L D (Europa Press) "Hoy hemos asistido a uno de los momentos más decisivos del Estatuto, en los que se produce una auténtica fractura del Estado constitucional de Derecho que nos dimos en 1978 al separar un Poder Judicial autónomo de Cataluña y en sus tres vertientes: función jurisdiccional, gobierno de los jueces y administración de Justicia. Hemos dejado de tener un Poder Judicial único", proclamó el ex ministro Federico Trillo, ponente del PP, quien dijo que este cambio no se podría revertir ni siquiera con una nueva mayoría política en las Cortes.
En la Ponencia se fueron avalando los catorce artículos del Título definido como "del Poder Judicial de Cataluña", donde se regulan las funciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), del nuevo fiscal superior de Cataluña, y del Consejo de Justicia autonómico, así como los medios y requisitos de la Administración de Justicia, en la que se ratifica la necesidad de tener un conocimiento "adecuado y suficiente" del catalán para ejercer en Cataluña.
El PSOE, junto con CiU y el resto de formaciones catalanas, incluyó en una decena de artículos menciones a la legislación estatal, fundamentalmente la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero para el PP sólo son "maquillajes" y "brindis al sol". Por primera vez desde el inicio de los trabajos de la Ponencia, la práctica totalidad de lo aprobado contó con el aval de ERC, aunque los republicanos coincidieron en un par de ocasiones votando 'no' con el PP.
Un Tribunal Supremo propio
Con la reforma, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) será la última instancia jurisdiccional en todos los procesos iniciados en Cataluña, así como de todos los recursos que se tramiten en la comunidad (cuyo alcance y contenido serán determinados por la LOPJ) y "sin prejuicio" de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina. En la reunión de este viernes suprimió la mención a la función de casación que se recogía el texto aprobado por el Parlamento catalán. Para el PP el tribunal catalán será "prácticamente un Tribunal Supremo propio", con recurso de casación incluido, extremo negado por el PSOE. Por el contrario, el resto de grupos destacaron que al convertir al TSJC en la última instancia jurisdiccional, se contribuirá a "descolapsar" el Tribunal Supremo y se mejorará la eficacia y rapidez de la Justicia en Cataluña.
Se crea también la figura del fiscal superior de Cataluña --fiscal jefe del tribunal superior--, que será designado en los términos que establezca el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y se abre la puerta a la que Generalidad pueda celebrar convenios con el Ministerio Fiscal. Para CiU y PSC, con esto se legaliza una situación que en realidad ya se vive en Cataluña, donde el fiscal jefe actúa en coordinación con los demás fiscales y comparece anualmente en el Parlamento catalán. Sin embargo, desde el PP, se interpreta como una "invasión" en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal e implica la creación de un "remedo" del fiscal general del Estado en Cataluña.
CGPJ propio
Asimismo, el Estatuto dará luz verde a la creación del órgano de gobierno de los jueces en Cataluña, el Consejo de Justicia de Cataluña, que se concibe como un órgano "desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial, que podrá delegar funciones en el consejo catalán. El Parlamento catalán designará una parte de sus miembros que no se concreta en el Estatuto, sino que habrá de determinar la LOPJ. Esta norma estatal también establecerá los términos en los que el Consejo catalán podrá convocar concursos para cubrir plazas.
En el ámbito lingüístico, el artículo 102 establece que los magistrados, jueces o fiscales que ocupen una plaza en Cataluña deberán "acreditar un conocimiento adecuado y suficiente" del catalán (así como del derecho propio de esta comunidad), según recalcaron CiU y PSC, para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Este conocimiento suficiente de la lengua y el derecho "se valorará específica y singularmente" para obtener una plaza en los concursos de traslado. Esta valoración, que para el PP y CiU suponen en la práctica un "requisito", no lo es para el PSOE. ERC, que abogó sin éxito por suprimir ese párrafo, ya avanzó que durante la tramitación de la LOPJ defenderá que el conocimiento del catalán sea un requisito.