L D (Agencias) El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska decretó poco antes de la medianoche prisión eludible con fianza de 250.000 euros para el dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi como autor "mediato" o inductor de los 108 actos violentos cometidos durante la huelga del día 9 convocada por la formación ilegalizada, desde sellar con silicona cajeros automáticos hasta las bombas colocadas por ETA en las carreteras de acceso al País Vasco.
Además, el magistrado excarceló a los dos imputados que se encontraban en prisión incondicional por la misma causa, al permitirles abandonar la prisión cuando paguen cada uno de ellos una fianza de 200.000 euros. Se trata del ex responsable de Gestoras pro Amnistía Juan María Olano y del responsable de comunicación de Batasuna, Juan José Petrikorena, que ingresaron en prisión tras declarar ante el juez, respectivamente, los pasados días 15 y 16. Para ellos, la Fiscalía tampoco pidió la incondicional.
El juez afirma que Otegi, quien ingresará en la prisión madrileña de Soto del Real hasta que haga efectiva la fianza impuesta, deberá, una vez que la haya depositado, personarse diariamente entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde en dependencias de la Ertzaintza. La misma medida ha sido acordada para Olano y Petrikorena.
Cambio de opinión pese al silencio de Otegi
Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, pidió al magistrado que eleve en 100.000 euros, hasta los 500.000, la fianza que el pasado mes de mayo impuso a Otegi en la causa en la que investiga la subordinación de Batasuna a ETA y la supuesta financiación de la banda terrorista a través de las "herriko tabernas".
Esto supone un claro cambio de la postura anunciada por la Fiscalía el pasado día 10, cuando Cándido Conde Pumpido, dijo públicamente que se pediría el ingreso en prisión incondicional de Otegi al estimar que con su actuación en los días previos a la jornada de huelga había incumplido las condiciones de la libertad bajo fianza.
Posteriormente, el pasado día 23, cuando ETA ya había anunciado el "alto el fuego permanente", Conde Pumpido mantuvo una reunión el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, al término de la cual un portavoz de la Fiscalía informó de que no había "nuevas instrucciones" respecto a la decisión que el ministerio público debía adoptar en la comparecencia de Otegi.
Según las fuentes consultadas, el dirigente proetarra se negó este miércoles a contestar a las preguntas que le fueron planteadas, y se limitó a hacer una exposición en la que justificó su actuación en relación con la convocatoria de la jornada de huelga tras la muerte de dos presos etarras diciendo que es propia de su actividad política, pese que se trata de una formación ilegalizada.
Esto supone un claro cambio de la postura anunciada por la Fiscalía el pasado día 10, cuando Cándido Conde Pumpido, dijo públicamente que se pediría el ingreso en prisión incondicional de Otegi al estimar que con su actuación en los días previos a la jornada de huelga había incumplido las condiciones de la libertad bajo fianza.
Posteriormente, el pasado día 23, cuando ETA ya había anunciado el "alto el fuego permanente", Conde Pumpido mantuvo una reunión el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, al término de la cual un portavoz de la Fiscalía informó de que no había "nuevas instrucciones" respecto a la decisión que el ministerio público debía adoptar en la comparecencia de Otegi.
Según las fuentes consultadas, el dirigente proetarra se negó este miércoles a contestar a las preguntas que le fueron planteadas, y se limitó a hacer una exposición en la que justificó su actuación en relación con la convocatoria de la jornada de huelga tras la muerte de dos presos etarras diciendo que es propia de su actividad política, pese que se trata de una formación ilegalizada.
Otegi pronunció un discurso ante Grande Marlaska en la que se desvinculó de los actos violentos durante la huelga y afirmó que dijo que, "en términos humanos", todo el mundo sabe que construir un "modelo de solución y paz" es muy difícil, pero aseguró que ahora hay una "oportunidad real de solucionar los problemas". Añadió que el sufrimiento "existe en todas partes" y que todo el mundo tiene que poner de su parte para lograr la paz, y finalizó pidiendo que todo se haga "en términos democráticos de Justicia, libertad y paz".
Las acusaciones populares personadas en la causa, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia, pidieron el ingreso en prisión incondicional de Otegi y calificaron de "irrisoria" la fianza de 100.000 euros que solicitaba el fiscal.
Antes de la comparecencia de Otegi, el fiscal general del Estado declaró que su decisión sobre se produciría "en función de la comparecencia". Fuentes de la Fiscalía indicaron que la instrucción que dio Conde Pumpido a los fiscales que asistieron a la comparecencia fue, efectivamente, que estudiaran la medida a pedir en función de cómo se desarrollara la declaración de Arnaldo Otegi. Los fiscales que asistieron a la comparecencia de Otegi son el teniente fiscal de la Audiencia Nacional y fiscal jefe en funciones, Jesús Santos; el fiscal adscrito al caso Juan Moral y, como apoyo, el fiscal especializado en terrorismo Jesús Alonso.
El PP exige prisión
El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, aseguró por la mañana, antes de conocerse la decisión del fiscal, que la Fiscalía debe "ratificar" su solicitud de prisión para Otegi, tal y como anunció antes del alto el fuego de ETA. Según dijo, el Estado de Derecho "no está en tregua" y se debe aplicar "por igual a todos los ciudadanos". "Esperamos que, como es natural, la Fiscalía ratifique lo que anunció antes de que se produjese la declaración del alto el fuego por parte de ETA, y que era que solicitaría por razones jurídicas, que son las de aplicación a este caso, la prisión de Arnaldo Otegi", dijo Astarloa. No fue así. Horas después, aún sin conocer el auto, Astarloa lamentó que el cambio de opinión del fiscal era "el peor comienzo posible" tras la entrevista de Zapatero con Rajoy en La Moncloa.