LD (EFE) Aunque el Ejecutivo comunitario ha mantenido "conversaciones" con las empresas que le han puesto al tanto de su proyecto fusión, éstas no le han notificado formalmente la operación, que no es por tanto objeto de un examen formal en Bruselas.
En estas circunstancias, el Gobierno italiano no tiene la obligación legal de notificarle su decisión de oponerse al proyecto, pero la Comisión espera que así lo haga para poder evaluar si supone o no algún obstáculo a la libre circulación de capitales y empresas.
Según fuentes comunitarias, el escenario cambiaría si las empresas siguen adelante con la operación, la notifican a la CE y ésta inicia un examen al respecto –lo que precisa que sus cifras de negocio sean lo suficientemente altas como para que la operación se considere de "dimensión europea"–.
En ese caso, el Gobierno italiano estaría formalmente obligado a notificar su dictamen negativo a Bruselas, ya que el reglamento europeo de fusiones reserva a la CE la facultad exclusiva de autorizar o no operaciones de dimensión comunitaria y sólo permite intervenciones nacionales en casos excepcionales, según las fuentes.
En estas circunstancias, el Gobierno italiano no tiene la obligación legal de notificarle su decisión de oponerse al proyecto, pero la Comisión espera que así lo haga para poder evaluar si supone o no algún obstáculo a la libre circulación de capitales y empresas.
Según fuentes comunitarias, el escenario cambiaría si las empresas siguen adelante con la operación, la notifican a la CE y ésta inicia un examen al respecto –lo que precisa que sus cifras de negocio sean lo suficientemente altas como para que la operación se considere de "dimensión europea"–.
En ese caso, el Gobierno italiano estaría formalmente obligado a notificar su dictamen negativo a Bruselas, ya que el reglamento europeo de fusiones reserva a la CE la facultad exclusiva de autorizar o no operaciones de dimensión comunitaria y sólo permite intervenciones nacionales en casos excepcionales, según las fuentes.
El Gobierno italiano informó el viernes al ente público que tutela la concesión de las autopistas (ANAS) de su "determinación negativa" a la operación de la fusión tras constatar la existencia de "conflicto de intereses". La operación, aprobada por los accionistas de Abertis y Autostrade el pasado 30 de junio, pretendía crear el grupo líder del sector en Europa, con un valor bursátil de 25.000 millones de euros y una red de peaje de 6.713 kilómetros en 16 países.