LD (EFE) Este fin de semana, en plena polémica por el acoso de Evo Morales a la petrolera hispano-argentina, la compañía de hidrocarburos hizo mención de su derecho a acudir a los tribunales locales e internacionales para emprender acciones legales tras el registro de las oficinas de su filial Andina y la detención y posterior arresto domiciliario de su auditor. A ello ha respondido el Gobierno boliviano diciendo que “no va a aceptar estas bravuconadas", por boca del viceministro de Hidrocarburos, Julio Gómez. Éste advirtió que el Estado boliviano también podría recurrir a "estrados internacionales" para demandar a las empresas petroleras extranjeras una indemnización por los años en que "saquearon" el país en complicidad con "gobiernos carroñeros".
La petrolera aseguró este fin de semana que ejercitará acciones legales en defensa de sus derechos si continúa la "injustificada y reiterada persecución" de la Fiscalía en contra de la compañía, al tiempo que denunció que el registro a sus oficinas de Andina constituye una "medida impropia de un Estado de Derecho y del respeto al orden jurídico constitucional". Tras reiterar su voluntad de prestar, "como ha hecho hasta ahora", toda su colaboración para el "total esclarecimiento de los hechos", y expresar su "plena disposición" a la negociación, confió en que las últimas declaraciones de Morales se traduzcan en hechos concretos que permitan volver a un "clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia".
Sin embargo, la compañía expresó su preocupación ante "la falta de seguridad jurídica" que en la actualidad existe en el país andino. En estas condiciones, estimó "muy difícil que se pueda mantener el necesario diálogo con las instituciones bolivianas para buscar un marco estable que permita acometer el proceso de fuerte inversión que precisa el desarrollo de la industria de hidrocarburos en Bolivia".
La Fiscalía de Santa Cruz acusa a la filial boliviana de Repsol YPF de pactar en el año 2002 con Petrobras un acuerdo para exportar gas natural a precios menores de los establecidos, lo que supuso un perjuicio de 161 millones de dólares para el Estado boliviano. Sin embargo, la petrolera brasileña comunicó hace un par de semanas que el contrato se ha dejado sin efecto.
En el marco de sus investigaciones, la Fiscalía registró el pasado viernes las oficinas de Andina en Santa Cruz. Además, fue detenido Saúl Carlos Encinas Miranda, auditor de la compañía, que tras prestar declaración quedó bajo arresto domiciliario sin custodia, pero deberá presentarse ante el juez cada fin de semana y señalar dos garantes a fin de evitar "su fuga" para no obstaculizar la investigación.