L D (Europa Press) Se trata de los artículos que blindan las competencias exclusivas de la Generalidad y las competencias compartidas, de forma que se otorga a la Administración catalana la potestad legislativa, reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo con rango de ley, con contadas excepciones.
El PP mantuvo su posición de oposición frontal y por boca de Federico Trillo defendió su rechazo a la tipología de las competencias alegando que "reduce" la presencia del Estado en Cataluña y se plantea una redacción "tecnocrática", en ocasiones "incomprensible". Para Trillo, el Estatuto persigue un "triple blindaje de competencias" que, lejos de acabar con la conflictividad entre administraciones, creará "más pleitos". Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, responsable de Política Autonómica del PP, denunció que el legislador catalán "mira con desconfianza" al Estado y se quejó del "doble rasero" que sufre la Administración General. Tras recalcar que con el Estatuto se produce la "demolición" de la legislación general, pidió "reciprocidad" para el Estado de tal forma que se garantice el ejercicio exclusivo de sus competencias.
Desde el PSOE, el secretario general del grupo parlamentario, Diego López Garrido, aseguró que los citados artículos "clarifican el terreno de competencias del Estado y las autonomías y no crean más pleitos". Además, destacó que el Estatuto será "referencia en este sentido" y garantizó su "plena constitucionalidad". López Garrido consideró esta clasificación de competencias supone una "nueva etapa del impulso autonómico" del Estado y reprochó a Sáez de Santamaría su poca creencia en el Estado de las Autonomías. "Ustedes no quieren que haya ningún cambio en el Estado de las Autonomías", sentenció.
Reformar la Constitución
La dirigente del PP instó al socialista a "no dar lecciones de creencia en el Estado autonómico" y señaló que "si se quiere cambiar de modelo de Estado y establecer otro reparto competencial hagámoslo con una reforma de la Constitución, a las claras y que todos los ciudadanos decidan".
ERC defendió sus dos votos particulares a los artículos 114.1 y 115.2 que regulan la actividad de fomento y el alcance territorial y efectos de las competencias, cuando éstas superan los límites de la autonomía de Cataluña. No obstante, Joan Ridao destacó que el objetivo del Parlamento catalán sea garantizar las competencias de la Generalidad y establecer mecanismos para "constitucionalizar las normas estatales". Por parte de CiU, Josep Sánchez Llibre pidió al PP más "rigor, seriedad y sentido común" y lamentó que los populares vean a las autonomías como "adversarias" del Estado. Para Sánchez Llibre, el PP tiene "miedo, pánico y terror a que el Estado desaparezca, quizá porque la mayoría son funcionarios de alto nivel".
El consejero de Relaciones Institucionales de la Generalidad y presidente de ICV, Joan Saura, explicó el sistema actual de competencias no se corresponde "ni con el espíritu ni con la letra" del Estatuto de 1979, por lo que la única salida era detallar mejor la distribución de tareas.