L D (V.G.) El juez de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado contra el ex consejero de Política Territorial del último Gobierno de Jerónimo Saavedra los cargos de cohecho y tráfico de influencias, por su supuesta participación en la trama de sobornos a cambio de licencias para la explotación de parques eólicos.
El concurso administrativo fue anulado por defectos formales, pero la investigación judicial de la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción destapó un panal de información privilegiada y comisiones, alrededor de la adjudicación de parques eólicos, un mercado regulado con ortodoxia intervencionista, en el que los políticos deciden quién participa y protegen al que ya está dentro, obligando al sistema a pagar por toda la electricidad vertida a la red.
Según ha estimado para Libertad Digital un mediano promotor de parques eólicos, cada molino puede rendir a su adjudicatario un beneficio neto medio de 100.000 euros al año, “sin otro esfuerzo que la inversión inicial en suelo y maquinaria, y un mínimo mantenimiento, y sabiendo que el mercado está obligado a comprarte toda la energía que viertas a la red. Es el negocio perfecto”, comenta este operador.
La llamada ‘trama eólica’ de Canarias se manifestó públicamente el pasado 9 de febrero, con la detención del ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo (PP), de su novia, de un funcionario del Instituto Tecnológico de Canarias –agencia dependiente del Gobierno regional – y de cuatro empresarios, dos de Canarias y otros dos, de Madrid.
El juez instructor, Miguel Ángel Parramón Bregolat, ha seguido citando a nuevos imputados, manteniendo en secreto el sumario. Los cargos contra José Francisco Henríquez y contra su cuñado, José Antonio Lucendo, obedecen al contenido de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía. Según publica el diario La Provincia, el ex consejero autonómico y ex concejal (PSOE) “dialogó en diferentes ocasiones con” el ex director general de Industria (PP) acerca del concurso eólico.
La implicación de Henríquez en la trama eólica ha conmocionado al PSOE canario, no sólo por la influencia de José Francisco Henríquez – Caco Henríquez, como le llaman sus allegados – en la familia socialista, sino por sus vínculos con la Administración de Zapatero.
Uno de los socios de Henríquez en el negocio de los medios de comunicación, Antonio Aquilino Márquez, es el delegado especial del Ministro de Hacienda en la Zona Franca de Gran Canaria.
Por otra parte, la relación de Caco Henríquez con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, provocó la protesta del Gobierno de Canarias, que amenazó con llevar al Congreso una iniciativa para que se investiguen los vínculos del ministro con “una trama dedicada a la extorsión de políticos y empresarios”, cuyo cabecilla sería el propio Henríquez, según denunció públicamente el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, el 14 de mayo de 2004.
El ministro de Justicia contrató para su Gabinete de Prensa a una periodista que trabajó en empresas de Henríquez. Y, en Canarias, es un rumor extendido, aunque no confirmado, que un hermano del ministro colabora como humorista gráfico en los medios periodísticos del ex consejero socialista imputado por cohecho y tráfico de influencias, bajo el pseudónimo de Sorrocloco.
Pero, ¿quién es este empresario socialista a quien el juez sorprendió tratando sobre licencias eólicas con un ex alto cargo del PP? Un diario confidencial en la Red, Off Canarias, lo definió como “un socialista dinástico” en noviembre de 2005, a raíz de una pintoresca iniciativa para bautizar como Infanta Leonor un hotel que acaba de comprar por 34 millones de euros al Grupo Sol Meliá en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.
Henríquez, ingeniero de Caminos y economista, fue una promesa del PSOE cuando la sucesión de Jerónimo Saavedra al frente de los socialistas canarios estaba aún abierta y el perfil académico y versallesco del anciano profesor de Derecho parecía marcar la pauta del relevo generacional.
Saavedra nunca pensó, en serio, que Juan Carlos Alemán –actual secretario general –, un maestro de escuela primaria de Bañaderos (Gran Canaria), afincado en Tenerife, sería digno de sucederle como anfitrión de la suntuosa fiesta canaria anual en el hotel Palace de Madrid, con ocasión de la feria de arte contemporáneo ARCO.
El ex ministro de Educación pensaba en alguien como Caco Henríquez, con sus títulos universitarios y sus visionarias ideas sobre el urbanismo que, con el paso de los años, han bajado de las nubes y se han mimetizado con las de los promotores inmobiliarios del lugar, quizá no tan sofisticadas, pero, desde luego, de contrastada eficacia para multiplicar el patrimonio familiar.
Dos episodios truncaron el ascenso de Caco Henríquez al cielo socialista. El primero, la traición de José Carlos Mauricio a Saavedra en los pactos de CC y PP del año 93, que significaron la caída del Gobierno socialista y la entrada del PSOE en un ciclo de ostracismo que José Blanco, basándose en sus propios sondeos de intención de voto, asegura que concluirá en 2007 con un candidato a la Presidencia autonómica que Ferraz quiere que sea Juan Fernando López Aguilar, aunque el ministro se resiste.
El segundo episodio que truncó la fulgurante carrera de Henríquez como aparatchik socialista fue el fracaso del Pacto por el Territorio, el proyecto estelar de Henríquez como consejero de Política Territorial del Gobierno autónomo, un documento farragoso e intervencionista con pretensiones de cosmovisión del urbanismo moderno, un ladrillo tan críptico como el I Ching y tan impracticable para los operadores como un libro de recetas de Paul Bocuse por un ama de casa.
Después de fracasar como delfín de Saavedra y planificador urbanístico, el ex consejero socialista se ha dedicado al negocio inmobiliario y al negocio de la política.
En el primero, le ha ido razonablemente bien, aunque sea cambiando el urbanismo de vanguardia por unas cuantas reglas sencillas de la especulación: comprar terrenos a tiempo y en zonas de explosivo crecimiento, tener buenos contactos en los Ayuntamientos y agencias gubernamentales, construir con ideas simples y a bajo coste, y vender a precio de oro.
El hotelero noruego Bjorn Lyng, que lo ha tenido a sueldo, pagó el pasado 29 de octubre de 2005 un anuncio en los periódicos locales, avisando a navegantes de que su empresa entregó más de 300 millones de pesetas al estudio de ingeniería de Henríquez por la redacción de distintos proyectos, sin que este hubiese justificado algunos de los pagos a cuenta.
En el negocio de la política, el veterano socialista ha optado por decirle al PSOE lo que tiene que pensar y lo que tiene que hacer, desde un conglomerado de medios de comunicación convertido en plataforma de extorsión de empresarios y políticos, según lo calificó el Gobierno de Canarias en mayo de 2004.
El ex consejero socialista se ha asociado al grupo Metro para editar una versión local del periódico gratuito. Además, mantiene una web sensacionalista y un canal de radio alegal, desde las que fustiga al Partido Popular y lincha la reputación de cualquiera que no esté dentro de la familia socialista o de su círculo de favores. Una sentencia judicial condenó el pasado 25 de octubre al director de sus medios de comunicación, Carlos Ramón Sosa, ex jefe de Prensa del PSOE, por “un delito continuado de calumnias con publicidad”.
La Asociación de Consumidores y Contribuyentes de Canarias, Consumo Sí, se dirigió a las marcas que se anunciaban en los medios de Henríquez, informándoles de sus prácticas sensacionalistas y delictivas, y consiguiendo que algunas firmas desistieran de invertir en ellos.