entre ambos".
La Asociación de Fiscales, que se ha quejado de la tardanza con la que han tenido acceso al texto, considera "lamentable" el trato dado al Consejo en el texto, "limitando sus funciones y composición, no sólo con un fiscal de absoluta confianza al fiscal general del Estado", sino también impidiendo injustificadamente el acceso a los fiscales de la Inspección Fiscal, a pesar de los pronunciamientos judiciales al respecto.
El anteproyecto fija como "mérito determinante" el conocimiento de la lengua cooficial para obtener destino en las Fiscalías de la comunidad autónoma que tengan ese idioma, lo mismo que se establece en el proyecto de reforma judicial para los jueces. Además, se valorará igualmente como "mérito determinante", con arreglo a los criterios que reglamentariamente se establezcan, el conocimiento del Derecho propio de la Comunidad.
Otra de las novedades importantes del anteproyecto es la creación, en las Fiscalías de las Comunidades Autónomas y en las provinciales, de sendas secciones de Violencia contra la Mujer y de Medio Ambiente. Al frente de las cuales habrá un fiscal superior que sustituirá a los actuales fiscales jefes de los tribunales superiores de Justicia.