L D (Agencias) Los ocho presuntos miembros de ETA se declararon culpables de los delitos de los que les acusaba el fiscal a cambio de que éste rebajara su petición de penas, que en algunos casos llegaba a los 28 años de cárcel, a otras de entre dos años y 18 años y seis meses de prisión. El acuerdo de conformidad se alcanzó durante el juicio que se celebró este jueves en la Audiencia Nacional a ocho presuntos integrantes de los grupos "Ontza", "Zelatun", "Muzarra", "Mari eta Baader Meinhofer Printea" y "Bermejo" de la organización terrorista, acusados de pertenencia o colaboración con banda armada, tenencia de armas y explosivos y falsificación de documento oficial.
Antes de que se llegase a ese acuerdo, los familiares de estos presos recibieron la visita del portavoz de ETA-Batasuna, Arnaldo Otegi, que tenía que comparecer ante el magistrado Fernando Grande Marlaska por vulnerar la suspensión de la formación ilegalizada y por amenazas terroristas.
Antes de que se llegase a ese acuerdo, los familiares de estos presos recibieron la visita del portavoz de ETA-Batasuna, Arnaldo Otegi, que tenía que comparecer ante el magistrado Fernando Grande Marlaska por vulnerar la suspensión de la formación ilegalizada y por amenazas terroristas.
Según el escrito de conclusiones de la Fiscalía, en el año 2001 el grupo "Ontza" de ETA estaba formado, entre otros, por Baquedano y Aguirre, quienes recibían "cursillos" en Francia sobre manejo de armas y explosivos al tiempo que recababan información sobre posibles objetivos. Posteriormente, Baquedano se integró en el grupo "Zelatun" y se dedicó a captar personas para formar parte de la organización para lo que utilizan diferentes armas. Según el fiscal, Fernández trasladó en su vehículo a Baquedano y otros miembros de la banda y, además, en su domicilio se intervinieron diversas armas y explosivos.
Por su parte, Lasa y Rodríguez, miembros del grupo "Muzarra", entregaron informaciones relativas a diversos funcionarios de la policía y de integrantes del PSOE y del PP. Igualmente, Minteguiaga y Aranalde, integrantes del grupo "Mari eta Baader Meinhofer Printea", y Melchor, del grupo "Bermejo", informaron sobre miembros de la Fundación para la Libertad y de las empresas Elenor y Espasa Calpe.
El escrito del fiscal concluía que Errasti y Lizaso ocultaron en su domicilio diferentes armas de fuego y explosivos que les fueron facilitadas por Iriondo y Baquedano, y que cuando ésta última fue detenida, trasladaron dicho material "a un lugar más seguro".