L D (EFE) La operación fue confirmada también por fuentes la administradora de fondos de pensiones "Previsión", filial del BBVA, que prefirieron "no hacer más observaciones al respecto".
Tanto Previsión como Futuro de Bolivia, la gestora de pensiones de Zurich en la nación andina, tenían de plazo hasta este viernes para efectuar la transferencia, en cumplimiento de un decreto dictado el pasado lunes por el ejecutivo de La Paz.
El decreto complementa al promulgado el pasado 1 de mayo por el presidente socialista Evo Morales para asumir "el control absoluto" del negocio petrolero, hasta ahora dirigido por varias multinacionales, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras. La transferencia de estos valores, manejados desde la década pasada por el BBVA y Zurich, se realizó a una cuenta de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abierta el jueves en el Banco Unión, de propiedad del Estado.
Los papeles están registrados en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las dos AFPs desde que las autoridades privatizaron de forma parcial las principales empresas estatales en los años noventa, una medida que Morales ha decidido revertir, por lo menos en el sector petrolero. En el FCC están las acciones que los ciudadanos poseen desde entonces en las petroleras Andina, participada por Repsol YPF; Chaco, por el grupo británico British Petroleum, y Transredes, por la anglo-holandesa Shell y la estadounidense Enron.
Con la nacionalización, YPFB se queda con el cincuenta por ciento más uno de la participación accionarial manejada por la AFPs en Andina, Chaco y Transredes, del 48 por ciento en las dos primeras y del 34 en la última, para que la estatal asuma la dirección de estas empresas. En la misma operación, el FCC devolvió al Fondo de Capitalización Individual (FCI), creado con los aportes de los trabajadores para su jubilación, una inversión efectuada por la disposición gubernamental anunciada esta semana.
El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, ha explicado que la transferencia no significa que esta compañía estatal contará con ese dinero para efectuar inversiones y explicó que los valores se usarán como garantía para tramitar créditos. La filial del BBVA, que solamente tiene este negocio en Bolivia y no administra ninguna entidad bancaria, anunció el jueves en Madrid que ha decidido interponer un recurso indirecto de inconstitucionalidad contra el decreto que ordena la entrega de las acciones.
Según el grupo español, la medida podría vulnerar la ley que encomendó a estos fondos de pensiones la administración del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), en el que se incluía la gestión de las acciones de las petroleras, para cumplir la finalidad de atender el pago de una prestación para ancianos denominada Bono Solidario (Bonosol). El representante de Zúrich en Bolivia, Gonzalo Bedoya, también puso en duda la semana anterior la transferencia de acciones por razones similares.
El decreto complementa al promulgado el pasado 1 de mayo por el presidente socialista Evo Morales para asumir "el control absoluto" del negocio petrolero, hasta ahora dirigido por varias multinacionales, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF y la brasileña Petrobras. La transferencia de estos valores, manejados desde la década pasada por el BBVA y Zurich, se realizó a una cuenta de la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) abierta el jueves en el Banco Unión, de propiedad del Estado.
Los papeles están registrados en el Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), administrado por las dos AFPs desde que las autoridades privatizaron de forma parcial las principales empresas estatales en los años noventa, una medida que Morales ha decidido revertir, por lo menos en el sector petrolero. En el FCC están las acciones que los ciudadanos poseen desde entonces en las petroleras Andina, participada por Repsol YPF; Chaco, por el grupo británico British Petroleum, y Transredes, por la anglo-holandesa Shell y la estadounidense Enron.
Con la nacionalización, YPFB se queda con el cincuenta por ciento más uno de la participación accionarial manejada por la AFPs en Andina, Chaco y Transredes, del 48 por ciento en las dos primeras y del 34 en la última, para que la estatal asuma la dirección de estas empresas. En la misma operación, el FCC devolvió al Fondo de Capitalización Individual (FCI), creado con los aportes de los trabajadores para su jubilación, una inversión efectuada por la disposición gubernamental anunciada esta semana.
El presidente de YPFB, Jorge Alvarado, ha explicado que la transferencia no significa que esta compañía estatal contará con ese dinero para efectuar inversiones y explicó que los valores se usarán como garantía para tramitar créditos. La filial del BBVA, que solamente tiene este negocio en Bolivia y no administra ninguna entidad bancaria, anunció el jueves en Madrid que ha decidido interponer un recurso indirecto de inconstitucionalidad contra el decreto que ordena la entrega de las acciones.
Según el grupo español, la medida podría vulnerar la ley que encomendó a estos fondos de pensiones la administración del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), en el que se incluía la gestión de las acciones de las petroleras, para cumplir la finalidad de atender el pago de una prestación para ancianos denominada Bono Solidario (Bonosol). El representante de Zúrich en Bolivia, Gonzalo Bedoya, también puso en duda la semana anterior la transferencia de acciones por razones similares.