(Libertad Digital) Después de los denodados esfuerzos del periódico El País y el PSOE por implicar al Partido Popular en la supuesta estafa de los sellos, El Mundo cuenta este jueves que Jorge Blázquez Lidoy, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó a mediados de 2005 desde su despacho en La Moncloa para intentar proteger a la empresa auditora de la sociedad de inversión Afinsa. Desde el entorno de Blázquez se niega esta información, según informa también el diario.
La auditora Gestynsa, que fiscalizó a Afinsa, pretendía que se archivase el expediente que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) había abierto a la empresa en octubre de 2003, ante la dificultad de comprobar documentalmente determinadas salidas de dinero extra.
Según las fuentes consultadas por los periodistas de El Mundo, Ana Lorenzo y Carlos Segovia, fue Jorge Blázquez, estrecho colaborador del director de la Oficina Económica, Miguel Sebastián, el que habría realizado gestiones para que el ICAC detuviese el expediente sancionador. Blázquez, según el diario dirigido por Pedro J. Ramírez, hizo varias llamadas al ICAC, algunas procedentes de la Moncloa, en las que habría llegado a instar a dicho organismo a que, "en nombre de Sebastián" se detuviese la investigación.
La auditoria se habría resistido a la hora de ofrecer las comprobaciones contables oportunas que le exigía el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, motivo por lo que la investigación sufrió numerosos retrasos y duró más de dos años y medio. Así hasta abril de este año el ICAC decidió imponer a Gestynsa una sanción de carácter grave por irregularidades detectadas en el ejercicio 2002. Curiosamente, este propuesta de sanción tuvo lugar tres semanas antes de que la Fiscalía Anticorrupción presentase la querella en la Audiencia Nacional.