LD (Europa Press) Esta pérdida de volumen de negocio se debe principalmente, según el análisis de Buesa, a la incidencia de violencia terrorista sobre las expectativas de los inversores, lo que da lugar a una rebaja de éstas y, por añadidura, a que la inversión productiva se sitúe debajo de su nivel potencial. Asimismo, explica el catedrático y presidente del Foro de Ermua, el terrorismo de ETA ha contribuido a que algunas empresas hayan decidido mudarse a otros territorios para desarrollar su actividad, lo que se conoce como deslocalización.
Este es uno de los tres puntos que analiza Buesa en su estudio y el más grave en cuanto a daño causado a la economía del País Vasco. Buesa llega a la conclusión de que, a pesar de que el País Vasco durante las cuatro décadas de existencia de ETA, ha logrado mantenerse dentro del grupo de regiones cuya renta por habitante excede del promedio nacional, eso no ha impedido que "haya rebajado su significación económica dentro del conjunto de España".
En este sentido, el catedrático afirma que, "al menos en parte, el menor crecimiento de la economía vasca ha podido ser compensado por una mejora en la economía de otras regiones, bien porque se han beneficiado de la deslocalización de actividades desde el País Vasco, bien porque han aprovechado las oportunidades dejadas de lado por los empresarios vascos".
En el mismo estudio, Buesa ha evaluado los daños causados "directamente" por la actividad terrorista sobre personas y bienes, a lo que hay que añadir los costes de la Administración en seguridad para los amenazados por la banda terrorista. Los cálculos de Mikel Buesa cifran en 671,07 millones de euros de pérdidas anuales este concepto, aunque reconoce que puede darse un "pequeño" error a la baja del coste impuesto por ETA en este apartado.
En tercer lugar, el catedrático de Economía en la Universidad Complutense ha evaluado los costes de lo que denomina "economía depredadora", en unos casos con actividades de carácter delictivo y, en otros, de apariencia legal. Esos recursos se han valorado, tomando como referencia precios constantes de 2002, en 23,64 millones de euros de media anual. De ellos, alrededor del 90 por ciento se han extraído de la región y el resto de otras partes de España o de otros países. En conclusión, esta "economía depredadora" le ha costado al País Vasco un 0,05 por ciento de su PIB.
Subvenciones públicas a ETA
Buesa hace un aparte en las fuentes de financiación de la organización terrorista, que le ha supuesto un ingreso de 23,9 millones de euros anuales en la década que va de 1993 a 2002, de los cuales, 12,8 millones de euros procedieron de subvenciones públicas otorgadas a Batasuna y otras asociaciones, ya fuera por parte del Gobierno vasco, la Cámara de Vitoria o la Unión Europea.
Para realizar este cálculo, Buesa tomó como entidades beneficiarias a Batasuna, la coordinadora de alfabetización del euskera AEK, el diario "Euskaldunon Egunkaria", la Fundación Elkargintza Elkarlanean y Udalbiltza Kursaal, todas ellas inmersas en sumarios abiertos en la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con el entramado etarra. En total, las subvenciones suponen el 53,5 por ciento de lo ingresado por ETA en esos años. En cuanto a las subvenciones a presos de ETA y sus familiares, entre Gobierno vasco y ayuntamientos, las ayudas desde 2003 ascienden a 583.400 euros. El pasado año, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe otorgó en este concepto 178.400 euros.
En el capítulo de instituciones subvencionadoras, el primer puesto lo ocupa el Gobierno vasco, con el 66,6 por ciento, seguido de la Unión Europea, que otorgó el 17 por ciento del dinero recibido anualmente por el entramado de ETA en subvenciones, sobre todo a Udalbiltza-Kursaal. Las corporaciones locales, principalmente los ayuntamientos, otorgaron un 10,7 por ciento, las empresas públicas un 2,9 por ciento, el Parlamento vasco un 2,5, y el Parlamento español, un 0,3 por ciento, hasta que los diputados electos de Herri Batasuna dejaron de percibir sus sueldos y otras asignaciones.