Sin embargo, el texto que entró en la Ponencia elaborado a espaldas del principal partido de la oposición va a salir de la Comisión dando incluso la espalda a varios de sus promotores iniciales más destacados: el Presidente de la Generalitat de Cataluña y ERC. Sin embargo, en este debate, a pesar de ello, han primado las prisas, las ganas de terminar cuanto antes; pensando ya únicamente en la fecha menos inoportuna para celebrar el referéndum.
Todo ha ido en detrimento de una discusión profunda realizada ante los españoles que, dicho sea de paso, ni nos han mandatado para esto ni han sido consultados. No es muy digno para este Parlamento que, cuando el Parlamento catalán había tardado más de dos años en llegar a un acuerdo, se pretenda cerrar aquí el trámite en apenas dos semanas, señor Presidente.
¿Por qué se ha hurtado el debate a los españoles? ¿Por qué se ha negado a mi grupo el debate que solicitamos artículo por artículo?
Porque hasta el propio Presidente de la Generalitat de Cataluña considera “dudoso y precipitado” el texto que hoy se terminará de aprobar en esta Comisión. Porque termina en medio de acusaciones mutuas de demagogia, con votos de rechazo anunciado por alguno de los autores del proyecto, y hasta en medio de ofertas de carteras ministeriales no desmentidas, que, digo yo, poco tendrán que ver con la bondad o no del Estatuto.
Señorías, estos reproches no han sido más que el broche a un trágala parlamentario. Esta Comisión ha sido una mera puesta en escena de un Estatuto que siempre estuvo y, sigue estando, al margen de la Comisión. Realmente, la Ponencia y la Comisión han estado a la espera de negociaciones siempre lejos de esta sala y de esta casa, en un papel pasivo y secundario, inocultable, para todo aquel que haya querido verlo. Ustedes lo saben. Por eso, les incomoda y hasta les parece subversivo que más de tres millones de ciudadanos estampen su firma en un papel reclamando simplemente ser escuchados. Y el resultado ha sido el único posible. La patena no sólo no se ha limpiado, sino que se ha convertido en una bandeja de plata para grabar en ella la ruptura del consenso constitucional y la desigualdad en el modelo de Estado, tal y como quieren los nacionalistas.
Señorías, este no es el Estatuto de una generación, éste es el Estatuto de una coyuntura determinada, si se prefiere, de una mayoría pírrica. De un modo obcecado, sectario e irreflexivo ustedes han renunciado a la regla de oro de nuestra transición democrática. El propio Rodríguez Zapatero lo declaraba en el debate sobre el Plan Ibarretxe. Decía literalmente: “las normas políticas con el 51% para ordenar la convivencia acaban en fracaso”. Con pocos votos más, ustedes van a aprobar este Estatuto. Y además nace con el rechazo generalizado del resto de España, entre otros motivos, porque se les está imponiendo sin consultarles.
Ustedes saben que este es un Estatuto para una sociedad que no existe porque Cataluña no es excluyente, y ni siquiera es nacionalista en buena parte de sus ciudadanos. Este es un Estatuto elaborado a espaldas de muchos, de demasiados catalanes. A espaldas del 53% de catalanes que tienen como primera lengua el castellano. A espaldas del 71% de catalanes que no considera a Cataluña como la nación que se consagra en este Estatuto. A partir de ahora serán ellos los que deberán amoldar sus opiniones a la nueva Cataluña oficial. Este Estatuto es la consagración de una Cataluña cerrada a todo lo que no sea nacionalista y de izquierdas. Y todo lo dicho queda meridianamente claro en el Preámbulo, cuyo debate en el momento final indica, mejor que nada el valor decisivo que posee para el conjunto del Estatuto. Una importancia inocultable que solo el representante de la mayoría hoy en el gobierno se empeña inútilmente en minusvalorar.
Señorías, según algunos, no deberíamos preocuparnos porque los preámbulos no sirven para nada. “Todo es discutido y discutible”, como se dijo de la Nación. Pero, a pesar de lo que se diga o pueda decir el Sr. Rodríguez Zapatero los preámbulos, saben sus señorías, son esenciales. Los preámbulos de las leyes son la parte que justifica la razón de ser de una ley. Por eso, un mal artículo es mejor que un mal preámbulo, porque este último puede dejar sin efectos al primero.
Estamos, o ante una broma, o ante una tomadura de pelo al votante del Referéndum futuro. ¿Qué es eso de que los preámbulos en Derecho son como los prólogos en Literatura? Siempre se ha considerado que siendo las leyes una norma coactiva, es decir, de obligado cumplimiento, el legislador tiene que justificarse y justificarla. Ese es el papel que cumple el preámbulo del Estatuto. Negar la validez jurídica de los preámbulos es desconocer la propia doctrina del Tribunal Constitucional y lo que dice la inmensa mayoría de los profesionales del derecho.
Lo digo con palabras de uno de ellos: el valor del preámbulo es "el de ofrecer al intérprete un material de primera mano a la hora de aclarar el sentido de las normas… y, al mismo tiempo, trazar unas líneas de referencia a los poderes públicos en su labor de actuación y desarrollo de los contenidos …”. Esto lo escribía Raúl Morodo, me imagino que les resultará familiar. Es decir, el preámbulo no sólo sirve para interpretar el sentido de las normas, sino obliga también a los poderes públicos a seguir una acción política determinada. Por eso el Preámbulo de la Constitución es la máxima expresión del consenso de todos los españoles. Y por eso el preámbulo que hoy nos ocupa es una expresión de una Cataluña oficial en la que la mitad de sus ciudadanos no pueden sentirse cómodos al no ser ni nacionalistas, ni de izquierdas.
¿Podrá negar alguien en esta sala que el preámbulo tiene un valor interpretativo determinante? Si el preámbulo no tiene apenas valor, como se ha dicho, ¿por qué ha cambiado el que propuso el Parlamento de Cataluña en el texto original? Si no sirve para nada ¿Por qué no mantenemos el que aprobó más del 90% de catalanes en 1979?. Si no sirve para nada, ¿por qué y para qué tanta discusión? Señorías, seamos serios. En la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos decenas de sentencias fundamentadas en preámbulos de textos legislativos, estatutarios, directivas europeas y en la propia Constitución.
En la Comisión Constitucional, señor Presidente, no debería ser necesario perder ni un solo minuto en demostrar que los preámbulos tienen un evidente valor jurídico interpretativo reconocido amplísimamente en la jurisprudencia y por la doctrina. Y por eso sí importa y mucho lo que dice este preámbulo. Por eso, la legitimidad futura de este Estatuto está en cuestión. Por eso es tan grave lo que se va a aprobar dentro de un rato hoy aquí.
En este Preámbulo que hoy debatimos, se ha reconocido un acto de soberanía del Parlamento de Cataluña al margen de nuestra Constitución. Se dice textualmente: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Se reconoce un acto de soberanía paralela a la que constitucionalmente representa esta Casa. Y yo me pregunto, señorías, a propósito de esta soberanía reconocida al Parlamento Catalán, ¿qué hay de esencialmente diferente entre este acto de soberanía paralela y el que, por ejemplo, nos planteaba la norma del Parlamento Vasco conocida como Plan Ibarretxe?
¿Quien puede decir, sin violentar la verdad, que la propia Constitución “reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad”?
¿Dónde se declara eso en la Constitución? ¿Por qué se manipula la realidad de nuestra Ley de Leyes, de nuestra Constitución?
Que nadie se engañe. A partir de ahí, es lógico y coherente también que, de un preámbulo que reconoce la nación catalana, luego en el articulado se detallen los símbolos nacionales de dicha nación. Como es lógico y coherente que también tenga una relación bilateral con el Estado, unas competencias exclusivas insumisas a la legislación básica, y unas relaciones exteriores propias. A partir del Preámbulo es consecuente violentar la Constitución que era nuestro modelo de convivencia política. Y es lógico y coherente que, como nueva nación, realice su aportación a la solidaridad común una vez que tenga garantizada por ley la gestión tributaria y su cuota de inversiones del Estado.
En definitiva, un status tal que hace inviable la acción del Estado. Por eso el Sr. Mas, coautor del Estatuto, no se cansa de repetir que el Parlamento español va a reconocer que Cataluña es una nación, que eso es lo que vamos a votar dentro de un rato en esta Comisión. Y que diga esto el Sr. Mas es, con todos los respetos, un anticipo de lo que nos espera. Porque será desde el nacionalismo catalán, desde donde se hará valer lo aquí acordado. Son ustedes, los socialistas, los únicos en esta sala que no quieren admitir que este Estatuto reconoce a Cataluña como una nación.
No perdamos el tiempo. No nos hagan perder el tiempo con quién va a gestionar el aeropuerto del Prat. Salvo que sea un incentivo para que algunos se sumen a última hora al acuerdo, o la excusa para intentar demostrar que no se entrega todo. Una vez que la izquierda de este país ha renunciado a defender la idea de España que está presente en nuestra Constitución, todo lo demás, cualquier pretensión que tengan, es sencillamente cuestión de tiempo.
Podrán seguir refugiándose, y sin duda lo harán, en el “No Pasa Nada” e incluso, como sueña el Presidente Rodríguez Zapatero, que no se note demasiado antes de las próximas elecciones, pero es evidente que esta reforma se plantea para que pasen cosas y las que nos esperan no son nada buenas.
Señorías, no es el término nación el único punto de ruptura del eje de nuestra constitución. No quiero dejar de hacer un breve comentario sobre los tan traídos y llevados derechos históricos. Fundamentar el autogobierno en una legitimidad distinta a la de la Constitución de 1978 no es sólo una vulneración de la misma, es una falsificación de la historia. Todo el constitucionalismo español, desde la Constitución de Cádiz de 1812, ha confirmado la falta de vigencia de esos derechos históricos. Esa es una opción histórica del Estado español contemporáneo, por una voluntad sostenida y general de moderados y progresistas, desde 1812 a 1978, pasando por la Constitución de 1931, que a veces a algunos tanto les gusta recordar.
La reaparición de los derechos históricos en el estatuto catalán es una vuelta atrás, hacia el privilegio fiscal, los jueces propios -más próximos siempre al gobierno que al justiciable-, la lengua impuesta desde las instancias educativas oficiales y la cultura monolingüe. Es el federalismo asimétrico a favor de una supuesta nación en la que según las encuestas solo cree uno de cada 4 catalanes. Los otros tres, sin duda, son malos catalanes. Solo los catalanes que colaboran ahora en este presunto destino histórico, son para ustedes buenos catalanes.
Señorías, desde mi Grupo afirmamos una vez más que el único objetivo que inspira el Estatuto es el cambio del modelo de Estado. En este Estatuto, el Estado Autonómico se liquida. Aunque debemos reconocer que no sabemos en qué: un Estado federal asimétrico, un Estado confederal, un Estado plurinacional, … Aquí se ha oído de todo en los últimos días. Pero es igual. Hasta el Sr. Rubalcaba nos ha confesado que votará lo que no le gusta, y el Sr. Mas dice que el Título de derechos y deberes sobra. Lo quitaría, ha dicho en ésta Comisión. ¿Y si no le gusta, por qué lo votó a favor? No es un Título cualquiera. Son temas que afectan directamente a los valores y a los principios.
Desde mi punto de vista y desde el más profundo respeto, esos principios y valores que hacen referencia a derecho fundamentales de los individuos son un precio demasiado alto, en aras de un consenso parlamentario tan escasamente representativo como el que va a obtener este Estatuto.
Señorías, hay dos conclusiones meditadas que me corresponde hacer como último ponente de mi Grupo Parlamentario. En primer lugar, la aprobación parlamentaria viene a ser como un anticipo de lo que le espera a la política española, a partir del día que se marquen los señores negociadores para la eventual ratificación popular en el Referéndum. Con este Estatuto, los gobernantes de Cataluña aspiran a dejar las instituciones comunes españolas en un segundo plano y, como quien dice, a expensas de lo que las de Cataluña tengan a bien hacer y decidir. De aprobarse el Estatut, se establecerá en la política española la facultad de veto a las leyes comunes del Estado desde unos órganos autonómicos y el reconocimiento de una cuota de control, más otra de insolidaridad financiera. Esto se lo debemos al otro gran partido español, al Partido Socialista Obrero Español.
Y en segundo lugar, creo que con este Estatuto el catalanismo ha dejado de ser una fuerza modernizadora española para apuntar su fuerza de influencia y convicción en la otra dirección, en la contraria: la de restar su esfuerzo en la tarea común para ocuparse casi por entero de sí misma.
Señor Presidente, me gustaría concluir mi intervención con las palabras del primer Presidente de Gobierno de la España constitucional. Verdadero y reconocido impulsor del Estatuto de 1979, junto con el Presidente Tarradellas, y del modelo autonómico que tanto éxito nos ha traído y al que ustedes quieren poner punto y final.
“El diálogo es el instrumento del acuerdo. Pero hay una regla de oro inviolable en toda negociación: no pedir lo que no se puede entregar. Respetándola todo es posible”. Saben sus señorías que me estoy refiriendo a Adolfo Suárez. Hace más de siete años, el 30 de octubre de 1998, tuve la fortuna de coincidir en la Universidad de Valencia, donde pronunció estas palabras. Me vienen con fuerza hoy estas palabras, como colofón a cuánto aquí hemos oído y expresado. Pues bien, en éste Estatuto se ha pedido lo que no se podía dar y se ha entregado lo que no se podía ceder. Esta regla de oro ha sido entendida hasta la fecha por todas las Cámaras en las anteriores 7 legislaturas, y por todos los Presidentes de Gobierno. Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar supieron encauzar las pretensiones rupturistas que siempre nos han acompañado. A éstos, la historia les agradecerá haber mantenido embridadas esas presiones con las que convivimos, porque quisimos que así fuera, al diseñar un sistema electoral que, bajo la responsabilidad de todos los partidos implicados, determinara un razonable equilibrio entre las sensibilidades políticas y territoriales.
Un sistema electoral que deja de ser útil cuando se permite que se utilice en defensa de intereses particulares y partidistas y en detrimento del interés de la Nación española. Aquí se ha pedido lo que no se podía constitucionalmente entregar y el Sr. Rodríguez Zapatero ha concedido lo que no tenía el mandato de ceder. Engrosará la lista de gobernantes que mal interpretaron su papel, faltando a su deber de velar por el interés general. Gobernantes mal preparados, incapaces de ver mas allá de la duración de su mandato electoral.