En su carta, Guardans alude al "show político de un eurodiputado y sus amigos de la emisora de radio en la que desarrollaba su actividad antes de ser elegido", y pide a Libicki que no acepte a trámite la solicitud de Herrero, que fue presentada junto con 700.000 firmas. En su respuesta, Herrero puntualiza al eurodiputado catalán, que había sostenido que la solicitud no debía ser tenida en cuenta porque "el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" había decidido no cerrar la emisora en la región, cuando en realidad fue el Tribunal Supremo de España el que lo decidió.
Herrero recuerda que su petición iba más bien encaminada a denunciar la ley, aprobada el 29 de diciembre de 2005, que creaba el Consejo Audiovisual de Cataluña con poder "para silenciar aquellos medios de comunicación que, según su criterio, no emitan información veraz o se extralimiten en el ejercicio de la libertad de expresión". De hecho, recuerda el eurodiputado popular, el primer informe del CAC acusó a la COPE de haber vulnerado "las condiciones esenciales de renovación de las licencias de emisión".
Otra de las quejas de Guardans es que la petición de Herrero se había basado en una "opinión personal", a lo que el eurodiputado popular le replica que "se trata de una opinión que han suscrito públicamente las Asociaciones Profesionales más importantes del mundo de la comunicación", tal y como dijo el día que presentaron la petición, y además tiene el respaldo de 700.000 firmas. De hecho, Herrero dice que "si el CAC utilizara contra él los poderes que le ha dado la Generalitat con la mitad de esmero que los utiliza contra la COPE, al señor Guardans habría que retirarle todas sus licencias de emisión, incluidas las epistolares".
Por último, Herrero enumera "los datos objetivos" por los que la petición debería ser admitida a trámite.
- Es un hecho objetivo que la ley audiovisual catalana, que faculta al CAC para decidir qué es una información veraz y qué no lo es, está en vigor en Cataluña desde diciembre de 2005.
- Es un hecho objetivo que esa ley, a juicio de los firmantes de la petición 924/2005, de los 700.000 ciudadanos europeos que la apoyan y de las asociaciones mundiales más importantes en el ámbito de la comunicación, supone una seria amenaza para la libertad de expresión.
- Es un hecho objetivo que la secretaría de la Comisión de Peticiones ha declarado ya en dos ocasiones, y en dos documentos distintos, la admisibilidad de la petición.
- Es un hecho objetivo que hasta ahora no existe ningún precedente de que la admisión a trámite de una petición declarada admisible por la secretaría de la comisión haya sido declarada inadmisible por los miembros de dicha comisión.
- Es un hecho objetivo que el derecho de petición es uno de los derechos políticos inherentes a la condición de ciudadanía europea y que en el caso que nos ocupa ha sido ejercido por 700.000 ciudadanos de la Unión. Hacer un juicio de intenciones sobre las razones que les han llevado a hacerlo no es propio de un acérrimo defensor de los derechos fundamentales, si no más bien de todo lo contrario: de un censor de las conciencias ajenas.