L D (EFE) El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco admitió a trámite la semana pasada la querella criminal contra el lehendakari y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, Juan José Petrikorena y Pernando Barrena, con motivo de la reunión que mantuvieron el pasado 19 de abril, por los presuntos delitos de desobediencia y quebrantamiento de medida cautelar.
La portavoz del Gobierno, Miren Azkarate, anunció que los tres partidos que sustentan el Ejecutivo de Vitoria solicitarán la comparecencia urgente del presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, ante el Parlamento Vasco. El objetivo es que "explique la grave vulneración de los derechos fundamentales del lehendakari en el ejercicio de sus funciones públicas, para las cuales ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos de este país". También quiere el Gobierno Vasco que el magistrado explique "sus continuas manifestaciones sobre las actuaciones políticas de las instituciones vascas".
Proceso penal por "defender la palabra"
Tras afirmar que el lehendakari, como cualquier otro ciudadano, está sometido al derecho y a la acción de los tribunales, Azkarate aclaró que éstos "no pueden establecer cómo un Gobierno y su lehendakari han de ejercer su legítimo patrimonio de acción política, destinado a alcanzar la paz definitiva y a lograr acuerdos políticos entre las formaciones que representan a la sociedad".
Aclaró que pese a que todavía no han decidido cuál será el procedimiento concreto de recurso a la admisión a trámite de la querella, ni cómo se traducirá la autoincuplpación de los miembros del Gobierno, éste sí ha previsto "utilizar todas las vías e instrumentos jurídicos a nuestro alcance, incluidos el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para desenmascarar la vergüenza jurídica que ha cometido el Tribunal que ha dictado este auto".
En la declaración del Gobierno leída por la portavoz se recuerda que esta es la "primera vez en la historia en la que a un lehendakari se le abre un proceso penal por defender la palabra y el dialogo", porque "¿dónde se ha visto que llevar a cabo un diálogo para conseguir la paz esté penado por la ley?"
"Resulta gravísimo que la democracia española pretenda homologarse a las democracias europeas, cuando existen leyes que posibilitan que un presidente de Gobierno pueda ser acusado de delito por el simple hecho de mantener encuentros con agentes políticos y personas que se encuentran en pleno ejercicio de sus derechos y deberes fundamentales, con el encomiable objetivo de consolidar un proceso de paz", se añade.
Según Azkarate, es un "disparate mayúsculo imputar un delito y sentar en el banquillo de los acusados a quien se ha comprometido con la ciudadanía a impulsar el diálogo y que cuenta, además, con la confianza mayoritaria y democrática de la mayoría de la sociedad".