(Libertad Digital) A continuación, la intervención íntegra de José Montilla recogida por el departamento de Comunicación del Gobierno a través de La-Moncloa
El ministro de Industria, José Montilla:
"En primer lugar, comentaré brevemente los dos Anteproyectos de Ley que modifican, por un lado, la Ley 54/97 del Sector Eléctrico, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva comunitaria de 2003; y, por otro lado, la que modifica la Ley 34 de 1998 del Sector de Hidrocarburos, también para adaptarla a la correspondiente Directiva comunitaria del año 2003.
En lo que hace referencia a la modificación de la Ley del Sector Eléctrico, tiene tres objetivos: por un lado, el introducir, obviamente, en nuestro ordenamiento jurídico las disposiciones recogidas en la Directiva; introducir algunas modificaciones regulatorias para favorecer la competencia y también algunas pequeñas modificaciones técnicas que tienen que ver también con el proceso de convergencia con nuestros vecinos portugueses para la construcción del MIBEL.
En lo que hace referencia a lo más importante, que es la transposición de la Directiva, en primer lugar, se contempla la separación jurídica y funcional entre las actividades de red, es decir, entre la distribución y el transporte, y las de suministro o comercialización; se regulan las obligaciones de servicio público y de protección al cliente; a partir del 1 de enero del año 2011 se pondrá fin a la existencia de un suministro a tarifa; el suministro lo ejercerán los comercializadores en libre competencia y, a partir de esa fecha, se creará el suministrador de último recurso, que será el que estará obligado a atender a los consumidores a un precio máximo.
El Gobierno quedará habilitado para designar quién será el responsable de este suministro y las tarifas de último recurso serán precios máximos establecidos por la Administración Pública para los consumidores, para quienes se concibe el suministro eléctrico, obviamente, como un servicio universal, tal y como, por otro lado, contempla la propia Directiva. La actividad se llevará a cabo por las empresas comercializadoras a las que se les imponga esta obligación y llevarán a cabo la actividad con separación de cuentas, diferenciando la actividad de suministrador de último recurso de la actividad de suministro en lo que es el libre mercado.
Se fija un plazo límite para que Red Eléctrica resuelva un contrato existente con EDF en enero de 2010, debido a que una misma empresa no podrá ejercer más de una función dentro del sistema. En este caso, como ustedes saben, Red Eléctrica es transportista y, por lo tanto, no puede ser distribuidora de energía. Se establece un período transitorio en el sector eléctrico para evolucionar desde el sistema actual, donde el distribuidor es el responsable del suministro a tarifa, hasta ese sistema futuro, basado en el comercializador de último recurso. En este período surge la figura intermedia del comercializador a tarifa regulado, que sale de la actividad de distribución. Este período es necesario para acercar la tarifa a lo que será la futura "tarifa refugio", que deberá ser, como he dicho, un precio máximo y, por lo tanto, en los niveles en los que se mueve el mercado; situación que no se da ahora, como ustedes saben, y que está generando lo que se conoce como déficit tarifario.
Se incorporan unas modificaciones que tienen que ver también, en este caso, con la diferenciación entre lo que es el transporte primario y secundario. El transporte primario estará formado por las instalaciones de 400 kilovoltios y el secundario, por las de 220.
Competencias de las administraciones
Se redistribuyen las competencias entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, siendo la Administración General del Estado competente para la autorización del transporte primario y las Comunidades Autónomas para el secundario, a semejanza de lo que ya ocurre en el gas y que en lo que hace referencia a la electricidad no estaba contemplado hasta ahora. Se regula el sometimiento de los planes de inversión. Hasta ahora, una vez aprobado en el documento de planificación de infraestructuras, eran las empresas quienes deciden el orden para construir los proyectos.
En el caso, por ejemplo, de las empresas transportistas normalmente eligen los mejores proyectos desde el punto de vista de la rentabilidad financiera y no siempre coincide, evidentemente, con las necesidades o con el interés público, y más tarde se pide la remuneración extraordinaria para aquellos proyectos que han resultado más atractivos. Con esta medida se trata un poco de aprobar paquetes donde, evidentemente, haya proyectos más rentables desde el punto de vista de su rendimiento económico y otros que no lo son tantos. Se crea una oficina responsable del cambio de suministrador en consonancia, además, con una de las obligaciones derivadas de la OPA, que además anunciamos que, al margen de los avatares de la OPA, teníamos la intención de regularlo con carácter general y para todas las empresas. Con ello lo que se pretende es el acceso eficaz y no discriminatorio a las redes de los distribuidores.
En este sentido, como ustedes saben, en la actualidad son las empresas distribuidoras las que certifican que un cliente ha cambiado de comercializadora y son las que determinan, de facto, cuando se produce el cambio de facturación al cliente. Esto da un enorme poder a las distribuidoras, que en ocasiones, obviamente, lo han utilizado para favorecer a las comercializadoras que son de su propio grupo. Se trata de limitar dicha capacidad de las distribuidoras y otorgarlo a una agencia independiente, que ejercerá estas funciones y a la que se podrán dirigir en este caso los consumidores para cambiar de comercializadora.
En la financiación del Operador del Mercado también se introduce un cambio y es que OMEL deja de ser financiado a través de la tarifa y pasa a ser financiado a través de los agentes que participan en el mercado. Se crea una unidad específica en Red Eléctrica Española encargada de desarrollar las funciones de operador del sistema y del gestor de redes. Red Eléctrica es, a la vez, operador del sistema y gestor de redes y transportista, y lo que queremos es que haya una unidad, digamos, en este caso claramente delimitada, responsable de las funciones de operador del sistema y de gestor de las redes.
Se regula el régimen de lo que se denominan las acometidas o el último enganche. Serán las Comunidades Autónomas las responsables de fijar los precios para las acometidas, mientras que en estos momentos es la Administración General del Estado.
Mercado de producción
Se introducen modificaciones en el mercado de producción. Se suprimen las autorizaciones administrativas en este sentido para los intercambios de electricidad con países de la Unión Europea y se reservan exclusivamente para los países fuera de la Unión Europea. Esto afectaba ahora a los intercambios eléctricos con Francia y también con Portugal. No tiene ningún sentido, además, cuando todos los países estamos trasponiendo la Directiva del mercado interior de la electricidad. Por lo tanto, se mantendrá exclusivamente para los países que no son de la Unión Europea, que en este caso es Marruecos.
Se habilita a transportistas y distribuidores a exigir garantías para el cobro de peajes y cánones. Con esta medida de lo que se trata es de cubrir el riesgo de impago que existe. Y se crea un comité de seguimiento de la gestión técnica del sistema energético. De hecho, se institucionalizará una reunión, que ya se venía manteniendo, entre la Administración General del Estado, Red Eléctrica, Enagas, la Corporación de Reservas Estratégicas y CLH.
Respecto, en este caso, a la Ley que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos para adaptarla también a la Directiva europea, hay temas que son simétricos: la separación jurídica y funcional entre las actividades de red, la distribución y transporte, y las de suministro; la comercialización; las obligaciones de servicio público y protección al cliente, y el suministrador de último recurso, al que también he hecho alusión refiriéndome a la electricidad, aunque se aprovecha en este caso, como decía, para introducir alguna modificación que tiene que ver con la mejora de la competencia.
Se obliga a que las empresas gasistas que son accionistas de Enagas reduzcan su presencia al 1 por 100. No podrán tener más del 1 por 100 de la empresa si pertenecen al sector del Gas Natural y, en el caso de que no tengan intereses en el sector del gas, podrán tener un máximo de un 3 por 100, igual que en estos momentos ya existe para Red Eléctrica. Se obliga a crear una unidad orgánica también en Enagas para la gestión del sistema.
Se someten también los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas a la correspondiente autorización administrativa. Se coordina entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado la planificación de la red de transporte secundario, que en este caso sí es competencia de las Comunidades Autónomas. Se cede a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de determinar los precios de las acometidas o últimos enganches.
Se crea también una agencia de cambio de suministrador para facilidad de los usuarios y para mejorar, por supuesto, la transparencia.
Déficit de tarifa
Se habilita a transportistas y distribuidores para exigir garantías de cobro y se crea, igualmente en este caso, el comité de seguimiento de la gestión técnica del sistema, que es exactamente la misma consideración que se recoge en la transposición de la Directiva del mercado interior de la electricidad. Éstos son los dos Anteproyectos de Ley que el Consejo hoy ha considerado y ha aprobado, que suponen unas reformas de un gran calado en nuestro sistema eléctrico y nuestra homologación plena a Europa. Todos los países están en estos momentos en este proceso. No hemos sido los más avanzados, pero tampoco vamos a ser, por supuesto, de los más atrasados en transponerla. Y es un paso importantísimo para la creación de ese mercado interior, en este caso, de la electricidad y del gas.
En paralelo también, y como explicaba la Vicepresidenta, hemos procedido a aprobar un Real Decreto Ley por el que se modifica el mecanismo de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diario e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Esto tiene que ver con el déficit de tarifa, un tema del que, evidentemente, ustedes han oído hablar; estoy absolutamente convencido.
En el año 2005, como ustedes saben, se ha producido un déficit de tarifa. No es la primera vez en nuestra historia desde la aprobación de la Ley del Sistema Eléctrico que esto ha sucedido. Ya sucedió también con el anterior Gobierno, pero en el año 2005 se ha producido un déficit de tarifa todavía no liquidado definitivamente por la Comisión Nacional de la Energía, pero que oscila en algo más de tres mil millones de euros. Dicho déficit, entre otras cosas, como ustedes saben también y tuvimos ocasión de comentar, obligó a incrementar las tarifas en el último Consejo de Ministros del año en un 4,48 por 100 y en anunciar, como también recogía el propio Real Decreto, que habrá una subida adicional en julio del año 2006 precisamente para compensar ese déficit de tarifa, déficit de tarifa que será compensado en diez años, como también hizo el anterior Gobierno, a las eléctricas.
No obstante, hemos venido observando que también durante los últimos meses del año y, por supuesto, estas primeras semanas del año 2006 continúa produciéndose un elevado déficit de tarifa, que hay analistas que cifran –es un poco hacer futurología, pero si evolucionara en los mismos parámetros en los que ha evolucionado estas semanas– que podría superar los cinco mil millones de euros a finales de año. Es un déficit de tarifa en el que hay que atribuirle estas consecuencias a las características de nuestro mercado de generación, a un mercado en el que se compra y se vende prácticamente toda la energía. Esto no pasa en los demás países europeos, en los que hay un mercado a plazo y, por lo tanto, existen los contratos bilaterales y en el mercado diario sólo se transacciona una parte minoritaria de la energía.
No se corresponde este incremento, ni muchísimo menos, con factores objetivos. El coste de las materias primas, evidentemente en el caso de algunas materias primas que son de importación y que se adquieren en los mercados internacionales, puede justificar el incremento en unas determinadas tecnologías, pero de ninguna de las maneras esta evolución del déficit de tarifa fruto de los altos precios del mercado de generación.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha encargado precisamente hace unas semanas a la Comisión Nacional de la Energía una investigación acerca de las causas de este déficit; pero, evidentemente, por la importancia que puede tener para los consumidores –no olvidemos esas hipótesis, a las que antes hacía alusión, que hacen algunos analistas de un déficit que podría irse, si no se adoptan medidas, a más de cinco mil millones de euros–, eso podría comportar tener que incrementar las tarifas a los consumidores españoles en una proporción que sería del orden de un 30 por 100. Como ustedes supongo que se imaginan, esto es absolutamente inviable, máxime cuando no hay ninguna justificación, salvo un mal funcionamiento del mercado distorsionado, de nuestro mercado de generación del "pool", y, por lo tanto, hace que haya, por supuesto, razones de urgencia para plantear este Real Decreto Ley.
Este Real Decreto Ley lo que contempla, en definitiva, es que las empresas de generación y distribución que pertenezcan al mismo grupo empresarial, de acuerdo con lo que prevé la Ley del Mercado de Valores, estarán obligadas a establecer entre sí contratos bilaterales de adquisición de aquella energía producida por instalaciones de régimen ordinario. Aquí se da el caso de que, por supuesto, en las mismas empresas de generación y de distribución una vende y se compra a sí misma y, entre otras cosas, ésta es la causa de esta distorsión que se da en el mercado mayorista.
Dichas compraventas podrán establecerse, por supuesto, a precio libre, pero durante el año 2006 la Comisión Nacional de la Energía sólo considerará a efectos de la liquidación el precio que contempla la tarifa, que es 42,35 euros megavatio/hora. Posteriormente, evidentemente, estos precios se pueden revisar, los precios reales de los contratos bilaterales, en base, por supuesto, a cotizaciones del mercado de la electricidad objetivas y transparentes.
Costes de generación
Asimismo, se ha comprobado también en los costes de generación han incorporado las empresas como costes algo que fue una atribución gratuita del Gobierno, porque así lo prevé la legislación comunitaria en esta primera fase. Me estoy refiriendo a las emisiones de CO2, el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Derechos otorgados gratuitamente se están computando como costes por parte de las empresas y a ese respecto en el déficit de tarifas que se pueda generar se minorará el valor de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energía. Esto es algo, evidentemente, absolutamente compatible con la legislación comunitaria, que lo que prohibiría es que el Gobierno cobrara estos derechos pero, evidentemente, posibilita que sí entren en el circuito de los costes del sistema eléctrico y, por lo tanto, sean deducidos.
Pensamos que, por supuesto, esto ha de permitir reconducir la situación del déficit del mercado de generación; déficit en el que, no obstante, en tanto en cuanto hay una parte de la energía, no toda pero una parte, que continuará comprándose y vendiéndose en el mercado, en el "pool", en el mercado diario, puede que, evidentemente, esto no resuelva la existencia del déficit al 100 por 100, pero sí evita la manipulación del mercado de generación al establecer estas limitaciones a las compras y ventas entre empresas de un mismo grupo.
En último lugar, tal y como también ha comentado la Vicepresidenta, el Consejo de Ministros ha debatido, en este caso, la situación creada en estos momentos por lo que podíamos decir que ha sido, como ustedes saben, el paso del tiempo en aquello que tiene que ver con el papel de nuestra Comisión Nacional de Energía.
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LA AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS DE LA CNE
La Comisión Nacional de Energía tiene atribuidas una serie de funciones y, como ustedes saben también, el Estado, en este caso el Gobierno, tiene reservadas otras. Alguna de ellas la puso en marcha el anterior Gobierno del Partido Popular, la disposición adicional número 27, conocida y aplicada por el Gobierno del Partido Popular, y conocida y aplicada también por este Gobierno en este caso en lo que hace referencia a una operación de toma de control de Hidrocantábrico por parte de EDP sobre la base de la compra de las acciones de las que era depositaria la empresa EnBW, que autorizó el Consejo de Ministros para que, evidentemente, pudieran después ejercer los derechos de voto y no pudieran estar limitados al 5 por 100, cosa que prevé, como ustedes saben, esta propia disposición adicional.
Pensamos que esta disposición adicional es una disposición adicional que está vigente y que, por lo tanto, le es de aplicación a todas aquellas empresas que o tienen participación pública, o tienen algún control público. Con eso saben ustedes que me estoy refiriendo, en este caso, a una empresa que no es de titularidad pública o sólo lo es en una pequeña parte, que es en este caso E. On, pero sobre la que sí hay un control público fruto de su fusión con Ruhrgas y de las condiciones que impuso en este caso el Gobierno alemán. Dicho esto, tenemos una situación, en lo que hace referencia a las funciones de nuestra Comisión Nacional de la Energía, un poco anómalas. Para que ustedes me entiendan, una operación de compra en la que interviene una empresa regulada sobre otra empresa regulada tiene que pasar, en primer lugar, antes que nada, por la Comisión Nacional de la Energía y su función 14, y así tuvo que pasar en su momento la operación Gas Natural-Iberdrola y también tuvo que pasar la operación Ibredrola-Endesa.
Lo que pasa es que, si quien compra es una empresa que no es española o si la empresa que compra es una empresa que no es del sector energético, eso no tiene que pasar por la función 14, en este caso, de la Comisión Nacional de la Energía. Para que ustedes me entiendan, si Gas Natural o Iberdrola compraran "El Corte Inglés", tendría que pasar por la Comisión Nacional de la Energía y su función 14; si fuera "El Corte Inglés" quien comprara a Iberdrola o Gas Natural, no tendría que pasar por la función 14 de la Comisión Nacional de la Energía, seguramente porque, cuando se hizo la Ley, a finales de los 80, el Estado disponía de otros resortes, porque en las empresas eléctricas había capital público, porque existía la "acción de oro" o porque había otros instrumentos que, evidentemente, hoy han desaparecido.
En este sentido, el Real Decreto Ley lo que pone de relieve es, obviamente, el solventar esa deficiencia. No sólo deberán someterse a la función decimocuarta de la Comisión Nacional de la Energía las empresas energéticas que sean adquirientes, sino también las que, no siendo energéticas, adquieran una del sector energético, sean de la nacionalidad que sean, evidentemente.
Ustedes saben que, por supuesto, en este caso no pretendemos introducir restricciones ni a la competencia ni a la legislación europea, sino corregir algo que es de puro sentido común y que es absolutamente necesario, en la medida en que, como ustedes saben también, hay otros instrumentos que en aquellos momentos tenía el Gobierno español y que hoy va perdiendo fruto de que se privatizaron las eléctricas o de que las "acciones de oro" tienen caducidad –tienen caducidad para todos los Estados y no es únicamente España quien las tiene, aparte de que esté en trámite parlamentario su derogación–, y, por supuesto, introducir elementos de una cierta simetría con lo que hace referencia a la regulación de otros países y de sus instituciones reguladoras.
Preguntas y respuestas completas de la rueda de prensa del Consejo de MinistrosP. -Al Ministro Montilla. Quería preguntarle o saber su opinión, o la del Gobierno, sobre unas declaraciones del Consejero Delegado de E.ON que, según dice el diario "Der Spiegel" que va a publicar, confirma que se ha reunido varias veces con el Consejero Delegado de Endesa para prepara la OPA. Es una noticia que adelanta este periódico, que va a publicar próximamente.
Sr. Montilla. -Ustedes son conocedores de nuestra legislación y de lo que eso comporta. Lo normal es que, si esta operación se ha estado preparando, es de suponer la Comisión Nacional del Mercado de Valores actúe al respecto, porque es una infracción que está recogida en nuestro ordenamiento.
P. -Vicepresidenta, yo quería que me diera su valoración con respecto a un reciente viaje del señor Aznar a México, que estuvo cargado de polémica.
Vicepresidenta.- Como ustedes saben, por definición este Gobierno va a defender, así lo ha hecho y así lo va a seguir haciendo, y va a poner las cosas fáciles a todos ex Presidentes del Gobierno en sus viajes internacionales. Para el Gobierno, se trate de quien se trate, un ex Presidente del Gobierno de España merece todo el respeto y la consideración debida. En el caso concreto del que usted me habla, le diré que el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, defiende, ha defendido y apoyado al señor Aznar ante las autoridades mexicanas.
P. -Una pregunta para la Vicepresidenta. Simplemente, de cara a la manifestación de mañana de la Asociación de Víctimas de Terrorismo en Madrid, me gustaría saber si el Gobierno tiene previsto recibir a los convocantes como ha hecho en otras ocasiones y, en todo caso, si el volumen de esa manifestación va a hacer que cambie en algo la política antiterrorista del Gobierno.
Vicepresidenta.- Como ustedes saben, el Gobierno respeta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y más aun, si cabe, en el caso de las víctimas del terrorismo que tienen, como hemos dicho reiteradamente, todo nuestro respeto, nuestra consideración y nuestro apoyo. No le puedo decir en estos momentos nada más que eso, porque eso es lo que hay. Hay una manifestación que el Gobierno, repito, respeta y más tratándose de las víctimas del terrorismo.
P. -Quería preguntarle por dos temas, Vicepresidenta. En relación con el Castillo de Montjuïc, quería saber si, como se ha anunciado, la norma que se aprueba prevé que la bandera española ondee permanentemente y que permanezca un retén militar para custodiar antenas que, al parecer, tienen un valor estratégico. Puesto que el Ministro es también Primer Secretario del PSC, me gustaría saber si considera esta fórmula satisfactoria. En relación con la manifestación, lo que querría preguntarle es en relación con el apoyo que han anticipado a la misma tanto la Conferencia Episcopal, como el Partido Popular.
Vicepresidenta.- En cuanto al tema del Castillo de Montjuïc, yo creo que lo más importante de todo, la sustancia fundamental del Proyecto de Ley, es la noticia de que hoy Barcelona recupera para la ciudadanía un edificio que en justicia le pertenece. Por lo tanto, yo creo que ésa es una muy buena noticia. El tema que usted plantea se aborda en la Ley de la misma forma en que está regulado ya en la Ley. Hoy ya existen en la Ley disposiciones que hacen que en los edificios públicos ondee la bandera española. El Proyecto de Ley que hoy hemos aprobado establece, efectivamente, de acuerdo con la legislación, con la normativa vigente, que la bandera española, la bandera de Cataluña y la bandera de Barcelona ondearán en el edificio de manera preferente; pero, repito, de acuerdo con la normativa vigente. Eso es todo lo que el Proyecto de Ley recoge en orden al tema que usted me acaba de plantear. Nada se dice en cuanto al tema de retenes, el otro aspecto que usted me comentaba. Y, repito, es de acuerdo con lo que hoy establece la Ley. No sé si el Ministro quiere añadir algo.
Sr. Montilla.- De hecho, la Ley no está aprobada y las banderas ondean allá, como ondean en el Ayuntamiento de Barcelona también y en las dependencias municipales. Por lo tanto, recoge algo que está previsto en nuestro ordenamiento. Además, así se menciona, por supuesto, "de acuerdo con la legislación vigente". Considero que lo relevante en este caso no es tanto este tema, que es una cosa obvia, sino el hecho de que Barcelona, la ciudad, disponga finalmente de este emplazamiento emblemático, histórico y que, además, se pueda destinar a lo que se comprometió el Presidente del Gobierno, que era el cederlo a la ciudad y destinarlo a un museo que lo que ponga en valor sean precisamente los valores de la paz.
Vicepresidenta.- Le he dado la palabra al Ministro por el tema de Montjuïc, pero me faltaba responder a una pregunta en relación con el apoyo a la manifestación por parte del Partido Popular o de la Conferencia Episcopal. Le diré que, por supuesto, el Gobierno también respeta el derecho a manifestarse o apoyar manifestaciones por parte de cualquier grupo político y de una institución como es la Conferencia Episcopal. Ahora bien, dicho esto, quiero poner de manifiesto que, primero, he de repetir una vez más que la política del Gobierno en materia antiterrorista no ha cambiado un ápice, que nuestra posición es de apoyo, primero, total y absoluto a las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas del terrorismo, que tienen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, todo nuestro apoyo y todo nuestro afecto.
No ha habido cambios. Yo creo que a lo largo de los meses que llevamos gobernando este Gobierno se ha destacado, si es por algo, por el apoyo que ha prestado a las víctimas, y el respeto y la consideración que nos merecen. Dicho esto, también diré que el Gobierno tiene una política antiterrorista que está basada en el Pacto Antiterrorista; que hay una Resolución en el Parlamento que todos ustedes conocen; que lo que hemos dicho, hemos repetido y vamos a seguir repitiendo hasta la saciedad es que este Gobierno aspira a la paz, pero que el inicio de cualquier proceso que pueda o de exploración de las vías de la paz requiere una renuncia o abandono por parte de ETA de la violencia de forma clara y inequívoca; que mientras eso no ocurra vamos a seguir con la misma política que hasta ahora, deteniendo terroristas --creo que hemos sido muy eficaces en ello y ahí están los datos-- y que, desde luego, el camino de la paz y del fin de la violencia es un camino sin precios de ningún tipo, sin atajos y sin hipotecas de ninguna naturaleza. Eso es lo que hay, no hay más.
Y también hay otra cosa: es fundamental, porque ya forma parte de lo que siempre ha sido así en este país, la unidad de todas las fuerzas políticas. Vamos a seguir trabajando por ello y no nos parece razonable, desde nuestra perspectiva, que una vez más se intente utilizar por parte del principal partido de la oposición la lucha antiterrorista de forma partidaria, porque eso no favorece a nadie y no creo que sea lo que quiere la sociedad española.
- PREGUNTA SOBRE LA OPA DE E.ON
"Yo, interesado políticamente en la OPA, en absoluto, ni en la primera ni en la segunda"
P.- Señora Vicepresidenta, quería saber si el Gobierno ha evaluado la posible reacción de las autoridades o del Gobierno de Alemania, dado que la Canciller Merkel se interesó personalmente por el tema de la OPA, y si podría el Gobierno, en cierta manera, estar preocupado por los fondos europeos de los que Alemania es uno de los principales proveedores.
Al señor Ministro de Industria quería preguntarle, dado que está políticamente interesado en este proceso de la OPA, si el diseño que se perfila a la vista del Real Decreto Ley anunciado hoy está en consonancia con la decisión de ayer de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de suspender la definitiva admisión de la OPA de Gas Natural esperando a que hoy el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto Ley sobre la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo del lunes de Gas Natural, donde subiría el precio de su oferta una vez que el Gobierno le da a la Comisión los instrumentos para frenar la OPA alemana. ¿Ése es el diseño en el que estamos?
Vicepresidenta.- En relación con el tema del Gobierno alemán, el Gobierno de España no está preocupado. Tenemos unas buenas relaciones con el Gobierno alemán y éste es un tema que ha surgido, se ha planteado y se ha hablado. Como todos los Gobiernos que tienen temas conjuntos o que les afectan, se hablan, se dialogan y se respetan los ámbitos de decisión; si es posible, se acuerdan. Por lo tanto, el Gobierno de España ya ha trasmitido a la Canciller alemana cuál es nuestra posición en relación con este tema. Dicho esto, no estamos preocupados, y menos todavía por los fondos. Los fondos se acordaron, el Presupuesto está acordado y no tienen por qué incidir absolutamente para nada en un tema que es ajeno al Presupuesto comunitario. Las relaciones son entre países miembros de una unión política y monetaria, y, por tanto, en esos términos se plantean todos los problemas que en el día a día surgen y éste es uno que ha surgido, como muchos otros surgen en la vida.
Sr. Montilla.- Yo, interesado políticamente en la OPA, en absoluto, ni en la primera ni en la segunda. Interés, por supuesto, en tratar de desempeñar, como miembro del Gobierno, aquellas competencias que el Presidente del Gobierno me ha delegado y que tienen que ver, fundamentalmente, con el interés general, no con intereses particulares, sean éstos los de E.ON o los de Gas Natural, que ellos se encargarán, si acaso, de proteger. Las resoluciones que pueda tomar la CNMV las desconozco, supongo que las hace en el ámbito de sus competencias. Por supuesto, seguramente igual usted está mejor informado que yo, desconozco lo de Gas Natural y si tienen Consejo y para qué tienen Consejo. Es algo que ni me compete ni me preocupa.
P.- Al Ministro de Industria. Si le he entendido bien, la empresa E.ON no podrá ejercer más del 5 por 100 de los derechos políticos en el caso de que la OPA que ha presentado siga adelante. En segundo lugar, ¿estas medidas van dirigidas a garantizar la españolidad de Endesa? ¿Esto no está reñido con las advertencias que está haciendo Bruselas, que ya las hizo a Italia cuando la OPA del BBVA sobre la Banca Nazionale del Lavoro? Tercero, ¿hasta qué punto el Gobierno va a pagar esos tres mil millones, de lo que la mitad correspondería a Endesa, por el déficit tarifario de 2005 si realmente se ha comprobado que ha habido una manipulación de precios que puede afectar a los consumidores?
Sr. Montilla.- Respecto a la primera cuestión, he apuntado que consideramos, evidentemente, que habrá que pedirlas y constatar las informaciones en su momento de que la disposición vigesimoséptima, no sólo habla de un control accionarial de la empresa, sino de un término seguramente algo más ambiguo, de un control no sólo accionarial. Existe un control accionarial en parte, seguramente minoritario, del sector público regional, en este caso, y local alemán, pero también existe un control fruto de las condiciones que el Gobierno alemán puso a la fusión de E.ON-Ruhrgas en contra del Tribunal de la Defensa de la Competencia de su país. Eso sí es una posición de control que vamos a examinar y, por lo tanto, no tenemos por qué avanzar posiciones a ese respecto. Sólo le digo que pensamos que es de aplicación la disposición adicional vigesimoséptima, que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular, que ellos aplicaron y que nosotros también hemos aplicado, como decía antes, en relación con la adquisición por EDP de las acciones que tenía EnBW en Hidrocantábrico.
Respecto al tema de lo que usted menciona de la españolidad, no quiera reducir un poco el tema a la caricatura. Yo creo que todos los países europeos defienden, con respeto a la normativa comunitaria, como nosotros, y al ordenamiento jurídico, el tener grandes empresas en el sector energético. Sin ir más lejos, léase las declaraciones de ayer del Ministro de Economía alemán que decían eso, referido en este caso a una empresa de su país. No sé por qué, si los demás países quieren tener estas empresas importantes en el sector de la energía de su país, los españoles hemos de renunciar porque, si no, corremos el riesgo de que se nos tache de catetos; pero yo correré ese riesgo. Creo que, al igual que los alemanes, los italianos y los franceses, queremos tener grandes empresas en general y en el sector de la energía, que es un sector fundamental, por supuesto que también, y eso es compatible con el respeto a la libre circulación de capitales y a la legislación comunitaria, que plenamente compartimos. Supongo que también los colegas franceses, alemanes, italianos y tal también respetan la legislación comunitaria y coinciden con nosotros en eso.
Por último, el déficit tarifario se reconoció en su momento, de acuerdo con la legislación vigente. Es porque pensamos que obedece a una manipulación de los precios continuada en el funcionamiento del mercado de generación que introducimos esta reforma regulatoria porque, si no, nos veríamos abocados a reconocer en diciembre del año 2006 una cifra, que ya he dicho que los analistas avanzan, que podía estar en torno a los cinco mil millones de euros y lo que eso podría comportar: un incremento de tarifas a los consumidores superior al 30 por 100. Como es un funcionamiento anómalo que no tiene nada que ver con factores que realmente tengan consistencia, es por lo que introducimos estas reformas en el mercado de generación, que por otro lado ya habíamos anunciado, que en parte están recogidas en el Libro Blanco y que forman parte de las iniciativas que, como decía la Vicepresidenta en su primera intervención, el día 7 de febrero anunciamos que poníamos en marcha a lo largo de este semestre. Y preciso la fecha: 7 de febrero.
P.- Ministro Montilla, cuando usted dice que van a estudiar la aplicación de la función vigesimoséptima, ustedes saben, como nosotros, que el Consejero Delegado de E.ON ya dijo el otro día que en Baviera sólo tienen el 2,5 por 100 y que va a terminar desapareciendo, y también saben en lo que consiste la operación de Ruhrgas que es que, si se vende una parte, tienen diez años de obligación… No me acuerdo como es la historia, pero usted me está entendiendo. El aplicar la vigesimoséptima en este momento, ¿qué significa? ¿Cuánto tiempo van a tardar ustedes en estudiarlo, en decidir vetarlo? ¿Qué significa en el trámite de la oferta de E.ON?
Luego quería saber por qué han tardado ustedes tanto en el Consejo de Ministros. No sé si hay unanimidad entre todos ustedes a la hora de modificar la función catorce, diciendo que cualquiera, aunque no esté en un sector regulado, tiene que solicitar el informe previo de la Comisión Nacional de la Energía. Quiero saber si están ustedes seguros de que en Bruselas no tiene problemas y si el Vicepresidente Solbes comparte la unanimidad de criterios de usted y del señor Sebastián, supongo.
Sr. Montilla.- La disposición vigesimoséptima, como he dicho, no sólo habla de un control directo accionarial; habla de un control indirecto o de cualquier otro tipo de control, que en este caso, como usted ha hecho mención, los diez años yo creo que tienen algo que ver con ese control que tiene el Gobierno alemán sobre E.ON, mientras que el Gobierno español eso lo tiene con una "acción de oro", que está en trámite de derogación. Es una situación de una cierta asimetría, si usted me permite, y de poca reciprocidad. Por lo tanto, pensamos que está ahí vigente y conviene que en este caso no sea ignorada alegremente por aquellos que pretenden adquirir una empresa en nuestro país.
En segundo lugar, en este Consejo de Ministros ha habido, no sólo los temas relacionados con la energía, sino muchos otros que muy bien ha explicado la Vicepresidenta. Es normal que haya debate y, por lo tanto, no es la primera vez que se alarga más de lo previsto, pero vamos… Por supuesto, he de decir que las decisiones del Consejo de Ministros, y eso la Vicepresidenta lo puede decir mejor que yo, se toman y se han tomado por unanimidad. Por lo tanto, no sé a que ha lugar si hemos votado o no sé qué diferente. Usted, además, sabe que ese tipo de cosas forman parte de la deliberación, que es secreta, como usted muy bien sabe, y a la que nos debemos los Ministros.
P.- Señor Ministro, en la misma línea que la pregunta anterior, lo que me gustaría preguntarle es si el Gobierno se plantea acudir a Bruselas para denunciar o para plantear iniciativas precisamente en contra de esos mecanismos de control que tiene el Gobierno sobre E.ON-Ruhrgas.
Y una segunda cuestión. No he acabado de entender esa limitación en el precio durante el año 2006 entre empresas generadoras y distribuidoras. ¿El Gobierno decide ese precio y eso no se puede interpretar como una injerencia en lo que es libre mercado y fijación de precios en función de mercado?
Sr. Montilla.- Respecto a la primera cuestión, no es un tema que hayamos debatido. Respecto a la segunda cuestión, se fija ese precio porque es el que fija la tarifa. Por supuesto que entre generadores y distribuidores de un mismo grupo pueden fijar otro precio, pero la Comisión Nacional de la Energía sólo considerará ése en los contratos bilaterales. ¿Para cuándo? Provisionalmente, para el año 2006, que es para el que la tarifa recoge ese precio de referencia.
P.- Esta mañana la Comisión Europea ha advertido a España de que no tome medidas unilaterales para frenar la operación de E.ON. Yo quería preguntarle, primero, su opinión sobre esta advertencia y, en segundo lugar, si no choca con esto el hecho de que el Gobierno haya aprobado hoy una norma referente ad hoc para este tema y que, además, utilice la figura del Real Decreto Ley, supongo que alegando la urgente necesidad de frenar esta operación.
Sr. Montilla.- Nosotros no nos comunicamos con la Comisión a través de los medios de comunicación. Por lo tanto, no sé lo que ha dicho la Comisión. Cuando nos diga algo, ya lo tendremos en cuenta, por supuesto. ¡Faltaría más!En segundo lugar, ésta no es una norma que sea ad hoc. Es una norma que cubre un vacío existente y que he argumentado me parece que razonadamente. Cuando esta norma se aprobó, no había seguramente necesidad, no por una empresa del sector energético que compra sino si la empresa del sector energético es comprada, de que la Comisión Nacional de la Energía lo analizara, básicamente porque, o eran públicas, o, en su caso, por supuesto se disponía de otro tipo de instrumentos, léase "acción de oro" o similar. Por lo tanto, digamos, en estos momentos es por cubrir un vacío, que otros países lo tienen cubierto, y pensamos que, por supuesto, estará tan dentro de la legislación comunitaria como lo está en otras legislaciones.
Vicepresidenta.- Muchas gracias."