L D (Agencias) El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha citado al miembro de la ejecutiva del PNV Gorka Aguirre para que declare el próximo martes, imputado por un delito de colaboración con la organización terrorista ETA, en relación a su posible vinculación con la red de extorsión, desarticulada el pasado martes con arrestos en España y Francia.
El titular de instrucción del juzgado central número 5 también ha citado a declarar, pero en calidad de testigo, al ex líder del PNV Javier Arzalluz, para que declare en relación al conocimiento que la Ejecutiva del partido nacionalista podría tener sobre el pago de empresarios vascos y navarros a la organización terrorista.
Este sábado ingresaron en prisión dos de los cinco detenidos en territorio español: Joseba Imanol Elosúa y Ramón Sagarzazu, y quedó en libertad sin fianza Ignacio Aristizabal, después de que los tres comparecieran a lo largo de la tarde ante el magistrado. Grande Marlaska ha suspendido, también esta tarde, la incomunicación para tres de los acusados sobre quienes había ordenado prisión a lo largo de los últimos tres días.
Los otros dos detenidos para los que Grande-Marlaska dictó auto de prisión son Jean Pierre Harocarena Camio, jefe de la sección de Deportes de la SER en Irún, que compareció ante este juez el pasado jueves, y José Carmelo Luquín Vergara, a quien el juez interrogó este viernes.
Los otros dos detenidos para los que Grande-Marlaska dictó auto de prisión son Jean Pierre Harocarena Camio, jefe de la sección de Deportes de la SER en Irún, que compareció ante este juez el pasado jueves, y José Carmelo Luquín Vergara, a quien el juez interrogó este viernes.
Julen Madariaga fue puesto en libertad bajo control judicial, tal como había pedido la Fiscalía. El histórico etarra, después de desmarcarse públicamente del terrorismo pasó a ser uno de los impulsores y dirigentes de la escisión de Batasuna Aralar. Reside en Saint-Pée-sur-Nivelle.
Otro de los detenidos en la operación del pasado martes, José Ramón Badiola Zabaleta, no ha sido procesado y ha quedado libre, indicaron las fuentes. Señalaron que los otros cuatro arrestados en la redada y para los que la Fiscalía ha pedido la detención preventiva, están a la espera de comparecer ante los dos magistrados antiterroristas con vistas a su procesamiento por asociación de malhechores con fines terroristas y extorsión de fondos en banda organizada.
Luego habrán de pasar ante un juez de las libertades y la detención, que deberá decidir si ingresan o no en prisión, por lo que el proceso de comparecencias puede prolongarse hasta muy tarde. Se trata del supuesto jefe de la red, Angel Iturbe Abásolo, de 53 años y hermano del que fuera uno de los máximos dirigentes de ETA, "Txomin"; y Eloy Uriarte Díaz (64 años), alias "señor Robles", al que se le atribuían funciones de responsabilidad en el aparato financiero en los 80.
También debe comparecer ante los jueces instructores José Antonio Cau, en cuyo domicilio se halló el recibo, con fecha de este mes, de un pago de 64.000 euros por empresarios que correspondía a una carta de extorsión enviada en 2001, según fuentes de la investigación. Asimismo ha de comparecer ante los magistrados María Cristina Larrañaga.
Todos ellos fueron arrestados el martes en el sur de Francia en la operación conjunta franco-española (hubo cinco detenidos en España) contra la red, que según las autoridades españolas, estaba encargada desde hace 20 años de la gestión y recaudación del "impuesto revolucionario" exigido por ETA a empresarios españoles.
Otro de los detenidos en la operación del pasado martes, José Ramón Badiola Zabaleta, no ha sido procesado y ha quedado libre, indicaron las fuentes. Señalaron que los otros cuatro arrestados en la redada y para los que la Fiscalía ha pedido la detención preventiva, están a la espera de comparecer ante los dos magistrados antiterroristas con vistas a su procesamiento por asociación de malhechores con fines terroristas y extorsión de fondos en banda organizada.
Luego habrán de pasar ante un juez de las libertades y la detención, que deberá decidir si ingresan o no en prisión, por lo que el proceso de comparecencias puede prolongarse hasta muy tarde. Se trata del supuesto jefe de la red, Angel Iturbe Abásolo, de 53 años y hermano del que fuera uno de los máximos dirigentes de ETA, "Txomin"; y Eloy Uriarte Díaz (64 años), alias "señor Robles", al que se le atribuían funciones de responsabilidad en el aparato financiero en los 80.
También debe comparecer ante los jueces instructores José Antonio Cau, en cuyo domicilio se halló el recibo, con fecha de este mes, de un pago de 64.000 euros por empresarios que correspondía a una carta de extorsión enviada en 2001, según fuentes de la investigación. Asimismo ha de comparecer ante los magistrados María Cristina Larrañaga.
Todos ellos fueron arrestados el martes en el sur de Francia en la operación conjunta franco-española (hubo cinco detenidos en España) contra la red, que según las autoridades españolas, estaba encargada desde hace 20 años de la gestión y recaudación del "impuesto revolucionario" exigido por ETA a empresarios españoles.
Una investigación hispano-francesa
La redada era fruto de las investigaciones dirigidas por el juez español Fernando Grande-Marlaska y la magistrada Le Vert, en base a un sumario abierto en España en 1998 y en Francia a finales de 2005. La investigación fue realizada por uno de los cuatro equipos conjuntos franco-españoles de investigación.
La redada era la más importante realizada en Francia en los últimos años contra el aparato "legal" de extorsión de la banda, subrayó una fuente de la lucha antiterrorista. Y era la tercera contra la banda en Francia (una de ellas fue el arresto fortuito de dos presuntos miembros del aparato financiero de ETA el pasado día 1 en Burdeos) desde que ETA anunció el pasado 22 de marzo un alto el fuego permanente.
Al describir la supuesta división de labores dentro del aparato desarticulado, fuentes españolas indicaron que desde el sur de Francia se coordinaban y canalizaban las peticiones del "impuesto revolucionario", y en España se establecía el contacto con los extorsionados y se invertía el dinero en paraísos fiscales. En el marco de la redada, se embargaron bienes patrimoniales por unos 700.000 euros, y se bloquearon más de 50 cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas.
La redada era fruto de las investigaciones dirigidas por el juez español Fernando Grande-Marlaska y la magistrada Le Vert, en base a un sumario abierto en España en 1998 y en Francia a finales de 2005. La investigación fue realizada por uno de los cuatro equipos conjuntos franco-españoles de investigación.
La redada era la más importante realizada en Francia en los últimos años contra el aparato "legal" de extorsión de la banda, subrayó una fuente de la lucha antiterrorista. Y era la tercera contra la banda en Francia (una de ellas fue el arresto fortuito de dos presuntos miembros del aparato financiero de ETA el pasado día 1 en Burdeos) desde que ETA anunció el pasado 22 de marzo un alto el fuego permanente.
Al describir la supuesta división de labores dentro del aparato desarticulado, fuentes españolas indicaron que desde el sur de Francia se coordinaban y canalizaban las peticiones del "impuesto revolucionario", y en España se establecía el contacto con los extorsionados y se invertía el dinero en paraísos fiscales. En el marco de la redada, se embargaron bienes patrimoniales por unos 700.000 euros, y se bloquearon más de 50 cuentas bancarias domiciliadas en entidades financieras españolas y francesas.