L D (Europa Press) La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, María Salom, se refería así a la información que este jueves publica el diario El Mundo acerca de que la juez de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Manacor, Elena Lillo, ha elevado a la Sala Penal del Tribunal Supremo una exposición razonada en la que afirma que "existen indicios de criminalidad" contra Puig, al que atribuye un presunto delito de coacciones por participar en una protesta en la piscina de Pedro J. Ramírez.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Salom lamentó la "imagen" que ha dado el diputado republicano, quien, a su juicio, "utilizó" su condición de parlamentario "para entrar en el domicilio" del director de El Mundo. "Creo que esto es un descrédito para el diputado y para el conjunto de los diputados de esta Cámara porque fue una intervención vergonzosa", recalcó.
Por ello, aseguró que va a solicitar que este tema se eleve a la Comisión del Estatuto del Diputado pese a que, según añadió, ya lo intentaron en una anterior ocasión "y no hicieron ni caso" a su grupo. "El presidente Marín miró para otro lado y ningún grupo se quiso mojar para que el diputado Puig fuese a la Comisión del Estatuto del Diputado", se quejó, tras señalar que es "necesario" que esta comisión tome "alguna medida" sobre estos hechos.
Salom señaló que resultaría "curioso" que en un breve periodo de tiempo llegara a la Cámara Baja un suplicatorio y que "ningún grupo parlamentario del actual equipo que apoya al Gobierno, ni el presidente Marín" hubieran "hecho absolutamente nada" con respecto a estos acontecimientos. A su juicio, una actuación "a nivel interno" en el Congreso no está reñida con el hecho de que haya un procedimiento judicial en marcha.
Sin embargo, el Congreso sólo tiene previsto actuar en el caso de que llegue un suplicatorio del Tribunal Supremo, tal y como establece el artículo 13 del Reglamento de la Cámara Baja, informaron a Europa Press en fuentes de la Presidencia. Según dicho artículo, recibido un suplicatorio el presidente "previo acuerdo adoptado por la Mesa, lo remitirá en el plazo de cinco días a la Comisión del Estatuto de los Diputados".