(Libertad Digital) José Domingo lo que denuncia es básicamente que el tripartito hace ingeniería social, que impone una identidad única y obligatoria para catalanes de primera y de segunda. “Se trata de que el que no es nacionalista en Cataluña no tiene voz en la calle, porque la calle tiene que adaptarse al modelo riguroso de identidad obligatoria nacionalista que ha sido diseñado por determinados políticos” ha declarado el vicepresidente de la Asociación por la tolerancia.
Así, ha explicado a la cadena COPE que "si te defines como catalán no nacionalista o te defines sencillamente como español en Cataluña pasas a dejar de ser catalán. Y esto nos pasa a gente que nacimos aquí, que hablamos catalán y consecuencia tenemos con toda normalidad una doble identidad, una identidad plural". Además, José Domingo señala que bajo el manto y bajo la venda del nacionalismo el tripartito está engañando a los catalanes, les está robando y privando de derechos fundamentales.
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ya afirmó que Cataluña, con el tripartito, vive un clima "intolerable" de falta de libertad, de persecución y criminalización de ideas, de presión, de amenaza y de chantaje. "Esto es lo que nos han traído los nuevos tiempos", sentenció. Zaplana recordó también la sentencia que obliga a la Generalidad a preguntar a los alumnos, de hasta ocho años, su lengua habitual para que puedan ser formados en ella, cosa que antes no se hacía.
Eduardo Zaplana expresó públicamente su a poyo a quienes se oponen a una visión excluyente de lo catalán: "me parece muy bien que siga habiendo colectivos que sigan defendiendo las libertades ciudadanas y los derechos de las personas por encima de cualquier otro credo o posición política".
La Generalidad, contra las empresas que no utilizan el catalán
Y es que en los últimos seis meses, el departamento de Comercio de la Generalidad de Cataluña y las cinco oficinas de "garantías lingüísticas" han recibido un millar de reclamaciones contra comercios que incumplen una ley que dictó Jordi Puyol en 1998 y que obliga a los comercios a atender a sus clientes en catalán o a atender a sus clientes en catalán o a tener rótulos e información en este idioma. Por lo que la Generalidad ha recaudado algo más de 80.000 euros. Además de las denuncias anónimas, también se llevan a cabo inspecciones, que se han disparado un 400 por ciento.
Por otra parte, existe una "Coordinadora de Asociaciones por la Lengua" que, a través de su página web, propone una campaña de persecución y denuncia a los comerciantes que no utilicen el catalán en su razón social.