(Libertad Digital) Mariano Rajoy pidió el domingo al conocerse que sólo el 49,4 de los catalanes había votado en el referéndum que se paralizase el Estatuto. "Dos de cada tres ciudadanos de Cataluña no han apoyado", dijo. El secretario de Organización de los socialistas, José Blanco, acusó al PP de "salirse de la vía democrática" por esta petición.
El pasado año, cuando se debatía el Plan Ibarretxe, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió al lehendakari, Juan José Ibarretxe, que un plan que cuente sólo con el 1 por ciento de apoyos está abocado al fracaso. “Las normas políticas aprobadas con el 51% (caso del Plan Ibarretxe) acaban en el fracaso”, añadió Zapatero, quien subrayó que se puede gobernar con toda legitimidad común apoyo de ese porcentaje, pero para aprobar una norma básica no sirve.
Todos los partidos catalanes se han manifestado en la misma línea sobre la aprobación del Estatuto catalán. El presidente de la Generalidad, Pascual Maragall, situó en un 50% la participación mínima para valorar la consulta y en 70% los votos favorables al texto. Preguntado sobre cuál sería a su juicio un resultado positivo, Maragall cifró en un 50% la participación.
El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach dijo que sería “deseable” que la participación en el referéndum sobre el Estatut supere la de “las últimas elecciones municipales, donde en determinados ámbitos de grandes ciudades había una participación del cincuenta y poco por ciento”.
La vicepresidente del PSC, Manuela de Madre, se mostró “”absolutamente convencida” de que la participación en el referéndum se situaría en torno al 60% de la población censada y de que el sí se impondrá claramente en las urnas, con cerca del 70% de los votos. “Y si continuamos así igual llegamos al 62% de participación”, añadió de Madre, que “como andaluza de nacimiento” que es reconoció que es u “poco bruja”. El portavoz del PSC , Miqel Iceta, apostó por una participación de alrededor el 60%, similar a la que hubo en 1979.
El presidente de CiU, Artur Mas, afirmó que el resultado del referéndum sería “mínimamente bueno” si lo síes superan a los noes y si además la participación pasaba del 50 % y de “narices” si participan más del 60% del electorado. Según Mas, la participación tenía que estar por encima del 50% ya que de lo contrario Cataluña carecería de “autoridad y fuerza” para negociar ante Madrid al aplicación y desarrollo el texto. El secretario general de CíU , Josep Antoni Durán Lleida consideró que “una victoria del `sí´ por los pelos y una baja participación, daríamos fuerza política y moral al PP y al mismo Tribunal Constitucional o al Gobierno a la hora de interpretarlo y aplicarlo para concretar las aspiraciones respecto al Estatuto.
El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, dijo que “necesitamos una participación fuerte y un sí masivo porque lo contrario significaría dar la razón al PP . “Un sí importante daría fuerza al gobierno catalán para negociar. En cambio, si la gente pasa del Estaut, ¿cómo vas al día siguiente a negociar la propuesta de financiación?”. Para Joan Saura, “la participación se ha de situar por encima del 50% y ha de haber una mayoría holgada de síes”.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió (GP CiU) presentó este año una enmienda a la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 3/ 1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular para "fijar un mínimo de un 50 por ciento de participación del Censo Electoral en la celebración de un referéndum para que el mismo pueda ser declarado válido, bien sea en el caso de los referéndum vinculantes, bien sea en el caso de los referéndum consultivos.”
Según CiU, "en la línea de las legislaciones europeas más avanzadas y perfeccionadas sobre legislación de referéndum, parece oportuno afrontar una modificación de la legislación vigente en orden a fijar un mínimo de participación del Censo Electoral para declarar válida la consulta popular. Las normas de juego de la democracia, en situaciones tan sensibles como las que son sometidas a consulta directa de la población, exigen, como mínimo, una participación de la mitad del censo Electoral para tener un valor político y jurídico relevante".
Le enmienda fue rechazada por el PP porque se debatía fuera de su marco jurídico. Es decir, no correspondía al debate sobre la iniciativa legislativa popular una enmienda que afectaba a otra ley orgánica que es la que regula la celebración de referéndum.