L D (Agencias) El informe, aprobado el pasado 17 de noviembre por la Comisión de Estudios, fue ratificado hoy con los votos del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, y de los nueve vocales a propuesta del Partido Popular. De los nueve que no apoyaron el dictamen, cinco decidieron no participar en la votación y quisieron que así constara en el acta de la reunión, mientras que los otros cuatro se abstuvieron. Los cinco primeros fueron el vicepresidente, Fernando Salinas, y los vocales Juan Carlos Campo, Monserrat Comas (los tres elegidos a propuesta del PSOE), Alfons López Tena (de CiU), y Félix Pantoja (de IU). Se abstuvieron Luis Aguiar, Javier Martínez Lázaro, María Angeles García (propuestos por el PSOE), y el independiente Agustín Azparren.
El portavoz de la minoría progresista, Juan Carlos Campo, resaltó la incoherencia del presidente del Consejo, Francisco José Hernando, por votar hoy a favor del informe pese a que, el pasado día 10, se mostró en contra de tratar el asunto en el Pleno del CGPJ para no interferir en las negociaciones que se mantenían sobre el Estatuto, y para evitar que el informe quedara descontextualizado. Durante el Pleno, Hernando explicó a los vocales que, ante el reciente anuncio del presidente Rodríguez Zapatero de que ya existía un acuerdo sobre el proyecto de Estatuto, consideraba que el Consejo ya podía votar su informe sin interferir en las negociaciones.
Así lo declaró el portavoz del Consejo, Enrique López, quien añadió que Hernando incluyó el asunto en el orden del día a petición del presidente de la Comisión de Estudios, Adolfo Prego, por lo que también había respetado sus manifestaciones de que él no lo llevaría. Sobre el destino del dictamen, López dijo que su finalidad es exclusivamente expresar la opinión del Consejo sobre el proyecto de Estatuto, pero no incorporarlo a ningún procedimiento legislativo. Por su parte, el ponente del dictamen, José Luis Requero, negó que el informe responda a un papel de oposición política, sino que analiza el Proyecto de Estatut a la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, concluyendo que hay 17 vulneraciones de la Constitución y que se altera sustancialmente el modelo constitucional de poder judicial.
Otro informe sobre la versión definitiva
Requero defendió la competencia del Consejo, de acuerdo a la Constitución y a la Ley, para realizar este tipo de informes, pese a que el Congreso expresamente rechazara solicitarlo. Además, no descarto que el CGPJ elabore otro dictamen diferente sobre la versión definitiva del proyecto de Estatuto catalán, si introduce cambios sustanciales, sobre todo si inciden en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Por la minoría progresista, Juan Carlos Campo dijo que había sido uno de los días más tristes de la historia del Consejo, y calificó la sesión de "esperpéntica". Se quejó de que el presidente Hernando haya contribuido, con su voto a favor del informe, a interferir en la tramitación parlamentaria del Estatuto, después de declarar que deseaba justamente lo contrario. Campo aseguró que el Consejo no tiene competencias para hacer un informe que no le fue solicitado ni por el Parlamento ni por el Gobierno, con lo que ensombrece su función como órgano constitucional. Subrayó que el dictamen está en sintonía con "la línea más dura del principal partido de la oposición".
Su compañero Luis Aguiar, del mismo sector, dijo que la aprobación del informe sólo podía entenderse como "un ejercicio de narcisismo", ya que se trataba de un dictamen "absurdo sobre un texto hoy inexistente". Dijo no entender el afán de algunos de colocar al presidente del Consejo junto a las posiciones más conservadoras del Parlamento. Sobre la aprobación del informe, añadió que "si eso no es hacer política, que venga Dios y lo vea".
Un Estatuto "inconstitucional"
El informe señala que el proyecto de Estatuto "es inconstitucional porque asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal", que "tendría su propio órgano de gobierno, crearía sus propios tribunales, determinaría la demarcación judicial, seleccionaría a sus propios jueces y contaría con su propio tribunal de casación para toda jurisdicción y cualquiera que sea la norma aplicada, estatal o autonómica". Añade que "la propuesta es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad".
Además, el informe también señala dos aspectos inconstitucionales del proyecto de Estatuto valenciano, en concreto el hecho de que permita que la Comunidad valenciana convoque sus propias oposiciones y concursos para ingresar en la carrera judicial, y porque crea un órgano de garantías estatutarias.