Fuentes jurídicas informaron de que en enero de 1989 la viuda y los huérfanos de Baglietto presentaron un escrito a la Sala en el que pedían que se pagase la responsabilidad civil con los bienes incautados a ETA, especialmente en Francia.
Finalmente, la familia cobró en septiembre de 2000 una indemnización del Estado a través del Ministerio de Interior, de acuerdo con la Ley de Solidaridad. Pilar Elías recibió entonces cerca de 72.000 euros (unos 12 millones de pesetas) y cada uno de sus hijos unos 42.000 euros (7 millones de pesetas). Por ello, de ser embargados los bienes de los etarras, el dinero iría a parar al Estado por haber asumido el coste de las indemnizaciones. La Sala de lo Penal reclamó el 28 de diciembre las piezas de responsabilidad civil de los dos etarras, archivadas en Alcalá de Henares (Madrid) desde septiembre de 2003 en el caso de Azpiazu y desde agosto de 2004 en el de Zuazolazigorraga.
Se da la circunstancia de que ni Aspiazu ni Zuazolazigorraga pagaron la indemnización a la que fueron condenados, porque ambos se declararon insolventes. El 16 de septiembre de 2003 el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Siro García, dictó una providencia en la que archivó la ejecutoria de la responsabilidad civil de Azpiazu, con el informe favorable de la Fiscalía. No obstante, fuentes fiscales consideran que este archivo era provisional a la espera de que el condenado mejorara su situación económica de forma que pudiera hacer frente a sus responsabilidades.
El pasado día 2 de enero la fiscalía pidió el embargo de las cuentas bancarias y de los bienes inmuebles que puedan estar a nombre de Cándido Azpiazu, condenado en noviembre de 1981 a 49 años de cárcel por haber asesinado en nombre de ETA al empresario Ramón Baglietto, para que haga frente a la responsabilidad civil por valor de 12,6 millones de pesetas que se le impuso en la citada sentencia y que nunca pagó al ser declarado insolvente. Además, se da la circunstancia de que, la obligación de tener que indemnizar a la víctima no prescribe, según apuntaron fuentes jurídicas.
Además del embargo de bienes, el que Azpiazu abriera una cristalería debajo de la vivienda de Pilar Elías motivó que el alto comisionado de Apoyo a las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, pidiera a los fiscales que solicitaran para los terroristas, además de penas de prisión, medidas de alejamiento de sus víctimas. El 30 de diciembre de 2005 la Audiencia Nacional impuso esta medida a Diego López de Arcaute, uno de los asesinos del parlamentario socialista Fernando Buesa.
Ramón Baglietto salvó la vida de Azpiazu cuando era niño, al rescatarlo de los brazos de su madre, quien fue atropellada por un camión junto con otro de sus hijos. 18 años más tarde, Azpiazu asesinó a Baglietto. La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional le condenó a 49 años y dos meses de cárcel, aunque salió de prisión en 1995 al serle aplicadas las redencias de condena previstas en el Código Penal de 1973, vigente cuando cometió el crimen.