L D (Agencias) La marcha, encabezada por una pancarta con el lema en euskera "Ataques y venganzas no. Solución democrática sí", que era portada, entre otros, por el etarras Cándido Azpiazu, uno de los asesinos de Baglietto, partió de la plaza del Ayuntamiento de Azcoitia veinte minutos después de lo previsto, ya que, según los organizadores de la marcha, ésta estaba prohibida por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Maslaska, extremo no confirmado por el Departamento de Interior.
En consecuencia, los organizadores, tras hablar con las dotaciones de la Policía autonómica, decidieron hacer una concentración silenciosa, que acabó en manifestación por el pueblo y llamaron a los presentes a "no caer en provocaciones".
Al volver a la plaza del Consistorio, leyeron un manifiesto en el que denunciaron la decisión de la Audiencia Nacional de embargar los bienes de los etarras Azpiazu y Zuazolazigorra, y criticaron la decisión del Ayuntamiento de no aceptar la moción presentada por el edil no adscrito, Asier Larrañaga, que pedía al Consistorio que asumiera los gastos que supondrá para los dos condenados la decisión de la Audiencia Nacional de embargar sus bienes, además de señalar que "están sufriendo un terrible ataque mediático y pseudo-judicial".