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Soldados bolivianos ocupan las instalaciones de Repsol YPF tras la nacionalización decretada por Evo Morales

El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó un decreto por el que nacionaliza la industria petrolera y de gas. La iniciativa de ley obliga a las empresas transnacionales a entregar toda la producción, la cesión del poder de gestión a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el pago de un nuevo impuesto del 32 por ciento. Las compañías tienen un plazo de seis meses para aceptar un nuevo contrato con YPFB o levantar sus inversiones y abandonar el país. Tras conocerse la medida, cientos de soldados ocuparon 56 campos petroleros, incluidos los de Repsol YPF. El Gobierno de España reaccionó a la medida expresando su "profunda preocupación".

El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó un decreto por el que nacionaliza la industria petrolera y de gas. La iniciativa de ley obliga a las empresas transnacionales a entregar toda la producción, la cesión del poder de gestión a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y el pago de un nuevo impuesto del 32 por ciento. Las compañías tienen un plazo de seis meses para aceptar un nuevo contrato con YPFB o levantar sus inversiones y abandonar el país. Tras conocerse la medida, cientos de soldados ocuparon 56 campos petroleros, incluidos los de Repsol YPF. El Gobierno de España reaccionó a la medida expresando su "profunda preocupación".
LD (Agencias) Las Fuerzas Armadas de Bolivia han tomado el control de 56 campos petroleros , incluidos los de Repsol YPF, por orden del presidente Evo Morales que horas antes había firmado el decreto supremo por el que ordena la nacionalización de los recursos petroleros y de gas. Los militares también han tomado dos refinerías que estaban controladas por las compañías Chaco y Andina, además de la transportadora "Transredes".
 
En un acto público coincidiendo con las celebraciones con motivo del Día del Trabajo, Morales leyó el primer artículo del decreto que a la letra dice: "El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos" lo cual redundará en la política económica del país. El Decreto Supremo 28.701 que ordena la nacionalización establece la recuperación el 82 por ciento de la producción petrolera para el Estado de aquellos campos que hayan alcanzado una producción superior a cien millones de pies cúbicos diarios de gas durante 2005.
 
Además, se establece para las empresas petroleras extranjeras presentes en el país andino un plazo de 180 días para adecuarse a las nuevas reglas para poder seguir operando en el país y advierte de que, en caso contrario, el Gobierno intervendrá sus instalaciones. "Si no se respeta el decreto la haremos respetar por la fuerza", subrayó Morales.
 
Sorpresivo decreto
 
La nacionalización de los hidrocarburos fue anunciada de manera sorpresiva en un viaje no anunciado de Morales al campo San Alberto, uno de los yacimientos más ricos del país participado por Petrobras, Repsol YPF y la francesa TotalFinaElf, en el sureste del país. Las empresas transnacionales se sorprendieron al ver soldados del Ejército y de la Policía en las puertas de sus instalaciones. La movilización militar tuvo el objetivo de "asegurar el normal aprovisionamiento de energéticos para el cumplimiento tanto de compromisos internacionales como el abastecimiento del mercado interno", según un comunicado castrense.
 
A su regreso a La Paz y tras visitar una de las refinerías en el centro del país, Morales compartió la decisión tomada con unos cinco mil trabajadores convocados por el Gobierno para celebrar el Día del Trabajo. El gobernante agradeció el respaldo popular a su decisión, y adelantó que está empezando a nacionalizar los hidrocarburos, pero "mañana será la minería, lo forestal, serán todos los recursos naturales". Añadió que la nacionalización del gas y el petróleo fue un regalo para los trabajadores en su día y en la víspera de cumplir los primeros cien días de su Gobierno, iniciado el veintidós de enero. Antes de concluir pidió algo de tiempo para también nacionalizar tierras, ocupadas por empresarios y reclamadas por los campesinos.
 
Profunda preocupación
 
La reacción del Gobierno español se conoció mediante un comunicado de prensa emitido por la Dirección General de Comunicación Exterior dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. El texto subraya "su más profunda preocupación" por el decreto supremo firmado.
 
El comunicado indica que "el Gobierno espera que el plazo anunciado a las empresas para regularizar sus actuales contratos abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas en el que se respeten los intereses de uno y otros y se evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos". Por último, la administración española asegura que "sigue muy de cerca" la situación y que mantendrá la cooperación en coordinación con el conjunto de países que mantienen las relaciones más intensas con Bolivia "para que se llegue a una solución satisfactoria para las partes".

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