L D (Agencias) El periodista y eurodiputado del PP Luis Herrero, el director del periódico El Mundo, Pedro J. Ramírez, y la periodista Cayetana Álvarez de Toledo pidieron este martes al Parlamento Europeo que obligue a modificar la ley audiovisual de Cataluña porque, a su juicio, pone en riesgo la libertad de expresión. El presidente de esta comisión, el polaco Marcin Libicki, y los coordinadores de los distintos grupos políticos, decidirán este miércoles si proponen o no la admisión de la demanda al resto de diputados del órgano, que tomarán una decisión definitiva, en principio, el próximo 22 de febrero.
El parlamentario del PP Carlos Iturgaiz sostuvo que el Parlamento catalán "ha creado el Consejo Audiovisual con el único fin de cerrar una cadena de radio" y afirmó: "ya quisiera Goebbels haber ideado algo así", en referencia al ministro de Propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels.
Herrero recordó que la petición fue firmada inicialmente por 9 periodistas españoles, y ha sido secundada por las principales asociaciones profesionales europeas e internacionales, y por 700.000 ciudadanos." Es la iniciativa más popular jamás conocida en la historia de la UE", dijo el eurodiputado del PP, y por ello merece un "tratamiento especial" de las instituciones europeas. Por su parte, Pedro J. pidió "el amparo y el apoyo del Parlamento Europeo" frente a lo que consideran "un proceso de grave vulneración de la libertad de expresión por parte de las instituciones de la comunidad autónoma de Cataluña".
El director de El Mundo subrayó además que, desde que se presentó la queja por la no renovación de las licencias de la COPE a finales de 2005, han ocurrido "dos hechos de enorme gravedad" que acrecientan "los riesgos desde el punto de vista de la libertad de expresión": el dictamen del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) sobre la COPE, y la aprobación de la ley audiovisual catalana. Esta ley provoca "alarma, preocupación e indignación" porque otorga al CAC competencias para determinar la veracidad o no de las informaciones y contenidos de los medios, dijo Pedro J.
"No pedimos impunidad"
A su juicio, el concepto de veracidad debe seguir siendo competencia del poder judicial. "No pedimos ningún tipo de impunidad, ni para la COPE, ni para otros, estamos sometidos a la ley y al código penal", indicó. "Si el Parlamento Europeo toma posición y solicita la retirada o reforma de esa ley, la Generalitat no tendría más remedio que modificar la ley y retirar al Consejo Audiovisual estas competencias. Este es nuestro empeño y esperanza", concluyó el director de 'El Mundo'.
Cayetana Alvarez de Toledo denunció ante la comisión "la existencia de una operación política destinada a desposeer a la segunda cadena de radio más importante de España de todas sus emisoras en Cataluña", lo que supondría una violación del derecho a la libertad de expresión recogido en la legislación comunitaria. Sostuvo que la ley audiovisual autonómica que prevé tales atribuciones supone un "retroceso gravísimo" en la libertad de expresión en España y citó las críticas contra esta norma pronunciadas por el Comité Mundial por la Libertad de Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos o Reporteros sin Fronteras.
Tras la intervención de la periodista, tomó la palabra la socialista catalana María Badia, quien consideró que la comisión no debe admitir a trámite esta petición, pues se trata de una cuestión "sub judice" en la medida en que el Tribunal Supremo tiene aún que pronunciarse sobre las frecuencias restantes.
Por su parte, la secretaria general adjunta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Anabelle Arqui, señaló que en su organización están "muy sorprendidos e inquietos por el hecho de que una ley tan restrictiva se haya votado en un país europeo". RSF ha escrito al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, para que "enmiende la ley", y teme que el texto pueda servir de ejemplo al resto de comunidades autónomas españolas. Asimismo, Arqui advirtió de que la norma dará lugar a "recursos frecuentes" ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque "la legislación y la jurisprudencia europeas son mucho más favorables a la libertad de expresión que la ley catalana".
Tras la intervención de la periodista, tomó la palabra la socialista catalana María Badia, quien consideró que la comisión no debe admitir a trámite esta petición, pues se trata de una cuestión "sub judice" en la medida en que el Tribunal Supremo tiene aún que pronunciarse sobre las frecuencias restantes.
Por su parte, la secretaria general adjunta de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Anabelle Arqui, señaló que en su organización están "muy sorprendidos e inquietos por el hecho de que una ley tan restrictiva se haya votado en un país europeo". RSF ha escrito al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, para que "enmiende la ley", y teme que el texto pueda servir de ejemplo al resto de comunidades autónomas españolas. Asimismo, Arqui advirtió de que la norma dará lugar a "recursos frecuentes" ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque "la legislación y la jurisprudencia europeas son mucho más favorables a la libertad de expresión que la ley catalana".
La Generalidad niega que quiera cerrar la COPE
El Gobierno catalán, por su parte, negó cualquier intención de cerrar las emisoras de la cadena COPE y aseguró que está aplicando "de forma escrupulosa" la legalidad y las sentencias judiciales en este contencioso. "No entiendo que se mantenga esta guerra", dijo el director general de medios de la Generalidad, Santiago Ramentol, que subrayó que la COPE en ningún momento ha dejado de emitir. "Desde el Gobierno vamos a aplicar la ley. No queremos cerrar la COPE, no hay ninguna intención de cerrar la COPE", aseguró Ramentol aunque puntualizó: "No es cierto que hayamos cerrado ninguna emisora. Es más si hubiéramos querido, lo podríamos haber hecho, porque había sentencias que nos lo permitían".