L D (Europa Press) Aznar fue el único de los miembros del Consejo que, en el Pleno del pasado 16 de febrero emitió votos particular en contra del informe. Antes de esta reunión, según fuentes del entorno de Aznar, mantuvo contactos con el presidente de los populares, Mariano Rajoy. En su voto, deja "constancia" de que su "discrepancia fundamental" no afecta al informe, con "muchos de cuyos aspectos" coincide, sino "a la iniciativa a la que responde", esto es el requerimiento del Gobierno para acometer la reforma de la Carta Magna. "El contexto político no favorece el sosiego, ni estimula el acuerdo, necesario para una operación tan importante como es la de reformar la Constitución de todos", argumenta.
El ex presidente basa su voto particular en dos aspectos: la incorporación a la Constitución de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. En cuanto al primero, Aznar resalta que "el Gobierno, cuando se ha referido a esta reforma, ha dado por supuesta su simplicidad y su falta de implicación problemática alguna". Subraya, sin embargo, que afectar al Título VIII de la Constitución "o, en su caso, al Preliminar, no puede ser considerada una operación leve". En concreto, Aznar está en desacuerdo "con la idea de modificar el artículo 2 para incorporar la mención a las CCAA". A su juicio, "ninguno de los argumentos aducidos en el Informe tiene la fuerza suficiente para agravar esta reforma con una modificación del Título Preliminar".
Declara que este precepto "representa, en buena medida, los términos del pacto constitucional de la transición" y no cree que la ausencia de una referencia a las CCAA, como resultado del ejercicio del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones, "constituya una deficiencia a reparar". Explica que el artículo 2 de la Carta Magna "se estructura sobre el binomio Nación española-nacionalidades y regiones". "No alude a organizaciones político-administrativas sino al sujeto de éstas de acuerdo con el principio de soberanía, atributo esencial de la Nación, y el de autonomía, que corresponde a las nacionalidades y regiones", avisa. El ex presidente esgrime "razones de equilibrio" para disentir del tratamiento que el informe da al ámbito de la "provincia", ya que su "arraigo" es muy amplio. "Salta a la vista que su pervivencia no compite ni compromete a las Comunidades Autónomas", dice.
"Escenario de crisis" por la reforma del Estatuto
Aznar, en una clara alusión a la reforma del Estatuto catalán, cree "evidente" que se está produciendo un "escenario de crisis". Asegura que se está dando "un proceso de revisión estatutaria que lejos de limitar el juego del principio dispositivo lo reafirma, lo extiende fuera de su ámbito -mediante el recurso abiertamente inconstitucional de las previsiones del artículo 150.2 y de operaciones no menos inconstitucionales como el denominado "blindaje" competencial- y lo reserva sin limitación para el futuro". Por ello, cree que "una consideración de cómo habría de superarse la apertura del modelo autonómico está condenada a convertirse pronto en papel mojado, si las reformas estatutarias se anteponen a la modificación constitucional". Para Aznar, no afirmarlo así, "repercute negativamente en el valor final del Informe". El ex presidente cree que si el Consejo realizara esta advertencia no desbordaría en absoluto "su ámbito de actuación".
Aznar se muestra de acuerdo con "la necesidad de elevar la mayoría cualificada con la que deben aprobarse eventuales reformas estatutarias por encima de la mayoría absoluta que requieren las leyes orgánicas" y con la conveniencia de "reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad para proyectos de Estatutos de Autonomía". El ex presidente dice coincidir en buena medida con las consideraciones del texto del órgano consultivo sobre el 150.2. "Se debería contemplar como opción posible su derogación", plantea Aznar, que estima que dicho mecanismo "ha dado de sí lo que razonablemente podía justificar su introducción en la Constitución".
"Carece de sentido mantener cláusulas que tienen por efecto desconstitucionalizar parcialmente el modelo de Estado o estimular la dinámica de reivindicación desde las Comunidades Autónomas sobre las competencias estatales --señala--. Derogar la previsión del artículo 150.2 significa, por tanto, que futuros aumentos del acervo competencial de las Comunidades Autónomas requerirían una reforma constitucional".
Reforma del Senado
En cuanto a la reforma del Senado, Aznar subraya que la "innegable calidad del informe" no puede superar "el inicial e invencible obstáculo" presente en la consulta del Gobierno, en la cual el Ejecutivo, a su juicio, "renunció a su función constitucional de ejercer la facultad de dirección política". Con esta base, subraya que el debate sobre la reforma del Senado es esencialmente político, por lo que "en tanto no se clarifiquen los objetivos políticos" de la modificación, el informe "se enfrenta a 'un papel en blanco'".
Como consecuencia de esta premisa, Aznar juzga que el texto del Consejo tiene sugerencias muy distintas y desiguales. En particular, se refiere a la "insuficientemente justificada" opción por un sistema de elección de los senadores coincidiendo con las elecciones para las Asambleas legislativas autonómicas. Destaca que las autonómicas marcan el momento de "predominio de los intereses territoriales", mientras que las generales subrayan las opciones para "el proyecto global", que habrán de instrumentar las Cortes Generales, de las que, apunta, "forma parte el Senado".
En este sentido, el ex presidente del Gobierno llama a fijarse en que existen diferencias a veces muy importantes de participación e implicación ciudadana en uno y otro tipo de comicios. "Así las cosas, no parece prudente modificar los elementos de cohesión nacional implícitos en el actual sistema de elección", subraya. Es más, estima que esta modificación "supondría privar al presidente del Gobierno de una potestad tan importante como la de proponer la disolución... del Senado o de las Cortes Generales", esto es "un arma generalmente considerada como esencial para el equilibrio de poderes propio del sistema parlamentario", que el jefe del Ejecutivo "puede ejercer bajo su exclusiva responsabilidad y que refuerza notablemente su capacidad de dirigir la acción de gobierno".
Aznar cree además que, en un sistema que atribuye cada vez a más presidentes autonómicos "el poder de disolución de sus respectivos Parlamentos", ello puede suponer "un elemento de inestabilidad, dejando en manos de una sola Comunidad la posibilidad, por ejemplo, de alterar el equilibrio de poderes existente en una Cámara representativa de todo el pueblo español". Advierte, asimismo, de que las diversas alternativas presentadas provocarían ganancias y pérdidas significativas de presencia institucional para algunas Comunidades Autónomas, abriendo un "debate político ciertamente complicado". En particular, cree que la representación del hecho insular debía haber sido reconsiderada.