LD (Europa Press) Para evitar que el presidente del Tribunal, Bo Vesterdorf, imponga medidas cautelares, Gas Natural ofreció el compromiso de no retirar el recurso de Endesa ante la justicia europea antes del 15 de junio, para dar tiempo a que se dicte la sentencia definitiva. De esta forma, se comprometía a no adquirir el control efectivo sobre la eléctrica hasta esta fecha. La propuesta estaba condicionada a que Endesa retirara la petición de medidas cautelares.
Tanto la Comisión como el Gobierno español estimaron "útil" esta oferta. Sin embargo, tras una reunión a puerta cerrada de las partes con Vesterdorf, la eléctrica la rechazó. Aunque sus abogados declinaron dar explicaciones sobre esta negativa, otras fuentes próximas al caso señalaron que el argumento esgrimido por Endesa fue que causaría "incertidumbre" que no se sepa quien controla la empresa o que haya una dirección con un consejo de administración hostil. Al final de la vista, el presidente del Tribunal aseguró que dictará el auto sobre medidas cautelares "lo antes posible".
Durante la vista, el abogado de Endesa, James Flynn, pidió la "suspensión inmediata" de la decisión de la Comisión de dejar en manos de Madrid el examen de la OPA hasta que el Tribunal de la UE decida sobre la sustancia del caso. Además, reclamó que el Ejecutivo comunitario se dirija a las autoridades españolas para exigirles que paralicen el trámite de la operación.
La eléctrica negó que su recurso a la jurisdicción europea se base en que cree que el Gobierno español autorizará la operación y que Bruselas la bloquearía, y dijo que las medidas cautelares son necesarias porque de lo contrario sus accionistas decidirán si aceptan o no la OPA con "fundamentos falsos", ya que pensarán que la van a aprobar las autoridades españolas, mientras que el Tribunal puede sentenciar que la jurisdicción competente es la UE.
Asimismo, Endesa aseguró que no es posible esperar a la sentencia definitiva del TUE porque el Consejo de Ministros decidirá antes del 5 de febrero si autoriza o no la OPA. Flynn señaló que, de las declaraciones de los miembros del Gobierno, se deduce que se le dará el visto bueno, y por tanto existe un "riesgo claro de un daño inminente que debe ser descrito como grave y que en la práctica será irreversible". El daño irreversible más claro, según el abogado, sería la venta de parte de sus activos a Iberdrola.
Por su parte, el representante legal de la Comisión Europea, Eric Gippini, señaló que el Ejecutivo comunitario está "muy preocupado" sobre este asunto porque puede sentar un "precedente" que haga que cualquier compañía no satisfecha con una OPA hostil abra un "frente comunitario" para retrasar la operación y sembrar "dudas o incertidumbre", destruyendo el sistema de control de fusiones de la UE. A su juicio, el caso de Endesa es "muy desesperado" y sus perspectivas de éxito son "escasísimas o nulas". Bruselas tomó su decisión en función de los "fríos números" que aparecen en las cuentas oficiales y la eléctrica se ha embarcado en una operación para "hacer creer que tienen que desaparecer 4.000 millones de euros de sus cuentas en España".
En representación del Gobierno español, Nuria Díez Herraz, subrayó que "no cabe duda que la operación no tiene dimensión comunitaria" y por eso Madrid defiende la "competencia de las autoridades nacionales". En su opinión, se produciría una "quiebra de la seguridad jurídica" si las empresas instrumentalizan a la Comisión y al Tribunal de la UE para buscar el foro que entienden que puede beneficiar más a sus intereses. Tampoco existe urgencia para dictar medidas cautelares porque desde el punto de vista del Gobierno la operación no se habrá completado antes de "mediados o finales de mayo". Además, según dijo la concesión de las medidas cautelares representaría un "grave perjuicio" tanto para España como para la Comisión Europea. Además, la OPA exige "celeridad" y "seguridad jurídica" que quedarían en riesgo con las medidas cautelares.
El presidente del Tribunal se refirió a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la necesidad de que existan empresas nacionales fuertes, y preguntó a Díez Herraz si la decisión de España sobre la OPA se basará en cuestiones de competencia o tendrá en cuenta "otros elementos" como el interés general o los intereses de los trabajadores. En ese momento intervino la directora general de Defensa de la Competencia, Nadia Calviño, que subrayó que la decisión del Gobierno está sujeta a un "control minucioso" del Tribunal Supremo y sólo puede apartarse del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia si se argumenta la diferencia.