A petición de la consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó, se ha incluido la creación de "zonas de tolerancia" en la vía pública –algo que prohibían los borradores-, que quedarán en una disposición transitoria. Esta medida permitirá a los ayuntamientos decidir si se crean los llamados "barrios rojos", aunque solamente durante un año a partir de la entrada en vigor de la ley. Así se lograría un equilibrio entre la posición que inicialmente defendían las Consejerías de Interior y de Bienestar y Familia. Tura apostó inicialmente por prohibir la prostitución callejera, mientras que Simó apostaba por implantar zonas de tolerancia.
En el borrador también se incluye la obligatoriedad de que los prostíbulos disten de otros 500 metros, y tendrán que estar a medio kilómetro de los colegios y otros centros para menores. La Generalidad pretende igualmente que los locales no sean muy grandes, como mucho tendrán 12 habitaciones, y que estén preferentemente gestionados por las propias prostitutas, último aspecto que ya se insinuaba en anteriores borradores.
Una propuesta de las más novedosas es que las casas autogestionadas por las prostitutas puedan convertirse en cooperativas, y que además podrían ahorrarse algunas de las exigencias que establece la ley para locales de concurrencia pública.
Respecto a la jornada laboral de las prostitutas, la ley prevé limitarla a ocho horas diarias y seis días a la semana. Todas las exigencias serán controladas por los Mossos, que tendrán mayor potestad cerrar preventivamente un local cuando aprecien irregularidades.
El borrador, cuya elaboración ha puesto encima de la mesa las discrepancias entre el PSC y ERC, en el seno del tripartito, podría empezar a tramitarse en el Parlamento en junio, según informaron a Europa Press fuentes de Interior. Fuentes de la Consejería de Bienestar no quisieron valorar este nuevo proyecto promovido por Interior, sobre todo en la limitación de las áreas de tolerancia a un año de vigencia.