L D (Europa Press) Hasta este viernes, el ex consejero era una persona aforada y el TSJC era el órgano que debía investigar la posible existencia de delito. Por ello, la Fiscalía remitió el jueves un escrito de 30 folios al Alto Tribunal catalán en el que se "solicita la incoación de procedimiento abreviado contra el excelentísimo señor Joan Carretero por la concesión arbitraria de las licencias ambientales y de obras a las entidades Bonpreu y Supeco".
No obstante, según explicó Mena, Carretero dejó de tener fuero esta mañana al dejar la conselleria y, por tanto, el TSJC deberá inhibirse en favor de un juzgado ordinario. Mena explicó que la Fiscalía remitió este jueves el escrito al TSJC porque no sabía que el ex consejero iba a dejar de tener fuero, ya que el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, no les informó de su voluntad de cambiar de gobierno.
Carretero y el actual alcalde de Puigcerdà, Joan Planella, fueron acusados en 2004 de prevaricación, prevaricación urbanística y desobediencia por, entre otras supuestas irregularidades, suscribir "con importantes grupos empresariales convenios urbanísticos" contrarios "al ordenamiento jurídico" para "favorecer los intereses particulares" de las empresas Gesdip S.A. y Grupo Supeco Maxor S.L..
La querella, presentada por el abogado de Puigcerdà Tomàs Lamarca Abelló, se refería a dos convenios urbanísticos firmados por el consistorio con dos empresas: Gesdip S.A., por el cual se permitió a la entidad construir una gran superficie comercial y una estación de servicio en una finca destinada a la construcción de 22 viviendas; y el convenio firmado con el Grupo Supeco Maxor S.L., por el que se permitió a esta entidad ampliar una superficie comercial y la construcción de una estación de servicio.
Según la denuncia, el conseller "tramitó los respectivos expedientes administrativos de manera absolutamente irregular, vulnerando las normas esenciales del procedimiento o prescindiendo, incluso, del propio procedimiento". La denuncia relataba, además, como el Ayuntamiento "desobedeció" diversas resoluciones judiciales que acordaron la suspensión cautelar de obras, "permitiendo su continuación".
Ahora, la consejería de Gobernación está en manos de Xavier Vendrell, investigado por enviar cartas a funcionarios de la Generalidad exigiendo una parte de sus salarios para ERC bajo amenaza de despido. El departamento que ahora dirige es el encargado de realizar la investigación administrativa de estas cartas.