L D (EFE) En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega enfatizó que "no hubo ninguna instrucción política". "Ha habido una actuación profesional y sobre esa actuación profesional hay una decisión judicial de la que discrepamos", explicó la vicepresidenta. Añadió que se agotará el plazo para la presentación del recurso.
La sentencia también será recurrida por la Fiscalía de Madrid porque "no ha quedado acreditado" que la conducta de los agentes fuera constitutiva de los delitos por los que han sido condenados. Según la Fiscalía, la resolución judicial "no es ajustada a Derecho". Además, argumenta que se ha producido una "infracción de ley" por aplicación indebida del Código Penal y por "error de hecho en la apreciación de las pruebas". El borrador lo remitirá a la Fiscalía del Supremo, encargada de interponer el recurso.
En un comunicado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informa de que ha anunciado ante la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial, el tribunal que condenó a los policías, la preparación de dicho recurso que responde a su consideración de que la resolución judicial "no es ajustada a Derecho". En concreto, los motivos en los que la Fiscalía fundamentará su recurso de casación ante el Tribunal Supremo son la "infracción de ley" por aplicación indebida de los artículos del Código Penal y por "error de hecho en la apreciación de las pruebas", así como infracción de precepto constitucional.
La Fiscalía de Madrid remitirá un borrador del recurso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, encargada de preparar e interponer el recurso de casación contra la sentencia que condenó a los policías por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. La sentencia se hizo pública el pasado lunes y en ella se condenaba a tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (ATV) en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado.
La resolución fue comunicada el lunes por el presidente de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, Miguel Hidalgo, al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información (R.R.), a un inspector jefe (J.F.) y a otro inspector (J.L.G.), que fueron condenados por delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. Además, el tribunal fijó a favor de cada uno de los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, 12.000 euros de indemnización, ya que "sufrieron un daño moral", dinero que se pagará a la AVT "por expresa indicación de tales perjudicados".
La Fiscalía de Madrid remitirá un borrador del recurso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, encargada de preparar e interponer el recurso de casación contra la sentencia que condenó a los policías por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. La sentencia se hizo pública el pasado lunes y en ella se condenaba a tres policías a penas que oscilan entre 3 y 5 años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP tras una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (ATV) en la que el ex ministro de Defensa José Bono fue increpado.
La resolución fue comunicada el lunes por el presidente de la sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid, Miguel Hidalgo, al comisario jefe de la Brigada Provincial de Información (R.R.), a un inspector jefe (J.F.) y a otro inspector (J.L.G.), que fueron condenados por delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones. Además, el tribunal fijó a favor de cada uno de los dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, 12.000 euros de indemnización, ya que "sufrieron un daño moral", dinero que se pagará a la AVT "por expresa indicación de tales perjudicados".
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido de que su partido "no va a olvidar" el caso Bono hasta que el Gobierno "no asuma responsabilidades" ante la "enorme tropelía cometida, un atentado a los derechos fundamentales de los militantes populares de enorme gravedad".
En su intervención tras presidir en Cádiz la Junta Directiva Regional del PP, Rajoy ha aseverado que con la sentencia del caso Bono los tribunales "han dicho que ha habido un uso político y partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de un partido contra otro".
Así, ha recordado que ha pedido la dimisión del ministro de Interior cuando ocurrieron los hechos, José Antonio Alonso, actual titular de Defensa, y una comisión de investigación sobre "qué pasó" porque la detención de los militantes "no fue una decisión de los funcionarios policiales".