(Libertad Digital) Tras el pacto alcanzado con los independentistas catalanes en Perpiñán en pro de la “desestabilización del Estado español”, resultaba evidente que la organización terrorista ETA, por mucho que valorara –como lo ha hecho– el proceso soberanista abierto con el nuevo “Estatuto” de Cataluña, no se iba a contentar con que el nacionalismo catalán fuera el único en avanzar posiciones hacia sus objetivos separatistas.
Hacía falta que el presidente del Gobierno del 14M –al que ETA le ha había instado, nada más llegar al gobierno, a dar “pasos tan valientes en Euskal Herria como los que se van a dar en Irak”–, también abandonara el frente constitucional en el País Vasco para sumarse a los partidos separatistas de Estella para acabar con el actual Estatuto de Guernika.
El presidente del gobierno del 14M, que se ha mostrado en todo momento condescendiente con el nacionalismo con tal de sellar un frente antiPP, ya ha dado muestras de su disponibilidad para abandonar el marco constitucional y estatutario también en el País Vasco. Sólo que para poder hacerlo necesitaba y necesita enmascarar esa cesión ante la opinión pública en un electoralista y anestésico “proceso de paz”.
Si el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo impedía a sus firmantes cualquier acuerdo con las formaciones de Estella mientras no abandonaran sus objetivos soberanistas, Zapatero acordó precisamente con estas formaciones, y con el resto de partidos nacionalistas, una resolución parlamentaria en la que se sustituía el concepto de “derrota del terrorismo” por un ofrecimiento de “diálogo” a ETA a cambio de un cese de la violencia.
Desde entonces, el Gobierno del 14M no ha hecho otra cosa que hacer significativas concesiones a los terroristas con tal de alcanzar ese pacto-tregua. Además de la ya citada resolución parlamentaria y de la ruptura del pacto antiterrorista, el gobierno del 14M ha tratado de impedir en todo momento la aplicación de la Ley de Partidos sobre los proetarras del PCTV y la propia Batasuna. Así mismo, y también con la condescendencia del Fiscal General del Estado, el gobierno no ha respaldado –incluso ha depurado– a los representantes del Poder Judicial que han dado muestras de su compromiso, no con el mal llamado “proceso de paz”, sino con el imperio de la ley y el Estado de Derecho. La depuración del fiscal Fungairiño, las críticas al juez Grande-Marlaska, o el acoso al mismísimo presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, son una clara muestra de hasta qué punto los partidarios de la firmeza del Estado de Derecho contra el terror constituyen un obstáculo para el pacto-tregua entre Zapatero y ETA.
El gobierno del 14M ha tratado también, desde el primer momento, de neutralizar a las víctimas, conciente de que su oposición a la impunidad de sus verdugos y su reclamación de Justicia, podían ser un obstáculo para el pacto con ETA.
Si Ibarretxe, hace unas semanas, daba un ultimátum a ETA y al Gobierno para que cerraran el acuerdo, asegurando que, tras el verano, impulsaría por su cuenta el cambio del marco legal y político en el País Vasco, Zapatero ha logrado, por fin, el anestésico de la paz para contribuir en esa tarea sin desgaste electoral. Ibarretxe ya no tendrá mucho más que esperar.
ETA, por su parte, ha sido muy clara al reclamar no sólo el “fin de la represión” –eufemismo con el que los terroristas se refieren al Estado de Derecho- sino la consecución de la autodeterminación.
Cualquier gobierno debía haber extinguido las esperanzas de los terroristas con el cierto horizonte del banquillo de la Justicia. En lugar de eso, el gobierno del 14M se las ha hecho recobrar situándoles en el horizonte la mesa de la negociación. Ahora, o se sacian o estallarán con renovada virulencia.