L D (Europa Press) El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco expresa su opinión sobre la reforma judicial del Gobierno en un artículo publicado en la revista jurídica Réplica y Dúplica, donde duda de la "constitucionalidad del juez de proximidad". García afirma que la llamada Justicia de proximidad "oculta, bajo una denominación atractiva y en gran medida demagógica, una Justicia sin garantía de independencia, con jueces indirectamente designados por los ayuntamientos, sin garantías de inamovilidad, al estar contratados por plazos y sin preparación técnica".
El magistrado recuerda que los jueces de proximidad "no son más que licenciados en derecho con seis años de experiencia como juristas, ahora ni siquiera de reconocido prestigio". Asimismo, critica que el modelo previsto en el proyecto de Ley "resulta manifiestamente desigual por asimétrico y no aproxima la Justicia al ciudadano ni mejora la protección de sus derechos y libertades". A su juicio, ello no contribuirá a la proximidad al ciudadano de la Justicia porque "el Poder Judicial es el más descentralizado y cercano al ciudadano de los tres poderes del Estado". "En cada partido judicial hay un juez independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la Ley", añade.
Antonio García señala que tampoco mejora la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos ni contribuye a la mayor eficacia de la Justicia porque "se limita a sustituir, por razones netamente políticas, jueces técnicos por jueces de extracción municipal". En este sentido, reprocha "el olvido" que supone "de los principios de mérito y capacidad, y de igualdad de todos ante la Ley, provocando la discriminación entre los ciudadanos y volviendo la espalda a lo que son condiciones indispensables de un juez en una sociedad moderna: independencia, formación técnica y cualificación jurídica objetivamente contrastadas".
"Esperamos que la sensatez prevalezca y se imponga finalmente el sentido común. Aún queda tiempo para abandonar definitivamente un modelo que en nada contribuye a la mejora de la Justicia, en el que los jueces no pasan de ser funcionarios municipales con toga y cuya finalidad es constituir un cuerpo paralelo de base autonómica y local, y lo que aún resulta más reprobable, de clara factura política", apunta. Para el portavoz de la APM, esta reforma "ni sirve ni responde a los intereses generales, no comportará mejora significativa alguna, ni redundará en una Justicia más próxima al ciudadano, de más calidad y mayor rapidez".