LD (Europa Press) El Gobierno de Evo Morales ha ordenado a las principales petroleras extranjeras que operan en el país que paguen un impuesto adicional del 32 por ciento que irá destinado a la capitalización de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), actualmente en crisis entre acusaciones de corrupción. Esta medida afectará a la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total. Entretanto, y pese a las amenazas de Morales, Repsol sigue estudiando iniciar acciones legales contra las autoridades bolivianas.
Las compañías están afectadas por esa disposición por ser accionistas de los dos grandes campos de gas San Alberto y Sábalo, que ya están sometidos al tributo adicional por el decreto de nacionalización.
Las tres empresas deberán hacer en conjunto un primer pago del impuesto de aproximadamente 30 millones de dólares a más tardar este viernes, según una portavoz del Ministerio de Hidrocarburos citado por el rotativo local El Mundo.
Según la resolución 202/2006 del Ministerio de Hidrocarburos, esos recursos irán a la petrolera estatal YPFB, que ha tenido dificultades financieras y operativas para tomar el control total de la cadena productiva del sector, como estipuló el decreto del 1 de mayo.
El pago de esta semana, que corresponde al tributo adicional por el mes de mayo, irá a YPFB con cargo a una futura conciliación y estará seguido de otros cuatro similares, según un cronograma que se extiende hasta el próximo 2 de octubre, según explicó el citado diario. Fuentes del sector dijeron que la orden, emitida a través de una resolución oficial publicada el lunes aunque aprobada el viernes pasado, fue notificada a todas las empresas del sector.
En ese contexto el gerente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, Yussef Akly, dijo en declaraciones a una emisora de radio local que las compañías "son respetuosas de la normativa". De salir adelante este nuevo impuesto, sus beneficios para el Estado se sumarían al ya establecido en el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, según el cual las grandes petroleras deberán pagar al Estado el 82 por ciento de sus beneficios.