L D (Europa Press) El portavoz, Oliver Drewes, dijo que el Ejecutivo comunitario sigue analizando si el decreto vulnera o no el Tratado, como es su "obligación", y si la respuesta es positiva, lanzará un procedimiento de infracción contra España. "Para llegar a una conclusión no precisamos necesariamente la información del Gobierno español. Tenemos bastante información", subrayó. Bruselas envió el pasado 3 de marzo una carta a las autoridades españolas en la que pedía explicaciones en un plazo máximo de 10 días sobre el decreto, al considerar que podía vulnerar el principio de circulación de capitales y el derecho de establecimiento. El Gobierno pidió más tiempo para responder pero la Comisión denegó la prórroga y reiteró que el último día para responder era el 17 de marzo.
Drewes confirmó que el 17 de marzo se recibió un fax de las autoridades españolas "en el que dicen que están dispuestos a cooperar con la Comisión y que nos enviarán más información cuando sea posible según sus procedimientos internos". El Gobierno ya había anunciado que respondería a Bruselas cuando pudiera. El retraso en la respuesta "agrava la situación para el Gobierno español porque no dice nada en su defensa", señaló el portavoz, en un momento en que el Ejecutivo comunitario considera la posibilidad de abrir expediente contra España. La Comisión podría además decidir no considerar la información que le envíe Madrid por no llegar a tiempo.