LD (EFE) Según confirmaron fuentes de la compañía, la eléctrica envió el pasado viernes un escrito de queja al ejecutivo comunitario, tras presentar el recurso de alzada ante el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio contra la decisión de la CNE.
El contenido del escrito remitido a Bruselas abunda en los argumentos esgrimidos por la eléctrica en el recurso que presentó ante Industria. En este último, la compañía que preside Manuel Pizarro señala que la autorización de la CNE es contraria a los principios de libre circulación de capitales y establecimiento y supone una discriminación contra E.On por razón de su nacionalidad, puesto que está basado en una legislación, el Real Decreto-Ley que amplió las funciones del regulador energético, contraria al derecho europeo.
Para Endesa, esta norma es "sustancialmente idéntica" a la normativa en que regulaba la acción de oro, derogada el pasado mes de mayo por ser contraria a la legislación comunitaria. Además, el Real Decreto-Ley se dictó ad hoc para frenar o dificultar la OPA de E.On por el hecho de ser una empresa extranjera, añade la eléctrica.
El pasado 24 de febrero el Gobierno aprobó un decreto para permitir que la CNE pudiera pronunciarse cuando una operación de adquisición afecta a empresas que prestan servicios en las denominadas actividades reguladas –transporte y distribución de gas y electricidad–, caso de la OPA de E.On sobre Endesa. Al mismo tiempo, la nueva normativa estableció que las centrales nucleares, los sistemas energéticos extrapeninsulares y las centrales térmicas que consumen carbón autóctono tienen la consideración de activos estratégicos.
El 27 de julio pasado la CNE aprobó la opa de E.ON con 19 condiciones, entre ellas la obligación de vender las centrales térmicas de la Endesa que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.
El contenido del escrito remitido a Bruselas abunda en los argumentos esgrimidos por la eléctrica en el recurso que presentó ante Industria. En este último, la compañía que preside Manuel Pizarro señala que la autorización de la CNE es contraria a los principios de libre circulación de capitales y establecimiento y supone una discriminación contra E.On por razón de su nacionalidad, puesto que está basado en una legislación, el Real Decreto-Ley que amplió las funciones del regulador energético, contraria al derecho europeo.
Para Endesa, esta norma es "sustancialmente idéntica" a la normativa en que regulaba la acción de oro, derogada el pasado mes de mayo por ser contraria a la legislación comunitaria. Además, el Real Decreto-Ley se dictó ad hoc para frenar o dificultar la OPA de E.On por el hecho de ser una empresa extranjera, añade la eléctrica.
El pasado 24 de febrero el Gobierno aprobó un decreto para permitir que la CNE pudiera pronunciarse cuando una operación de adquisición afecta a empresas que prestan servicios en las denominadas actividades reguladas –transporte y distribución de gas y electricidad–, caso de la OPA de E.On sobre Endesa. Al mismo tiempo, la nueva normativa estableció que las centrales nucleares, los sistemas energéticos extrapeninsulares y las centrales térmicas que consumen carbón autóctono tienen la consideración de activos estratégicos.
El 27 de julio pasado la CNE aprobó la opa de E.ON con 19 condiciones, entre ellas la obligación de vender las centrales térmicas de la Endesa que utilizan carbón nacional (Compostilla, Andorra y Anllares), los activos que tiene en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, la central nuclear de Ascó I, y ceder la gestión del resto de las nucleares participadas por Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.