L D (Europa Press) En un comunicado remitido a Europa Press, la Benemérita ha informado de que las investigaciones se iniciaron en el pasado mes de octubre de 2005, después de conocer que podría haber una persona ligada a una trama organizada dedicada a la concesión de incapacidades laborales mediante procedimientos "ilegales". Según la nota, tras las primeras averiguaciones, el Instituto Armado constató que esa persona contaba con la connivencia de un médico, que era, presuntamente, el encargado de supervisar las bajas que facilitan los facultativos de atención primaria, así como otros especialistas que facilitaban y supervisaban las bajas médicas.
Asimismo, relataron que, para este fin, los beneficiarios de estas pensiones, "con el objetivo de alcanzar el grado de incapacidad deseada y la consecuente pensión de invalidez", presuntamente abonaban cantidades de dinero que "rondaban los 24.000 euros". Las citadas fuentes precisaron que esta cifra era luego repartida entre los implicados y en el caso de que el beneficiario careciese de dinero, "dicho médico les facilitaba una póliza a través de entidades bancarias que posteriormente eran abonadas una vez concedida la pensión".