(Libertad Digital) El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, presidido por el socialista Pascual Maragall, ha recaudado en los dos últimos años más de 168.000 euros en sanciones a empresas y comercios por utilizar el castellano en lugar del catalán. Unos datos que han sido facilitados por el propio Consejero de Comercio, Turismo y Consumo, Josep Huguet, como respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz adjunto del PP en el Parlamento de Cataluña, Daniel Sirera.
Huguet reconoce que se han denunciado un total de 1.278 establecimientos de los cuales, 143 han acabado multados. Estos establecimientos se vieron obligados a acarrear con unas multas que sumaron 46.300 euros en 2004 y 122.050 euros en 2005. A esto habría que unir las 298 empresas que, actualmente, tienen expedientes abiertos. La gran mayoría pertenecen a Barcelona, exactamente 108, y un total de 102 expedientes pertenecen a empresas con la sede social fuera de Cataluña. A la cabeza de todas ellas está Madrid, con un total de 35 expedientes abiertos, pero también constan Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Zaragoza, Valencia, Badajoz, Alicante, Almería, Córdoba, Jaén y Vigo, entre otras.
Tras hacerse públicos estos datos, el popular Sirera ha denunciado que el Ejecutivo de Maragall obliga a los establecimientos a “renunciar a la lengua castellana bajo amenaza de ser sancionados” y ha señalado que utilizan “la inspección coactiva con el objetivo que los establecimientos modifiquen sus rótulos a cambio de no ser multados”.
El portavoz adjunto del PPC ha pedido al presidente del Parlamento de Cataluña que le autorice a revisar los expedientes sancionadores impulsados desde el Departamento que dirige el republicano Josep Huguet. Además, ha lamentado que sea un Gobierno presidido por un socialista el que haya incrementado los controles, inspecciones y multas a quien utiliza la lengua oficial del conjunto de España. “Desde que gobierna el tripartito, la libertad lingüística de los ciudadanos se ha visto claramente recortada”, ha añadido. Asimismo ha recordado que en los últimos dos años la Generalitat ha incrementado en un 400% su labor inspectora y se han recibido un total de 1.492 denuncias.