(Libertad Digital) La presentación del borrador del nuevo Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión supone la constatación del estrepitoso fracaso de la aplicación del Protocolo de Kioto en España.
Según el estudio del Instituto Juan de Mariana, el Ministerio que controla Cristina Narbona ha engañado a los españoles en el cálculo de los costes directos asociados con la aplicación de Kioto. De este modo, a pesar de que la media del precio de los derechos de emisión durante los últimos cinco meses ronda los 21 euros, el Ministerio hace su previsión tomando como valor máximo 15 euros. Gabriel Calzada, presidente del Insituto y colaborador de Libertad Digital, asegura que "si hacemos la valoración a un precio de derechos de emisión de 20,05 euros por tonelada de C02 (que es el actual de mercado de la tonelada de CO2 para 2008, inferior a la media de los últimos de los últimos 5 meses) los costes para nuestra economía serían de 2.610 millones de euros y no de 1.953 millones, tal y como ha anunciado el Ministerio".
Lo cierto es que las cifras no cuadran desde que, en 2004, Cristina Narbona afrimó que el coste "no será más de 85 millones de euros al año.” Sin embargo, esa factura se ha acercado a los 300 millones de euros durante el primer año en el que las empresas españolas se han visto obligadas a racionar sus emisiones y llevar a cabo compra-venta de derechos; esto es, ha sido más de tres veces superior al máximo que la ministra de Medio Ambiente había garantizado. Lejos de rectificar, parece que Narbona insiste en ocultar a la sociedad la verdadera factura de Kioto".
Los cálculos que realizó el equipo de Narbona partían de que el volumen de emisiones sólo superaba en un 37% las de 1990. Gabriel Calzada, sin embargo, remarca que "hay una correlación clara entre crecimiento económico y crecimiento del CO2, con lo que cabe esperar que siga subiendo como consecuencia del propio desarrollo de nuestra economía". La proyección para 2010 es que las emisiones se hayan desviado un 60% con respecto a 1990, de modo que los costes se incrementarían hasta los 4.232 millones de euros. El Ministerio, no obstante, ha previsto un incremento en los costes mucho menor, de unos 1.950 millones de euros.
Costes directos e indirectos
La factura puede aumentar todavía más. El Parlamento europeo ha recomendado incorporar al Protocolo a sectores difusos como el transporte. El Juan de Mariana advierte que si esto sucede el coste sería aun mayor, de unos 7.400 millones de euros. "Teniendo en cuenta como referencia el precio de 20,05 euros que se paga hoy en los contratos a futuro por tonelada de CO2 para el año 2008, podemos estimar este coste directo adicional en 3191 millones de euros. En total, el coste directo rondaría los 7423,5 millones de euros.", asegura Gabriel Calzada.
A Kioto no sólo se le pueden imputar costes directos, sino también indirectos, que son los más dificiles de cuantificar pero que pasan igualmente factura. El estudio del Instituto Juan de Mariana es claro al respecto, el plan "resta competitividad a la economía española y favorece la deslocalización a otras áreas del mundo. Además, el plan provocará la elevación del precio final de la electricidad (estimada entre un 1,5 y un 2%) lo que a su vez tendrá efectos perjudiciales sobre otros sectores económicos."
Un Protocolo que no es del gusto de todos
Sólo 26 países se han comprometido a restringir sus emisiones, y más de 150 no han seguido el camino del racionamiento basado en las transacciones de derechos de emisión; entre ellos grandes emisores de CO2, como Estados Unidos, China o India. Es de esperar, según los autores del estudio, que "las empresas se desplazarán a los países que no impongan los costes de Kioto, y el empleo se generará allí, y no en nuestro país".
Con todo, las Naciones Unidas ya han advertido de que en el caso de que todos los países firmantes cumpliesen lo estipulado en el Protocolo, no se vería ningún efecto apreciable en el medio ambiente. Según la ONU, el efecto previsto sería una reducción de 0,07 grados centígrados de promedio en todo el planeta.
Para Gabriel Calzada la única opción viable es abandonar de inmediato el Protocolo de Kioto y "seguir el ejemplo de EEUU, que ha confiado en el mercado libre como motor de crecimiento económico que permite acumular capital e incrementar la productividad de modo que pueden adoptarse nuevas tecnologías que reducen las emisiones de CO2. De hecho, entre 1997 y 2003 EEUU aumentó sus emisiones en un 0,007% mientras que España incrementó las suyas un 24%, a pesar de los múltiples planes nacionales y de racionamiento."